Por OBSERVACOM – Observatorio Latinoamricano de Regulación Medios y Convergencia ***
“Nos parece adecuado que se mantenga la reserva de espectro del 34% para el sector comunitario” y no sea incluido entre las modificaciones a la Ley Orgánica de Comunicaciones (LOC) que aprobará la Asamblea Nacional, afirmó el Relator para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Edison Lanza, durante la conferencia de prensa realizada en Ecuador al finalizar la visita oficial realizada entre el 20 y 24 de agosto por invitación del gobierno de Lenin Moreno.
Sin embargo, no piensa que deba ser así para el sector público (la LOC también establece una reserva de 22% parar medios estatales) pues “creemos que ahí el derecho internacional no establece la necesidad de una reserva para los medios públicos”.
“A la luz de la experiencia que ha vivido Ecuador hay que apostar a pocos medios públicos con muy buena calidad y con garantía de independencia y pluralismo y no a un concentración de medios públicos”, agregó.
En otros aspectos referidos al pluralismo y la diversidad, el Relator explicó que en la situación heredada no había control sobre los grupos que crecieron a través de testaferros así como que también había dificultades para acceder a espacios para el desarrollo de la actividad de la comunicación con seguridad jurídica.
En relación a los concursos de frecuencias de radio y TV que fuera anulados por la Contraloría, sostuvo que “hay un par de concursos cuyas frecuencias y fueron entregados los títulos habilitantes, hay dos tercios de las frecuencias que se han suspendido, entonces supongo que habrá abordajes diferentes para esas dos realidades”.
Asimismo, al ser consultado sobre la propuesta empresarial de renovar automáticamente todas las concesiones de radio y TV (incluso el 70% que ya han caducado), tomó distancia al afirmar que “nosotros siempre proponemos que el estándar es que las frecuencias sean otorgadas en concursos públicos y transparentes para los dos sectores, tanto para el sector comercial como el comunitario y, por lo tanto, decimos que tiene que haber una solución integral de salida a esta situación para que la agenda de un sector no prime sobre la de otro”. A este respecto expresó: “llamamos al gobierno y a distintos actores de la comunicación a no generar un nuevo episodio de polarización” e informó que desde la Relatoría se ofreció al gobierno ayuda internacional para desarrollo de una hoja de ruta en esta materia.
La aprobación por parte de la Asamblea Nacional de una norma transitoria en el marco de la reforma de la Ley Orgánica de Comunicaciones (LOC) para revisar la aplicación de sanciones por parte de la Superintendencia de Comunicación (SUPERCOM) fue una de las principales recomendaciones que incluyó en el informe preliminar presentado en la capital ecuatoriana.
En la apertura de la conferencia, Lanza destacó que el informe preliminar de la Relatoría “marca un punto de inflexión en la historia democrática de Ecuador en relación al sistema Interamericano”. Agregó que “es momento de transición entre un modelo autoritario a un espacio autónomo cívico y democrático donde pueda desarrollarse la prensa independiente pero también donde las organizaciones sociales puedan desarrollarse con independencia del gobierno”.
No obstante, para Lanza “de esta situación no se sale completamente si no hay una política amplia de reparación a las víctimas y la sociedad en general [de las violaciones de derechos humanos y, en particular, del derecho a la libertad de expresión]”.
El informe también tiene un capítulo sobre Internet y libertad de expresión donde, a juicio de Lanza “Ecuador está en foja cero”. Enfatizó en que se trata del país “con mayor bloqueo de cuentas de personas que hacen uso de la libertad de expresión para la crítica política, informar, etc a través de una política del anterior gobierno que utilizaba resquicios como la Ley de Propiedad Intelectual de Estados Unidos y de otro tipo de artilugios para bajar información que no debía ser bajada”. En este sentido, Lanza planteó dos recomendaciones, para los gobiernos, el desarrollo de políticas de seguridad digital y, para las plataformas, el desarrollo de políticas específicas para que los activistas cuyas cuentas fueron bloqueadas y hacían un uso legítimo puedan seguir funcionando.
