Jun 27 2018

CRÓNICA DE UN CINISMO LITERARIO

 

Por Pablo Camogli ***

El día viernes 22 de junio, la Sadem (Sociedad Argentina de Escritores filial Misiones) entregó un reconocimiento a la trayectoria a 10 escritores Misioneros, en conjunto con la Cámara de Representantes de la provincia. El acto, el primero que de este tipo se realiza, se terminó convirtiendo en una parodia cuyo título apropiado es: “el cinismo literario”.

Primer acto: EL galardonado / los galardonados

Uno de los galardonados fue el escritor Marcelo Moreyra, de innegable trayectoria literaria. Entre los premiados también se encontraron notables autores, como Raúl Novau (a quien hace tiempo he apodado como “el capitán del seleccionado misionero de las letras”), Rosita Escalada Salvo o Esteban Abad.

Según la información suministrada por el presidente de la Sadem, Aníbal Silvero, la selección de los autores la realizó la comisión directiva de la institución que encabeza.

Segundo acto: la renuncia

El viernes por la tarde, el conocer por los medios de comunicación que Moreyra era uno de los premiados, me comuniqué con Silvero para consultarlo sobre si había informado a las autoridades de la Cámara sobre los antecedentes de esta persona y su vinculación con la última dictadura militar.

Como respuesta, Silvero afirmó que no tenía por qué comunicar eso a nadie, ya que “fue tema literario el premio”. Asimismo, me informó que la nómina la había conformado la propia Sadem, sin injerencia de la Legislatura. Por último, y como forma de justificar la elección de Moreyra, me explicó que éste es socio de la Sadem, dato que yo desconocía.

De inmediato redacté mi renuncia indeclinable a la institución (ver imagen 1). Horas más tarde comuniqué la misma vía twitter, utilizando un término vulgar e impropio ante la gravedad del tema que nos ocupa. Por ese terminó, pido disculpas a quien pudiera sentirse ofendido.

Precuela uno: la trayectoria

Según consta en el fondo Documental del Archivo Nacional de la Memoria, Marcelo Moreyra, con DNI 12.826.983, se desempeñó como personal civil de inteligencia durante la dictadura Cívico militar (imágenes 2 y 3).

En la jerga jurídica vinculada a los Derechos Humanos, se denomina a estos civiles como PCI, por las iniciales del rol que desempeñaron al servicio del batallón 601, la mayor usina de inteligencia civil durante la dictadura y cuya macabra historia se puede consultar en “El Batallón de Inteligencia 601”, informe elaborado por el Sistema Argentino de Información Jurídica y publicado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, en noviembre de 2015 (http://www.saij.gob.ar/docs-f/ediciones/libros/Batallon_inteligencia_601.pdf).
Según la mencionada publicación, los PCI “fueron un engranaje fundamental en los operativos llevados a cabo por las unidades de inteligencia”.

Tercer acto: apunten al mensajero
A partir de la difusión de mi renuncia y de los motivos de la misma, comencé a recibir mensajes a través de las redes sociales y whatsApp, en los cuales se pretendía atacar a mi persona para eludir la cuestión real de que se había premiado a una persona con tales antecedentes.
Hubo gente que me inquirió con respeto y a la que contesté aportando las pruebas documentales que ratifican, en forma indubitable, la pertenencia del citado en el aparato de inteligencia militar. Pero también hubo otros que no merecieron mi atención por lo burdo de sus argumentos.

Incluso desde perfiles falsos de facebook se ha intervenido activamente en las publicaciones referidas al tema, siempre con el oscuro objetivo de desviar la atención.

Ahí entendí el sentido del apoyo público de la ministra de Derechos Humanos Lilia “Tiki” Marchesini, quién, por cierto, es blanco de un sostenido hostigamiento, ataques y amenazas producidos en los últimos meses (ver imagen 4).

Precuela dos: el cinismo literario

En el año 2013, desde el ministerio de Coordinación de Gabinete en el que me desempeñaba como empleado, se organizó junto al ministerio de Derechos Humanos, la subsecretaría de Cultura y la Sadem, un concurso literario para la semana de la memoria. Por decisión del entonces ministro Ricardo Escobar, me tocó formar parte del jurado junto a Silvero y a la artista múltiple Numy Silva.
Luego de las lecturas y cambio de opiniones, seleccionamos a los ganadores, entre los cuales había un trabajo escrito por Marcelo Moreyra, quién, una vez más, asentaba toda la calidad literaria de su pluma.

Al momento del anuncio de los ganadores, un miembro de los organismos de Derechos Humanos nos informó que Moreyra figuraba en el listado del batallón 601 como PCI.

De inmediato me dispuse a chequear la información, algo muy sencillo debido a que los listados son públicos desde que en el año 2010 la revista “23” los publicará en forma exclusiva. Tal como nos habían indicado, Moreyra integraba dichos listados bajo la categoría de “agente de reunión”.

Ante esta primera evidencia el jurado decidió anular el premio. El propio Silvero, adelante nuestro, se comunicó con Moreyra para explicarle la situación, obteniendo como respuesta que no era cierto que se hubiera desempeñado en tal condición.
Pero a los pocos días, el propio escritor difundió un mail entre colegas en el que reconocía haber trabajado para el Ejército, pero afirmó que fue en democracia y en un trabajo como cualquier otro. Esto mismo ratificó este fin de semana Cruz Omar Pomilio, amigo personal de Moreyra, en mensaje público dirigido a mí a través de Facebook, en dónde justifica el accionar de su amigo, quién habría actuado “envalentonado por el estrafalario ideal de limpiar de zurdos el país” (sic).

De todas formas, y como paso obligado en la metodología de mi profesión, decidí chequear la información en el ámbito oficial adecuado. Es por ello que solicité la confirmación de la presencia de Moreyra como PCI del 601 al Archivo General de la Memoria, cuya respuesta afirmativa puede observarse en imágenes 2 y 3.

Lo concreto, es que estuvimos a un paso de entregarle un premio por la semana de la memoria, a quién integró el aparato de inteligencia de la represión.

Cuarto acto: la solidaridad
Desde el mismo momento en que difundí mi renuncia, recibí la solidaridad y el acompañamiento de muchos compañeros y compañeras, a quienes agradezco de todo corazón. Pero muy especialmente me reconforta la solidaridad de aquellos que fueron víctimas de la represión y que desde entonces bregan por Memoria, Verdad y Justicia.

En mi condición socio-política de hijo de las Madres, de nieto de las Abuelas y de hermano de los Hijos, es que mi compromiso con el Nunca más es prioritario entre mis convicciones.

Acto final: el cinismo literario
Esta crónica se cierra con el acto final, la escena que encierra el drama de la noche lúgubre de la dictadura. De un lado, un PCI de la represión, del otro, el tesorero de la entidad que otorga los premios, Roberto Parodi, cuyo apellido es emblemático en aquella época del terror. La escena parece de película, pero ocurre en la vida real y con el salón de las Dos Constituciones como escenario.
El hermano de Roberto, Manuel Parodi Ocampo fue secuestrado por la dictadura el 16 de abril de 1976, en Resistencia y acribillado en la masacre de Margarita Belén, el 13 de diciembre de ese mismo año. Pero incluso el propio Roberto fue víctima de la represión, ya que estuvo detenido durante dos años y medio.

¿Con qué necesidad se lo hizo partícipe de tal evento sin siquiera comentarle los antecedentes del premiado?
Ante este hecho, por estas horas Parodi presentó su renuncia indeclinable a la Sadem.

Una breve reflexión final
Integrar la nómina del batallón 601 no es un delito en sí mismo. Pero sí hay varios delincuentes que integran esa lista, como el prófugo Carlos Carvallo, una tradicional e insospechada voz periodística posadeña, hasta que fue acusado de violaciones a los derechos humanos en Entre Ríos y que figura en el listado como “agente de reunión”. O el caso de Oscar Alfredo Simone Blanco, cuya causa ha sido elevada a juicio en la provincia de Mendoza.

Reitero, no me consta que Moreyra haya cometido algún delito, tan solo tenemos documentado que trabajó para la inteligencia militar en épocas en donde las violaciones a los Derechos Humanos por parte de las fuerzas armada, eran cotidianas. Y aquí retomo el citado informe sobre el “Batallón 601”, cuyo objetivo, afirman sus autores, es “despejar la aparente desvinculación que tuvieron en las violaciones a los derechos humanos quienes, siendo parte de la estructura organizativa, no han sido mencionados por víctimas sobrevivientes, pero sin embargo compartieron acciones, estructuras, espacios y tiempos, con aquellos que sí han sido identificados. Por ello, a través de información que vincula a partícipes identificados con los que nunca lo fueron, se trata de establecer que —por la actividad a la que estaban asignados— no pudieron ser ajenos a los hechos que se juzgan”.

Dos preguntas epilogales.

¿Para qué difundir esto? Porque existe un interés público en que esto se conozca, criterio en el que nos amparamos bajo la jurisdicción establecida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Kimel, y que se puede consultar íntegro en este enlace http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_177_esp.pdf.

¿Por qué hacerlo ahora?
A lo que respondo ¿por qué no hacerlo ahora?
NUNCA MÁS

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