En diciembre de 2018 se cumplió un año de mesas interinsititucional, negociaciones, consenso, entre la Defensoría del Pueblo, el Ministerio de DDHH, el diputado Gervasoni, vecinos e instituciones (SAMSA, IMAS; EPRAC, Energía de Misiones SA), las escasas veces que asisitieron,por la problemática del agua y la luz. Se sucedieron numerosas mesas de diálogo que arrojaron algunas soluciones momentáneas, pero que no lograron resolver el problema coyuntural, de fondo.
Debido a esto y agotadas todas las instancias administrativas posibles, el día de la fecha, el Defensor del Pueblo Alberto Penayo acompañado por la Ministra de DDHH Lilia “Tiki” Marchesini, el diputado Roque Gervasoni y afectados de barrios de Posadas, presentó ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial n° 7 una MEDIDA CAUTELAR Y ACCIÓN DE AMPARO COLECTIVO, a fin de que sea la Justicia quien ordene a SAMSA la regularización del servicio de agua potable.
“Deben entender que es un DERECHO. Y que firmaron un contrato en donde se comprometieron a proveer el líquido, de una u otra forma” dijo Penayo y agregó “agotamos todas las instancias, por lo tanto ahora apelamos a la Justicia”.
A través de la medida, solicitaron además la elaboración de un plan de contingencia respecto a la provisión del líquido en conjunto con el IMAS, el EPRAC y Energía de Misiones SA. Y que se abstengan de facturar, a aquellos ciudadanos que no contaron con el agua potable durante este tiempo.
