Por OBSERVACOM – Observatorio Latinoamericano de Regulación Medios y Convergencia ***
¿Regular los servicios audiovisuales en Internet? Si, aunque con matices sobre cuál es la mejor aproximación para hacerlo. Esa fue la conclusión del Seminario Internacional “Servicios OTT audiovisuales en Internet ¿Regular o Desregular?”, que reunió a organismos reguladores de la región, expertos y representantes de asociaciones empresariales del sector en un debate organizado por OBSERVACOM junto con la Facultad de Información y Comunicación de la UDELAR y la Fundación Friedrich Ebert (FES), y el apoyo de la Oficina de UNESCO en Montevideo.
“Hay asimetrías regulatorias entre diferentes servicios, pero hay que abordarlas desde la perspectiva de derechos humanos. También es necesario regular los servicios OTT audiovisuales para mantener la protección de derechos de los usuarios y garantizar su ejercicio online”, aseguró Gustavo Gómez, Director Ejecutivo de OBSERVACOM.
En este sentido planteó que los servicios OTT audiovisuales no pueden estar por fuera de las leyes nacionales, siguiendo el criterio de que la jurisdicción aplicable es la del país donde se usa o consume el servicio. Asimismo, afirmó que “es preciso un enfoque regulatorio en función del servicio y no de la tecnología”, marcando el error en América Latina “de abordar la regulación como si todos los OTT fueran lo mismo” y con un objetivo simplemente recaudatorio.
De acuerdo a la propuesta presentada por OBSERVACOM en el evento, mientras que los servicios audiovisuales “lineales” (como IPTV o TV por streaming) podrían ser regulados siguiendo los criterios impuestos a la TV en otros soportes, los servicios de video on demand (VoD) deberían ser regulados de manera particular atendiendo a sus particularidades. En este sentido, la regulación debería incluir tres aspectos claves: reglas sobre publicidad; protección de niños, niñas y adolescentes, y la promoción a la producción nacional a través de cuotas de catálogo, prominencia para su visualización, y el establecimiento de un canon para el fondo audiovisual y exigencias de inversión en producción o coproducción nacional.
María Dolores Souza, Directora de Estudios y Relaciones Internacionales de la CNTV de Chile, comentó los resultados de encuestas realizadas a las audiencias sobre la regulación de los servicios audiovisuales en el país, destacando que “el 84% de los encuestados cree que se deben regular los contenidos polémicos en Internet y que debe ser un esfuerzo conjunto entre el Estado, las audiencias y las televisoras”. Souza planteó que, dado que cada vez más los jóvenes consumen contenidos a través de Internet, las políticas de comunicación deberían incluir a los nuevos formatos y el fomento a la participación ciudadana a través de un debate amplio.
“Los servicios VoD ya tienen un tamaño y fuerza suficiente de un mercado consolidado, el servicio ya tiene sus formas y su modelo de negocio… no solo los proveedores de VoD sino también las plataformas deben estar reguladas” y por tanto hace años que ya deberían haberse regulado, aseguró Manoel Rangel, quien fue Director de ANCINE en Brasil hasta inicios de 2017.
Desde su perspectiva, la regulación de este tipo de servicios debería contemplar, en primer lugar, la isonomía regulatoria con los demás servicios. “Eso no significa desregular lo que está regulado. Donde ya hay regulación es necesario poner la regulación también para VoD y los temas no tratados en los servicios tradicionales hay que ponerlos también ahí. Por ejemplo el estímulo a la competencia que no solo se pueden ser expost. En este sentido se puede pensar en las limitaciones a la propiedad cruzada”, explicó Rangel.
Otro de los puntos sobre los que enfatizó fue que las plataformas de VoD extranjeras que prestan servicios en el país deben obedecer a las leyes nacionales. También se refirió a la importancia de establecer mecanismos de contribución a los fondos nacionales audiovisuales, así como el establecimiento de obligaciones de producción local, de inversión directa en las producciones y visibilidad en los algoritmos. Por último planteó que “toda legislación debe tener incentivos para la pluralidad, la diversidad y la democracia, además del impulso económico a los países”.
En una posición distinta se expresó, Ernesto Orozco, miembro de la Junta Nacional de ANTV de Colombia, quien se mostró más escéptico sobre la necesidad de regular a los servicios audiovisuales en Internet. Señaló que “se debe regular para crecer, no para detener el desarrollo” y observó que los Tratados de Libre Comercio colocan límites a las formas de regulación a los servicios OTT que no pueden desconocerse
María Lizárraga, vicepresidente de la Plataforma de Reguladores Audiovisuales de Iberoamérica (PRAI) y titular de la Unidad de Medios y Contenidos Audiovisuales de Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) de México indicó que un aspecto clave para evaluar la necesidad de regulación es indagar sobre “la capacidad de sustitución de los servicios”. Planteó que los puntos a tener en cuenta a la hora de diseñar un marco legal para los servicios audiovisuales en Internet son: la competencia, la neutralidad de red; protección de las audiencias; protección de los usuarios (calidad de servicio); privacidad y protección de datos personales; cuotas de catálogo; tributación; y registro de proveedores.
Por su parte, para Nicolás Cendoya, Director de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicación (URSEC) de Uruguay: “cualquier regulación tiene que caminar hacia una mayor igualdad como horizonte”. Si bien la primera forma de regulación en la materia en el país ha sido por la vía tributaria, desde su perspectiva, “el fin de la tributación no es meramente recaudador sino tratar igualitariamente la generación de riqueza y es importante en materia de soberanía”.
Cendoya dejó dos planteos abiertos, por un lado, la amenaza que representa la negociación de tratados bilaterales y multilaterales de libre comercio y protección de inversiones para la regulación del audiovisual en Internet. Por el otro, señaló que la tradición europea de protección a las industrias culturales es una ventaja para tomar como referencia en la región pero se preguntó cómo aplicar el cupo de cuotas de catálogo para el desarrollo nacional en un país tan pequeño como Uruguay.
Además de los reguladores, el seminario también contó con la participación de distintas organizaciones empresarias del mundo de las telecomunicaciones, del audiovisual y de Internet, cuyo enfoque predominante fue el de la desregulación de los sectores tradicionales y el establecimiento de reglas flexibles para el entorno de Internet.
“Existe un desequilibrio regulatorio entre servicios similares… hay que corregirlo para que haya competencia”, aseguró Juan Andrés Lerena, Director General de la Asociación Internacional de Radiodifusión (AIR). Sin embargo, dijo que “no creemos que el camino sea llevar la regulación de la radio y la televisión a los servicios de Internet”. Planteó que, desde la perspectiva de AIR, la aproximación regulatoria adecuada sería flexibilizar los límites a la publicidad para la TV tradicional (que es su principal fuente de ingresos), deshacer las obligaciones sobre la transmisión de cadenas y aflojar la regulación sobre propiedad para “permitir a las estaciones nacionales tener mayor desarrollo frente a las empresas extranjeras”.
Desde el sector de Internet, Adela Goberna de la Asociación Latinoamericana de Internet (ALAI), señaló que la regulación de contenidos audiovisuales en Internet, así como la obligación de alojar contenidos en cada país o la obligación de licencias “puede generar que se ofrezcan menos contenidos” y amenazar el acceso a la cultura.
Goberna argumentó que la mejor solución es la desregulación para el fomento de la competencia y el crecimiento del ecosistema. “Hay que quitar las trabas de las regulaciones anteriores y crear el contexto para que las plataformas puedan jugar… que el usuario empoderado tenga la decisión final”, afirmó.
Con el aporte de la comunidad técnica, Mauro Ríos, Director de Internet Society (ISOC), Capítulo Uruguay, cuestionó lo que dio en llamar “regulación compulsiva” que, además, es anacrónica: “el problema es la regulación compulsiva… ¿hay que regular? Sí, pero en función de la evolución del mercado, no aplicar una regulación coercitiva”. Desde su perspectiva, la regulación tiene que ser cuidadosa de la neutralidad de red.
Desde las empresas telecomunicaciones, Andrés Sastre, Director de Cono Sur de la Asociación Iberoamericana de Empresas de Telecomunicaciones (ASIET) explicó que “la asimetría regulatoria [entre “telcos” y plataformas] distorsiona la competencia”. En este sentido indicó la necesidad de que se baje la carga regulatoria para las empresas de telecomunicaciones, que se exija el registro para todos los jugadores (incluidas las empresas de telecomunicaciones que hoy requieren una licencia para operar); eliminar los gravámenes específicos; aligerar los requerimientos de información; flexibilizar el control regulatorio sobre los contenidos y la publicidad; y analizar el impacto que la regulación tiene sobre el mercado.
Ana Bizberge, Editora de Contenidos de OBSERVACOM, hizo un recorrido por las distintas aproximaciones regulatorias que se han adoptado en la región sobre la regulación audiovisual en Internet. Explicó que si bien en Sudamérica predomina un enfoque tributario, es posible distinguir dos perspectivas: por un lado, la de países como Argentina, Colombia y Uruguay, que ampliaron el alcance del IVA a los servicios digitales, y que plantean una mirada que toma a los servicios audiovisuales como una mercancía más. Frente a esta mirada, el enfoque adoptado en Paraguay a través de la Ley de Cine, o las discusiones que se llevan a cabo en Brasil, aún cuando también ponen el foco en la cuestión impositiva, lo hacen pensando mecanismos para el fomento a la industria audiovisual nacional e independiente. Bizberge también aludió al proceso de reforma de la Directiva de Servicios de Comunicación Audiovisual en Europa, que plantea un marco de discusión más amplio, que excede los aspectos tributarios, para alcanzar también a los modelos de sustentabilidad de la industria, derechos (protección de menores y discurso de odio), diversidad y pluralismo, mecanismos de gobernanza, entre otras cuestiones.
