Por Luciana Glezer ***
El préstamo del FMI será de 50.000 millones de dólares, a 36 meses. Obliga a reducir el déficit fiscal primario y a operar modificaciones estructurales sobre la política económica.
Un fortísimo ajuste fiscal era previsible. El recorte del gasto público es una exigencia del Fondo Monetario Internacional. Pero no la única.
Tal como afirmó Christine Lagarde, presidente del organismo, “el acuerdo no tiene condicionalidades, salvo el cumplimiento de metas fiscales y la consistencia de la política monetaria”. Relevo de pruebas, el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, y el titular del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Federico Sturzenegger, presentaron en conferencia de prensa un nuevo diseño monetario acorde a teorías económicas vetustas, corruptas, varias veces fracasadas, acordes a bibliotecas que datan del siglo pasado.
Las medidas concretas son la quita del financiamiento al tesoro y la modificación de la carta orgánica del Banco Central. “Se llevará a cero el financiamiento monetario del Banco Central al Tesoro. Asimismo, el Tesoro se compromete a un programa de cancelación anticipada de Letras Intransferibles para que el Banco Central pueda, con esos recursos, reducir el stock de LEBAC”, se informó. Justamente, la mitad del monto pedido, 25 mil millones de dólares, será destinada a la recompra de estos títulos.
“No es cierto que esta sea una idea del gobierno nacional, sino que esto es una exigencia muy puntual del Fondo”, cuenta Mercedes Marcó del Pont, ex presidenta del BCRA, en diálogo con Kamchatka.
Según el economista Martín Kalos, “el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional es un seguro de vida para el gobierno de Cambiemos”. “En la medida que se materialice en desembolsos efectivos, necesariamente se van a tener que renegociar año a año porque es una deuda que no se puede pagar de un año para el otro”, explica, y agrega: “esto significa que las políticas económicas que está tomando el Gobierno nacional se van a tener que sostener más allá de quien gane las elecciones y el próximo gobierno, sea cual fuere el que asuma en 2019, no va a poder alterar ni revertir esta lógica económica”.
En el plano monetario, Pedro Biscay, ex director del Banco Central dice que el anuncio de reforma de la Carta Orgánica es el abandono del objetivo de pleno empleo y desarrollo económico. “Detrás de la mayor autonomía, se esconde un fuerte control del banco por parte del poder económico”, argumenta en un intercambio con esta revista.
El 22 de marzo de 2012, la Cámara de Senadores convirtió en ley el proyecto de reforma de la Carta Orgánica, la cual se puso en vigencia el 28 de ese mes. El punto relevante fue ampliar el objetivo primario del ente emisor, que se reducía a preservar el valor de la moneda, para promover la estabilidad monetaria, financiera y el desarrollo económico con equidad social. Para llevar a cabo ese nuevo mandato, se ampliaron las posibilidades que el BCRA tiene de financiar al Tesoro. De esta forma, se convalidó la existencia de un esquema de dominancia fiscal. Por el contrario, la medida anunciada hoy retrotrae otro tramo más hacia el pasado. Es que la dominancia monetaria ya no sobrevive siquiera en las casas de antigüedades.
Marcó del Pont sostiene que lo que surge del proyecto de modificación de la Carta Orgánica está en línea con un pedido concreto del FMI de darle mayor autonomía al Banco, lo que se materializa corriendo al BCRA del conjunto de la política económica. Se trata de subordinar todas las variables a la política monetaria. Esto quiere decir arrodillarse ante el mercado.
La discusión es si la enconomía se activa por tipo de cambio o por consumo interno. En uno y otro modelo difiere la relevancia del factor empleo. Y un dato relevante es que el consumo es el componente de mayor peso en el producto bruto.
Biscay define que el acuerdo con el FMI es el reflejo del fracaso del plan económico y monetario del gobierno. “Primero garantizaron la fuga y el endeudamiento. Ahora el fondo le tiende un puente de plata al Gobierno. Habrá que ver qué grado de tolerancia tiene el pueblo argentino”, desliza.
La cuenta corriente tiene un saldo negativo anual de 30.000 millones de dólares. A eso se suman más de 20.000 millones que anualmente dolarizan personas con capacidad de ahorro. En suma: el país tiene más de 50.000 palos verdes de demanda por año.
Las lecturas sobre el desenlace no se caracterizan por elevado optimismo.
Ninguna de estas medidas atiende el problema de fondo, el profundo déficit del frente externo. La escasez estructural de dólares.
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