Por Eduardo Castilla ***
Mientras la inmensa mayoría de la población es asaltada por los continuos tarifazos, la empresa liderada por Paolo Rocca reclama mantener sus inmensos privilegios. La gestión macrista busca los recursos para garantizar los onerosos pagos de la deuda pública.
Apenas 48 horas transcurrieron entre las buenas y las malas noticias. El martes la Comisión Nacional de Valores (CNV) recibió un informe del grupo Techint que anunciaba inversiones de Tenaris en Siberia. De la mano de la compañía rusa Severstal, una de las empresas del imperio que dirige Paolo Rocca se apresta a invertir U$S 240 millones para producir tubos sin costura. Parece que mal no les va.
Este
jueves la bomba se descargó en el mismo lugar. Don Paolo lanzó munición
gruesa sobre la misma CNV, avisando la presentación de un recurso
jerárquico ante el Ministerio de Hacienda por los cambios de
interpretación de la Resolución 46/2017.
¿Qué implica este recurso jerárquico? Básicamente
apelar a Nicolás Dujovne, saltando por encima de Gustavo Lopetegui, el
hombre que anunció a Techint que los subsidios a la producción de gas
tienen techo.
En el comunicado que sembró el pánico en el mundo
de la política y los empresarios, Techint afirma que las modificaciones
configuran una “clara violación del Artículo 17 de la Constitución
Nacional, al afectar derechos adquiridos de la Sociedad que habían sido
reconocidos por la propia conducta del Estado”.
La amenaza suena fuerte. El
grupo capitalista más grande del país se despacha citando el artículo
destinado a salvaguardar la propiedad del gran empresariado. La
“inseguridad jurídica” inunda la portada de los diarios y las pantallas
de TV. El gobierno de los CEO desciende algunos escalones hacia el
infierno del temido “populismo”.
Sin embargo, por el momento, hay más ruido que agua en el río. El tono dramático parece exagerado. Fuentes del Grupo Techint señalaron a La Izquierda Diario que en lo inmediato no habrá novedades en el terreno judicial. El recurso administrativo -sumado al enorme lobby de la corporación mediática y otros sectores empresarios- funcionará como palanca de presión.
Esto no significa menospreciar la disputa de
fondo. Las cifras son más que exorbitantes, difíciles de mensurar para
el ciudadano o la ciudadana de a pie, que mira con espanto las boletas
de gas que llegan a sus domicilios.
¿Pérdidas?
Según
las investigadoras Cecilia Graschinsky y Lara Bersten -del Centro CIPE
(Centro de Investigaciones en Política Energética)- la modificación
gubernamental solo afecta a Tecpetrol, la única empresa que superó la
producción prevista en el plan original de inversiones. “El resto viene produciendo (hasta ahora) en línea o por debajo de su plan de inversiones”, agregan en diálogo con este medio.
Aclaran, además, que “no existe pérdida real para Tecpetrol, en términos de lo que pensaban ganar por la inversión realizada. Si el gobierno decide poner el tope en lo señalado dentro del plan presentado por la empresa para su inclusión en el programa, estaría ganando lo previsto”.
Nicolás
Gandini lo confirma. El director de EconoJournal y periodista
especializado en temas de energía, petróleo y minería, comenta “Tecpetrol dejó de ganar, pero no pierde”.
El éxito que Techint logró en Vaca Muerta se explica por la enorme productividad de los pozos. “Esperaban un rendimiento de alrededor de 250.000 metros cúbicos diarios (MMm3/día) y se encontraron con pozos que rinden 450.000 MMm3/día o más”, comenta a este cronista.
La
empresa que tiene su sede legal en el pequeño Gran Ducado de Luxemburgo
halló una suerte de oasis petrolero. Así logró alcanzar una producción
superior a los 17 millones de MMm3/día, cifra que casi duplica lo
estimado inicialmente.
La
decisión del gobierno termina estableciendo un límite a la renta
petrolera extraordinaria que estaba obteniendo Tecpetrol a partir de la
combinación entre la enorme productividad de los pozos y los subsidios
estatales.
El pasado 30 de enero, en una primera nota enviada
a la CNV, el Grupo Techint puso sobre la mesa los números de aquello
que dejará de ganar. “El cambio de criterio (…) implica hasta septiembre
2018 un menor pago de $1.994 millones y, si se mantuviera para todo
2018, el impacto ascendería a $5.655 millones”, lamenta el comunicado.
Daños colaterales
La
decisión gubernamental sobre la Resolución 46/2017 está escrita en
Washington, en las oficinas del FMI. Es, como toda la política oficial, parte del andamiaje de ajuste para garantizar los pagos de la deuda pública y los dólares para los grandes especuladores.
La decisión de Lopetegui y Dujovne va en línea con la declamada reducción del déficit fiscal. Ilustra, señalemos, los límites del momento actual a la hora de garantizar ganancias para el conjunto de la clase capitalista.
A pesar de la verborragia desplegada, el reclamo de Techint no es el de una víctima. La empresa liderada por Paolo Rocca solo exige el derecho a seguir recibiendo ingentes beneficios por parte del Estado mientras logra una rentabilidad extraordinaria.
Esta pelea de gigantes no deja
de tener daños colaterales. Los más directos -y los primeros en verse-
son los que caen sobre los trabajadores petroleros que desempeñan tareas
en Vaca Muerta. Allí ya arreciaron 300 suspensiones, que Tecpetrol amenaza convertir en despidos.
La masiva asamblea convocada por Guillermo Pereyra el pasado martes, funcionó como mecanismo de presión en la interna entre el gobierno y Techint. Estuvo
lejos, sin embargo, de definir medidas de lucha que garanticen la
defensa efectiva de los puestos de trabajo. Se entiende. El
eternizado dirigente sindical estuvo primero en la fila para firmar la
flexibilización de condiciones laborales para sus afiliados. Parte del “milagro” de Vaca Muerta encuentra allí su explicación.
Para las mayorías populares de la Argentina, la disputa entre el gobierno y Techint aparece como un asunto ajeno, lejano. Si para Don Paolo la cuestión del gas se liga a los millonarios subsidios recibidos, para la casi totalidad de la población se vincula indisolublemente a los tarifazos que castigan su nivel de vida.
En octubre de 2018 se estimaba que el aumento promedio en la tarifa de los usuarios residenciales había alcanzado un extraordinario 1.848 % desde diciembre de 2015. Un porcentaje exorbitante que emparda subas en rubros como la electricidad. Las próximas horas serán testigos de un nuevo aumento, que rondará el 35 %. Otro golpe al bolsillo popular.
La propuesta de nacionalizar el conjunto del sistema energético bajo gestión de los trabajadores y de técnicos –reiteradamente planteada por el Frente de Izquierda- apunta a liquidar una estructura que garantiza ganancias siderales al empresariado, mientras destroza los ingresos de la población trabajadora.
Irracionalidad capitalista
La
Argentina menemista significó la irrupción de las privatizaciones y un
mayor hundimiento del conjunto del sistema energético. Las décadas
siguientes, más allá del signo político gobernante, significaron la
continuidad de un esquema basado en el desguace y la desinversión.
La gestión cambiemita, de la mano de durísimos tarifazos, intentó una «normalización», luego de años de un congelamiento parcial. Sin embargo, bajo la crisis que empujó a los acuerdos con el FMI, esa política se estrelló contra un muro. Las tensiones creadas fueron las que produjeron la eyección de Aranguren y, posteriormente, de Iguacel. Aunque las petroleras y las empresas ligadas a la energía estuvieron y siguen estando entre las ganadoras del ciclo macrista, la nueva situación empujó al gobierno a algunos (muy moderados) límites.
La disputa entre Techint y el Gobierno gira alrededor de a qué manos capitalistas irán cuantiosos recursos del Estado. Si a las de Don Paolo y familia, o a las de los grandes especuladores que encarna el FMI. Mientras tanto, para la población trabajadora, continúa la dura gimnasia de los tarifazos.
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