Oct 23 2018

EXPERTOS DE LA REGIÓN PRESENTAN EXPERIENCIAS Y RECOMENDACIONES PARA AFRONTAR LA DESINFORMACIÓN EN CONTEXTOS ELECTORALES



Por OBSERVACOM – Observatorio Latinoamericano de Regulación Medios y Convergencia   ***

Representantes de organismos internacionales, de las plataformas de Internet, de la comunidad técnica, del campo periodístico y organizaciones de la sociedad civil coincidieron en que la desinformación es un problema en contextos electorales por la amenaza que representa para el funcionamiento de la democracia. Sin embargo, a la hora de pensar formas de abordar el fenómeno, las respuestas fueron múltiples.

Códigos de conducta de las plataformas, alfabetización mediática, agencias de chequeo de información, regulación estatal respetuosa de los derechos humanos pero que también contenga principios económicos, fueron algunas de las soluciones propuestas por los participantes de la Conferencia Internacional sobre “Desinformación en la era digital y su impacto en la libertad de expresión y los procesos electorales de la región”, que se llevó a cabo en Montevideo (Uruguay) el 16 de octubre, organizada por la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la oficina de UNESCO en Montevideo, la Fundación Friedrich Ebert en Uruguay (FESUR) y OBSERVACOM.

La complejidad y múltiples facetas del concepto de “fake news” llevaron a que varios participantes vieran la necesidad de definir correctamente cuál es el fenómeno más grave y complejo a abordar. “El fenómeno de las fake news tiene la característica de ser desinformación deliberadamente falsa para engañar a una porción de la población con fines políticos y económicos… contaminan el proceso deliberativo en democracia, afectan la toma de decisiones, la circulación de información y obligan a los medios tradicionales a chequear la información, pero la velocidad de la información es tanta que el trabajo manual es insignificante”, aseguró Edison Lanza, Relator Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH.

Advirtiendo que no debe ser la única solución al problema y que, además, puede presentar riesgos a la libertad de expresión, Lanza señaló que “Los principios válidos para regular la desinformación deben estar establecidos en una legislación, perseguir un objetivo legítimo y cumplir con el test de necesidad y proporcionalidad”, señaló Lanza en alusión a la Declaración Conjunta de 2017 sobre Libertad De Expresión y “Noticias Falsas” (“Fake News”), Desinformación Y Propaganda.

En relación a los medios de prensa tradicionales, Lanza dijo que el fenómeno de la desinformación, propaganda y noticias falsas genera una oportunidad para ellos de hacer una cobertura crítica y recuperar la credibilidad.

También se refirió a las plataformas: “Los intermediarios tienen responsabilidades con los derechos humanos”, afirmó el Relator de CIDH, por lo que tienen que tener “transparencia sobre manejo de la información en las redes, transparencia en el uso de los algoritmos, invertir en soluciones tecnológicas, y en modelos de publicidad que incentiven mayor diversidad y pluralismo”.

En la misma línea, Guilherme Canela, Consejero de Información y Comunicación para América del Sur de UNESCO, planteó que “las brutales asimetrías de información llevan a asimetrías de poder y la capacidad de los intermediarios de generar censura privada”. Además explicó que “la lógica de los algoritmos genera burbujas, lo que es un riesgo para las democracias porque no hay opiniones contrarias”.

En sintonía con Edison Lanza y varios de los participantes, afirmó que “la regulación estatal no es el mejor camino para los contenidos por los riesgos que implica para la libertad de expresión” por lo que planteó que “sin alfabetización mediática informacional no vamos a lograr abordar la desinformación”.

El ex Presidente de la Corte Suprema de Uruguay y recientemente electo Juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Ricardo Pérez Manrique, señaló que no cree “en regulaciones que afecten a la libertad de expresión, pero sí creo que es posible hacer cosas… éste [la desinformación] es un tema de derechos humanos, los países tienen que garantizar la libertad del sufragio sin afectar otras libertades”.

Manrique explicó que “el gran negocio es el de los datos” y señaló que “tendría que haber un pacto ético en el tema electoral sobre el uso de los datos”. Por último, instó a “crear un grupo de expertos a nivel interamericano para proponer ideas [para abordar el tema de la desinformación] cuanto antes”.

Desde la perspectiva de las empresas tecnológicas, Adela Goberna, analista de políticas de la Asociación Latinoamericana de Internet (ALAI) planteó que se deben buscar “soluciones prácticas” para combatir la desinformación. “Hay soluciones que pueden llevarse a la práctica de forma rápida, sin dejar de lado la regulación, la cual debe acompañar los procesos de innovación y de cambio. Un ejemplo de esto son las agencias de chequeo de información, señaló.

Goberna consideró “fundamental crear capacidades en el usuario cuando hablamos de campañas de desinformación; capacidades para que el usuario sepa qué es verdadero y qué es falso, a través de distintas herramientas y a través de su propio juicio de valor”. También indicó que las soluciones para las campañas de desinformación deben buscarse desde una perspectiva de múltiples partes interesadas.

Por su parte, desde la comunidad técnica de Internet, Mauro Ríos del Capítulo de Uruguay de la Internet Society (ISOC) explicó que las noticias falsas “se generan en laboratorios” a partir de información que uno mismo hace pública, y que los medios las replican. Aseguró que los medios de prensa “son muy ingenuos” y que “no tienen solución para esto”.

Ríos señaló que si históricamente se hablaba del rol de los Estados, luego de Cambridge Analytica quedó evidenciado que “los privados también son los malos de la película”. “Las fake news son un tema complejo pero hay que abordarlo porque está en juego la democracia”, concluyó.

Desde el rol del periodismo, Lucas Silva del periódico La Diaria de Uruguay, retomó el planteo de Lanza y señaló que las campañas de desinformación “nos dan la oportunidad a los periodistas de recuperar la credibilidad que perdimos”. Destacó el rol de los periodistas en el proceso de verificación de las noticias y la importancia de que “los medios se involucren en sentido amplio y plural”.

María Paz Canales de la organización chilena Derechos Digitales, hizo hincapié en el rol económico de la circulación de información en las plataformas. “Las noticias falsas son alimentadas por un fenómenos económico, además del set de derechos humanos, las soluciones tienen que incluir el aspecto económico”, sentenció.

Explicó que “las plataformas adquieren dimensión pública y deberíamos preguntarnos por las soluciones regulatorias para garantizar reglas sobre lo que circula en la esfera pública”. En este sentido, aseguró que es necesario “mejorar la transparencia en la circulación de información para que el ciudadano tenga el contexto sobre el lugar ideológico de la información”.

Por su parte, Danya Centeno de R3D de México, contó la experiencia de la campaña “Rompe la Cadena” que la organización realizó con motivo del proceso electoral en México, para verificar las informaciones que se difundían por las cadenas de Whatsapp. “De 433 cadenas recibidas de abril a agosto, se verificaron 116, sobre las cuales hubo 224 clicks en los links de la información verificada, lo cual comprueba que generó interés de la gente”, señaló Centeno.

Explicó que en el proceso fue posible identificar algunos rasgos comunes de la información que circulaba por Whatsapp. Por ejemplo, que las cadenas estaban construidas en primera persona por un servidor público; que no tenían soporte documental; que generalmente se decía que se difundía por el interés de informar o manifestando preocupación por la situación del país; y que se utilizaba un referente de prestigio (cita de autoridad).

Iara Moura, de Intervozes de Brasil, planteó que el fenómeno de la desinformación encuentra un punto de partida “en el escenario de concentración de medios tradicionales y digitales, que crea las condiciones ideales para que se reproduzca fácilmente la desinformación y la manipulación de información” y destacó el rol de la alfabetización digital para “ser productores de información” y robustecer el debate público.

Crítica con el papel de las corporaciones tecnológicas en este tema, entendió que “las plataformas se empoderaron al punto de remover o disminuir la circulación de ciertas informaciones… ¿Quiénes son las empresas privadas para definir qué circula y qué no?”, se preguntó.

 

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