El despacho del diputado Jair Bolsonaro está decorado con las fotos de los cinco generales que ocuparon la presidencia de Brasil durante la dictadura militar (1964-1985). El excapitán del ejército tiene todos los números para lograr que los principios castrenses regresen al palacio de Planalto de Brasilia, esta vez por la vía democrática. Junto a Bolsonaro, asumiría como vicepresidente el general en la reserva Hamilton Mourão. Más de tres décadas después, los militares están listos para regresar al poder con el apoyo mayoritario de la población.El fenómeno Bolsonaro impulsó un millar de candidaturas a gobernadores o legisladores federales y regionales en los comicios del pasado domingo, de los que más de ochenta consiguieron su objetivo o pueden lograrlo en la segunda vuelta del 28 de octubre, en que el ultraderechista del Partido Social Liberal (PSL) lidera las encuestas para la presidencia, con el 58% de intención de voto, ante el candidato del Partido de los Trabajadores (PT), Fernando Haddad, con el 42%.
Tras Bolsonaro y Mourão, el cargo más relevante en liza que podría ser ocupado por un militar es el de gobernador de Río de Janeiro, donde el exjuez y exinfante de Marina Wilson Witzel sorprendió al ganar la primera vuelta con el 41% frente al exalcalde carioca Eduardo Paes (19%). Witzel es un férreo partidario de la militarización de las favelas para luchar contra el narcotráfico y la delincuencia, una de las banderas, junto a la lucha contra la corrupción, que han llevado a los brasileños a confiar en los soldados para sacar al país de la crisis.
Además, dos excomandantes y miembros del PSL competirán en segunda vuelta para gobernar los estados de Rondonia y Santa Caterina. Con relación a las elecciones del 2014, se ha cuadruplicado el número de políticos electos declarados militares. En el Parlamento federal, dos nuevos senadores y 22 diputados responden a esta condición, mientras que cerca de sesenta legisladores de pasado castrense tendrán cabida en las cámaras de los distintos estados.
Los militares, erigidos el siglo pasado en “salvapatrias” por la fuerza, se sienten ahora con el aval de la población para poner orden. Con casi el 80% de simpatía, las fuerzas armadas figuran en los sondeos como la institución más respetada de Brasil, ante la desconfianza en los partidos, el Parlamento, la presidencia o el poder judicial. En las protestas que destaparon el malestar popular desde el 2013, intensificadas a partir del año siguiente por la corrupción en Petrobras, era común ver carteles donde algunos manifestantes pedían un golpe de Estado.
En estos años, varios altos mandos en activo perdieron los complejos y, además de reivindicar la dictadura, insinuaron una intervención armada. Entre ellos, el propio general Mourão, que precisamente entró en la reserva a finales del año pasado tras criticar la Constitución y al gobierno. “O las instituciones solucionan el problema político por la acción de la justicia, retirando de la vida pública a esos elementos envueltos en delitos, o entonces nosotros tendremos que imponerlo”, dijo Mourão en una conferencia en septiembre del 2017, cuando hizo afirmaciones ultraderechistas, como que los ciudadanos tienen muchos derechos y pocas obligaciones.
Ya en el 2015, la entonces presidenta, Dilma Rousseff, había cesado a Mourão como comandante de la región sur y ordenado su traslado a un cargo burocrático en el Ministerio de Defensa, tras proferir declaraciones antidemocráticas en otra charla. “La mayoría de los políticos de hoy parecen privados de atributos intelectuales propios y de ideologías, mientras dominan la técnica de presentar grandes ilusiones que llevan a los electores a pensar que son las necesidades reales de la sociedad”, aseguró el general.
En su despedida, en febrero, Mourão no sólo no rectificó sino que aumentó la apuesta, exaltando implícitamente la tortura al calificar de “héroe” al coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, fallecido en el 2015. Apodado Doctor Tibiriçá, Ustra fue jefe de inteligencia del ejército en São Paulo bajo la dictadura y responsable del mayor centro de tortura, por donde pasaron la guerrillera Rousseff y parte de los 434 opositores asesinados. A Ustra dedicó Bolsonaro su voto como diputado durante el impeachment contra la presidenta Rousseff en el 2016.
Una vez cesado y antes de ser elegido por Bolsonaro como candidato a vicepresente, Mourão se convirtió en presidente del Club Militar, tras concurrir como único aspirante a la dirección de esta institución ultranacionalista en Río de Janeiro, aunque con influencia en todo Brasil. Controlado por oficiales en la reserva pero con ascendencia sobre todo el estamento castrense, el Club Militar tiene protagonismo en la política brasileña –hizo campaña para destituir a Rousseff– y ahora apoya a Bolsonaro.
En un contexto de creciente influencia militar, incluso el comandante en jefe del ejército, general Eduardo Villas Bôas, se ha atrevido este año a presionar al poder judicial para evitar el retorno a la política del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva. Un día antes de que el Tribunal Supremo confirmara la condena a Lula por corrupción que finalmente le llevó a prisión, Villas Bôas tuiteó un mensaje donde, si bien manifestaba su “respeto a la Constitución”, indicaba que “el ejército brasileño juzga compartir el anhelo de todos los buenos ciudadanos de repudio a la impunidad”.
Tras el apuñalamiento de Bolsonaro el 6 de septiembre y de que el Tribunal Electoral confirmara que Lula no podría ser candidato, Villas Bôas cargó en una entrevista contra el ex mandatario y alertó de que si el PT insistía en alargar la postulación del ex sindicalista, se estaría “dificultando la estabilidad y la gobernabilidad del futuro gobierno y dividiendo aún más la sociedad”. Antes de confirmar a Haddad como sustituto de Lula en los comicios, el PT reaccionó duramente en un comunicado contra el jefe del ejército. “Es muy grave que un comandante con alta responsabilidad se arrogue interferir directamente en el proceso electoral, algo que las fuerzas armadas no hacían desde los sombríos tiempos de la dictadura”.
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