Por Dario Pignotti ***
Lula habló con ex ministros sobre la decisión de una jueza de prohibirle hacer declaraciones a la prensa.
Tres medios habían pedido autorización para entrevistar a Lula, pero una jueza lo impidió. Pese a los embates contra el ex mandatario, ayer un magistrado lo absolvió del cargo de obstrucción a la justicia. “Ellos no sólo quieren mantenerme preso, ellos me quieren callar” comentó Luiz Inácio Lula da Silva ayer, poco después de que una jueza de primera instancia, vinculada a Sergio Moro, le prohibió formular declaraciones a la prensa. El diario Folha de Sao Pablo, el canal SBT y el portal UOL habían solicitado autorización para entrevistar al precandidato presidencial a quien todas a las encuestas desde hace más de un año señalan como el favorito para vencer en los comicios del 7 de octubre.
La jueza federal de Curitiba, Carolina Lebbos, determinó que el dos veces presidente quede impedido de exponer su plataforma de gobierno dejándolo en desventaja ante sus rivales.
Las decisiones de Lebbos en la 12ª Sala son probablemente dictadas por Moro, que despacha en la 13ª Sala curitibana. El mentor de la megacausa Lava Jato es el magistrado más poderoso de esa comarca judicial y acaso del país: no hay otro letrado con igual respaldo de las elites financiera, mediática y diplomática (léase Washington).
Curitiba, la capital del estado de Paraná, es un estandarte del antilulismo. El enemigo por antonomasia del PT y el progresismo, el capitán retirado Bolsonaro, considera a Moro como un “héroe nacional” y rinde honras a la “República de Curitiba”.
La prohibición de Lebbos, firmada el miércoles, fue el corolario de una serie de reveces jurídicos. El domingo, después de un forcejeo de casi once horas entre jueces y camaristas, fue denegado un hábeas corpus solicitado por tres diputados del PT que esgrimieron entre sus argumentos que nada, dentro de la ley, impide que Lula haga campaña electoral. Los detenidos no pierden sus derechos políticos, señalaron los autores del pedido de excarcelación. Para el PT las recientes sentencias hacen del ex tornero mecánico un ciudadano de segunda, un kelper político. La titular del partido, Gleisi Hoffmann, citó como ejemplo que hasta uno de los narcos más peligrosos, Marcinho VP, recluido en una cárcel de máxima seguridad, fue autorizado a dar reportajes.
En la fría tarde de ayer Lula conversó sobre su situación con sus ex ministros, Celso Amorim y Franklin Martins.
Amorim, canciller entre 2003 y 2010, relató las opiniones del detenido en diálogo con los periodistas apostados frente a la Superintendencia de la Policía Federal en Curitiba. “Yo no voy a cambiar mi dignidad por mi libertad” dijo Lula, a través de Amorim.
La candidatura presidencial sigue en pie para “recuperar la soberanía nacional”.
Un rumor que se escucha en los despachos de Brasilia dice que si desistiera de su candidatura podría recuperar la libertad, pero mientras se mantenga en sus trece continuará encerrado.
Esta especie tiene asidero político, dado que hay una coalición de fuerzas interesadas en impedir su regreso al Palacio del Planalto, porque si así fuera habría sido en vano la conjura que desalojó en mayo de 2016 a Dilma Rousseff.
Lo que preocupa en el poder es la inconsistencia del fallo que determinó la condena de doce años y un mes, sostenido en delaciones premiadas (acaso forzadas) con las que se suplió la carencia de pruebas.
En ese sentido hubo ayer un fallo, fuera de Curitiba, que podría sentar un precedente corrosivo para Lava Jato.
El juez federal Ricardo Leite, de la 10ª Sala de Brasilia absolvió a Lula del cargo de obstrucción a la justicia por el supuesto intento de acallar a un ex ejecutivo de Petrobras envuelto en el Petrolao. La resolución de Leite acogió la recomendación presentada en setiembre del año pasado por el procurador federal de Brasilia, Ivan Marx, quien demostró que la arquitectura de la acusación se sostenía sólo en la confesión de un arrepentido, el ex senador petista Delcidio de Amaral. Y que una delación sirve de nada si a ésta no se la acompaña con pruebas robustas. El fiscal Marx es de lo pocos que hasta el momento se comportó con independencia del grupo que comanda Lava Jato. Está allí lo que explica su parecer, más apegado a la ley que a las motivaciones políticas.
