Por Elisa Brumaria ***
Prestaciones que no alcanzan, desinversión, desfinanciamiento y restricción al acceso de medicamentos y servicios. La política del ajuste en PAMI, mientras aparecen siempre nuevos negocios para laboratorios y empresas contratistas.
Las formas en las que se realiza el proceso de ajuste en el INSSJP (PAMI) son, a grandes rasgos, dos. Una, dejar todo como está, sin actualización de montos, insumos o presupuesto; la otra, denunciando una irregularidad en el otorgamiento de las prestaciones, cambiando los criterios de solitud de los mismos, haciendo más dificultoso el acceso o la renovación y reevaluando, entonces, caso por caso los pedidos.
Con estos mecanismos el gobierno pretende ir desfinanciando y recortando, silenciosa y gradualmente, la cantidad y calidad de las prestaciones.
Prestaciones bajas que se retrasan constantemente frente a la inflación
La primera modalidad la podemos observar en los subsidios sociales que se dan por vulnerabilidad económica y por atención a la dependencia. En los mismos no se actualizan los montos desde el 2008. Cabe enunciar cuáles son los valores mensuales, pues resultan irrisorios: Alquiler $ 650, alimentos $ 290, impuestos y servicios $ 90, expensas $ 200, acompañante terapéutico $ 2.400 y reinserción social para afiliados con trastorno de la autonomía $ 2.400. Para la atención a la dependencia y la fragilidad el monto del subsidio de cuidador/a domiciliario/a es de $870, y el de apoyo domiciliario específico de $ 2.400.
Con las viviendas propias pasa lo mismo. El INSSJP tiene complejos habitacionales, construidos en la década del ´80, con viviendas entregadas en comodato a personas afiliadas quienes viven ahí junto a sus familias. Hace décadas que no hay inversión adecuada para el acondicionamiento de las unidades funcionales, generando problemas edilicios que podrían tener consecuencias fatales (entre ellos, pérdidas de gas y problemas en las instalaciones eléctricas).
Esta situación es denunciada constantemente por les trabajadores del área, pero la respuesta es la desidia. Esto no es nuevo. La gestión Di Cesare, del gobierno anterior, abiertamente intentó por distintos mecanismos desentenderse de estos barrios.
En lo que tiene que ver con talleres en las universidades, como los cambios en el presupuesto destinado a los mismos no aumentaban a igual ritmo que la inflación, se quitó un mes del convenio, pasando de talleres cuatrimestrales a trimestrales.
Restricción de prestaciones y medicamentos
La segunda metodología del ajuste es similar a la que utilizó el gobierno para las pensiones no contributivas por discapacidad. Se saca a la luz el decreto de los noventa que tenía criterios restrictivos para otorgar ciertas prestaciones y se revén caso por caso, individualizando el reclamo.
Así sucedió con medicamentos con descuentos al 100 % por razones sociales. Los criterios se volvieron más excluyentes (percibir más de un haber y medio, tener más de un inmueble (dos o mas), una obra social prepaga, un auto menor a diez años de antiguedad, o embarcación o aeronave), haciendo que, quienes tenían que renovarlos o pedirlos por primera vez se enfrenten a una cantidad de trámites engorrosos, debiendo solicitar individualmente una evaluación social.
Quienes no estaban en condiciones físicas y psíquicas de enfrentar tanta burocracia quedaron fuera de la prestación. Esta fue la situación de 800.000 personas. El cambio no solo tuvo consecuencias sobre les afiliades, sino sobre les trabajdores del organismo, quienes se vieron desbodades por la suma de tareas.
También pasó con internación domiciliaria. Fue esta gestión la que impulsó el uso de la prestación, pero luego de un tiempo, cuando los números dejaron de cerrarles, se empezó a restringir el acceso. Ahora, sólo accederán al módulo de cuidadores quienes demuestren vulnerabilidad económica, generando nuevamente reclamos individualizados y colapso en los equipos sociales.
Pero más allá de las modalidades utilizadas, el denominador común es la falta de inversión en prestaciones y la desidia. Esto hace que la situación prestacional sea crítica, llegando a puntos lamentables como el del hospital Milstein ex Francés, que hace unas semanas estuvo al borde del cierre de distintos servicios por falta de insumos. El recorte llegó además, dificultando la atención de las personas afiliadas, pidiéndoles orden de derivación para utilizar los servicios, trámite que era innecesario para atenderse en dicho hospital.
Un ejemplo paradigmático de la atención que hoy tienen las personas afiliadas es Casa Médica. Esta es un modelo de prestación del BID que se aplicó como prueba piloto en la Ciudad de Buenos Aires, el cual pretendía centralizar la atención de les pacientes, pero no pudo ni siquiera con eso. Hoy por hoy las personas que se atienden en la misma deben ir de un edificio a otro para realizar todo el tratamiento.
PAMI: de quién y para quiénes
En conclusión, en una Institución donde más del 50 % de la población cobra la jubilación mínima y donde existe una extensa cantidad de personas con dependencia, las prestaciones no alcanzan para afrontar ninguno de estos problemas.
Esto se pone de manifiesto también en el incremento que está habiendo en la cantidad de demandas judiciales. Es notable cómo, quienes tienen herramientas, judicializan los pedidos de prestación, presentando amparos para obtener cobertura y buscar una solución individual (que puede durar años). Pero para quienes no pueden hacerlo sólo les resta acudir al cuidado y la ayuda de sus familias.
Las autoridades argumentan que hay que ahorrar, hay que controlar. También que el problema es que no hay presupuesto para cubrir las necesidades de más de cuatro millones de personas afiliadas (casi el 10% de la población total de la Argentina). La pregunta que surge es, si no alcanzan los ingresos del Instituto, ¿por qué una y otra vez nos enteramos de contrataciones millonarias y no así de la contraprestación que brindaron esas empresas? ¿por qué aumentaron la estructura creando cargos de Secretaría sobre los cargos de Gerencias ya vigentes? ¿por qué hicieron ingresar personas con letras más altas que lo que la carrera administrativa prevé para la tarea que realizan?
En relación a esto, nos surge otra duda. El Instituto acaba de anunciar con bombos y platillos que va a cambiar la forma de negociar con los laboratorios, ¿qué implicancias tiene este cambio y qué negocios hay detrás?
La desfinanciación también tiene consecuencias sobre les trabajadores del organismo. No sólo por la pérdida de poder adquisitivo que se viene dando año a año (la última paritaria cerró con un 13% de aumento), sino porque la seguridad en el trabajo no está garantizada. Recientemente tuvimos situaciones de riesgo laboral por un incendio. La falta de gas y edificios insalubres son moneda corriente. Más de una vez escuchamos que alguna persona afiliada le pegó a quien lo atendía por no recibir respuestas. Les compañeres, que son la cara del ajuste, se enferman. Saber que con las prestaciones no se puede hacer nada frente a las demandas justas de les afiliades tiene impactos en la salud.
PAMI siempre estuvo en la mira. Se fundó como un Instituto y no solamente una obra social. En su constitución estuvo prevista la atención de la salud, pero también las prestaciones sociales. Se financia enteramente por el aporte de la clase trabajadora: contribuyen los activos y los pasivos. Se pensó gestionada por un triunvirato formado por representantes de les trabajadores, les jubilades y el Estado.
Sin embargo, salvo raras excepciones, fue intervenido por los diferentes gobiernos. Esto hizo que se utilizara como una caja de prebenda política o negocios personales.
La Intervención actual anunció que en el 2019 se normalizará el PAMI, pero no dijo cómo. Sabemos que la única forma que tenga prestaciones acordes a las necesidades de la población afiliada es que sea gestionada por quienes la sostienen hace años y hacen uso de ella: les trabajadores y sus afiliades. Si esto no es así, ¿hasta dónde va a llegar este modelo privatista de desmantelamiento y desidia? ¿Cuántas vidas se cobrará?
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