ÚLTIMA AUDIENCIA EN EL JUICIO EN LA CAUSA LAS MARÍAS: «ESTAMOS PENDIENTES»

Por Ailín Bullentini   ***Hoy será el cierre del juicio por la desaparición del trabajador yerbatero Marcelo Peralta. Si da el tiempo, el Tribunal de Corrientes emitirá hoy mismo la sentencia que movilizó al lugar.


Tras casi dos meses de debate, esta mañana comenzará la última audiencia del juicio por el secuestro y la desaparición de Marcelo Peralta, un trabajador yerbatero de la ciudad correntina de Gobernador Virasoro que, en épocas de la última dictadura cívico militar, intentó mejorar a través del sindicalismo la situación de él y del resto de los tareferos. El fiscal Flavio Ferrini y la defensa del único acusado de la instancia oral del proceso, el ex intendente de facto de Virasoro Héctor Torres Queirel, expondrán sus alegatos y, si hay tiempo, el Tribunal Oral Federal de Corrientes emitirá su sentencia. “Sabemos que no vamos a tener la Justicia que nos merecemos porque la mayoría de los responsables de las desapariciones de Virasoro no están sentados en el banquillo de los acusados”, consideró Hilda Presman, coordinadora de la Red de Derechos Humanos de Corrientes y una de las más fieles acompañantes de familiares y sobrevivientes del genocidio en la provincia. Y, sin embargo, aclaró, “si de algo estamos orgullosos es de haber instalado el tema en el pueblo. Más allá de que a (Adolfo) Navajas Artaza lo haya salvado la burocracia judicial, todos saben lo que hizo. Gobernador Virasoro está pendiente de esta sentencia”.

Navajas Artaza es el presidente de Establecimiento Las Marías, la productora de yerba mate y té más grande del país y durante los primeros años luego de la caída de las leyes de la impunidad estuvo investigado por la Justicia por su presunta responsabilidad en los secuestros y, en algunos casos, la desaparición de varios de sus empleados: las víctimas tenían dos o tres puntos en común: trabajaban en la cosecha de la yerba mate, en los campos propios y arrendados de la empresa de la familia Navajas Artaza y, desde los primeros años ‘70, habían comenzado a participar de actividades gremiales para intentar mejorar sus condiciones de trabajo. Algunos de ellos, como Neri Pérez y Marcelo Peralta, se habían convertido en delegados e incluso dirigentes del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA) y la Federación Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (Fatre), los gremios que representaban al sector. Como Peralta, Pérez está desaparecido. Sin embargo, al haber sido sobreseído Navajas Artaza años atrás, su caso y el del resto de los tareferos que sobrevivieron a centros clandestinos y torturas, quedaron fuera del juicio cuya última sesión comienza hoy. Para el fiscal Ferrini, única acusación del proceso ya que no hubo querellas, el caso de Peralta “no se puede explicar de manera aislada del resto de las víctimas del terrorismo de Estado”. Y en ese punto, los testimonios que pudieron ofrecer las víctimas y así como los familiares de quienes permanecen desaparecidos, “fueron fundamentales no solo por la oportunidad que significó para ellos de poder contar lo que vivieron, sino también para asegurar la acusación contra Torres Queirel”, afirmó en declaraciones a este diario. La hipótesis de la fiscalía es que el terrorismo de Estado en Virasoro cumplió un objetivo específico: eliminar la militancia sindical en la producción yerbatera. Y sobre esa línea cabalgará su alegato, en el que apelará al contexto para explicar “el impacto que tuvo el terrorismo de Estado en una sociedad tan chica como la de Virasoro y alrededores, donde eliminó por completo a una comisión directiva gremial”, adelantó. Peralta era tarefero y vivía junto a su esposa y su beba en una casilla de madera y barro que levantó en la misma estancia donde trabajada, propiedad de Torres Queirel.

​​La gran molestia del empresariado yerbatero era la participación sindical de los trabajadores. Y la dictadura sirvió para darla por terminada, para eliminarla. Peralta fue uno de sus protagonistas”, completó Ferrini.A su alegato le seguirá el de la defensa del ex interventor del pueblo. Y, si alcanza la jornada completa, la sentencia del TOF. Sus integrantes adelantaron la semana pasada que están “apurados” ya que se “quedaron sin jornadas”. Los tres son subrogantes. Menos ansiedad tienen sobrevivientes, familiares de víctimas de delitos de lesa humanidad y militantes de derechos humanos de la provincia. “Somos conscientes de la debilidad de este juicio al que la burocracia judicial que despedazó, sabemos que no están sentados en el banquillo todos los responsables civiles ni militares así que sabemos que no va a generarse la justicia que veníamos esperando. Pero tras una lucha de 12 años logramos instalar el tema en Virasoro y con eso estamos satisfechos”, completó Presman.

 

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