Del operativo participaron el defensor del Pueblo, Alberto Penayo, y los agentes defensores, junto a los integrantes del Observatorio de Control de Gestión de Hogares de Adultos Mayores, autoridades del Ministerio de Desarrollo Social, de la Municipalidad de Posadas y del Consejo del Adulto Mayor.
En el lugar se encontraron con Raquel Urrua, quien habría manifestado ser la titular del ancianato denunciado. En tanto, desde el Observatorio y por indicaciones de Penayo se iniciaron las acciones para arbitrar todos los medios disponibles a fin de generar condiciones de garantia institucional para los adultos mayores.
«Los abuelos deben tener garantizado su derecho a la salud, el entretenimiento, el afecto de sus familiares», señaló Penayo y agregó que «»también ordenó la realización de un relevamiento socio ambiental y la convocatoria a todos sus familiares a los efectos de conocer en qué condiciones fueron alojados sus mayores».
«Además se instruyó para avanzar en la normalización y regularizacion conforme a las normas vigentes», concluyó
