Por OBSERVACOM – Observatorio Latinoamericano de Regulación Medios y Convergencia ***
El Consejo de Comunicación Social (CCS), organismo consultivo del Congreso sobre políticas de comunicación, aprobó la propuesta para establecer criterios para orientar las futuras leyes sobre “”noticias falsas”” elaborada por la Comisión Relatora, creada para analizar y emitir un parecer sobre los 14 proyectos sobre “noticias falsas” que se tramitan actualmente en el Parlamento.
Los puntos propuestos y aprobados como directrices -basados en las recomendaciones de la Unión Europea– son: definir de forma clara y delimitada el concepto de “”noticias falsas””; definir patrones claros de penalización similares a los de otras situaciones para no crear disparidades penales; responsabilizar al autor sin imponer penas a los usuarios que muchas veces actúan de buena fe; la retirada de contenido debe ser precedida por orden judicial: se debe prever un órgano competente capacitado y plural para la aplicación de la regulación; por último, no se pueden utilizar mecanismos de retirada de contenidos en forma discrecional, como mecanismo de censura.
En el documento, la Comisión Relatora advierte que los distintos proyectos en danza “no consiguen abarcar la complejidad del fenómeno de las noticias fraudulentas y, por eso, sugiere a los parlamentares la continuidad de los debates internos y con la sociedad, fomentando una legislación contemporánea capaz de crear un ambiente de comunicación libre, independiente y diverso, y aún más, de defender el régimen democrático”.
“La respuesta al problema no pasa, o no únicamente, por la criminalización de la práctica o por la responsabilización de las plataformas donde el contenido es vehiculizado, sino por la acción conjunta con los órganos competentes que involucre la implementación de políticas públicas que versen sobre la concientización de la población sobre el tema”, señala el documento del CCS.
De los 14 proyectos, 13 se tramitan en la Cámara de Diputados y uno, en el Senado (PL 473/2017). En su mayoría apuntan a la criminalización de la difusión de “noticias falsas” y, en algunos casos, incluso prevén responsabilidades para las plataformas.
El proyecto 6.812/2017 apunta a la tipificación criminal de la divulgación o intercambio de información falsa o incompleta en la web. Propone penas de 2 a 8 meses de detención y el pago de multas.
El proyecto 7.604/2017 dispone la aplicación de multas por la divulgación de información falsa por las redes sociales. Además prevé la responsabilidad de las plataformas de redes sociales por los contenidos publicados, al igual que el 9.647/2018.
Por su parte, el proyecto 8.592/2017 propone modificaciones al Código Penal para tipificar la información falsa o perjudicialmente incompleta y plantea penas de uno y dos años de cárcel. También el proyecto 9.554/2018 introduce cambios al Código Penal para tipificar la divulgación de informaciones falsas y establece penas de detención de un mes a tres años y multas.
El proyecto 9533/2018 define crímenes contra la seguridad nacional y el orden público para incluir a las “noticias falsas” que puedan provocar actos de hostilidad y violencia contra el gobierno, duplicación de las penas para los “crímenes de propaganda” cuando se produzcan por Whatsapp, Facebook y otras redes sociales.
El proyecto 9761/2018 tipifica criminalmente la conducta de quien crea, vehiculiza, comparte o no remueve noticias o informaciones falsas en medios electrónicos. Impone penas de prisión de tres meses a un año y multas. Por su parte el proyecto 9.838/2018 prevé detención de tres meses a un año y multas para quien ofrece, publica, distribuye o difunde noticias o información que sabe que es falsa tanto en medios electrónicos como impresos.
El proyecto 9884/2018 también apunta a alteraciones del Código Penal y plantea prisión de dos a cuatro años y multas. Del mismo modo, el proyecto 9931/2018 postula detención de tres meses a un año y multas. El único proyecto del Senado 473/2017 también apunta a modificar el código penal estableciendo penas de seis meses a dos años de prisión y multas. En tanto el proyecto 9.532/2018 postula cambios en el Código Electoral y define a las “noticias falsas” como la divulgación hechos falsos en la propaganda sobre partidos o candidatos capaces de influir al electorado. El proyecto prevé penas de 2 a 6 años de prisión y multas.
El proyecto 9626/2018 también postula cambios al Código Electoral y Ley de Elecciones para agravar las penas de los crímenes electorales por vehículos de comunicación como la TV, radio, prensa o Internet. Establece penas de prisión de uno a cuatro años y multas de US$ 13 mil a US$ 260 mil. Por último, el proyecto 9973/2018 también plantea cambios al Código Electoral para tipificar la divulgación de hechos que se sabe que no verídicos en año electoral y establece prisión de uno a cuatro años y multas que van de US$ 13 mil a US$ 130 mil.
