Por Mariano Lovelli ***
Mauricio Macri lo repite desde el primer día: “Créanme que era la única opción.Lo tuvimos que hacer porque nos quedábamos sin energía”. Es para el Manual de Arturo Jauretche, que así definía la zoncera: “Su fuerza no está en el arte de la argumentación. Simplemen– y su eficacia no depende, por lo tanto, de la habilidad en la discusión como de que no haya discusión. Porque en cuanto el zonzo analiza la zoncera –como se ha dicho– deja de ser zonzo”.
El punto de partida del brutal ajuste en los ingresos ciudadanos para transferirlos como renta extraordinaria a las grandes empresas de servicios públicos (hidrocarburíferas y eléctricas) es su justificación desde un axioma: nos quedábamos sin energía.
Pero tras el fallo de la Corte Suprema en agosto de 2016 el Gobierno debió llamar a audiencias públicas para discutir los precios y tarifas de los servicios públicos. Y allí los propios actores de la industria contradecían el axioma oficial. Las intervenciones se pueden ver en este link: https://www.youtube.com/watch?
Por ejemplo el ministro de Energía de la provincia de Neuquén, Alejandro Nicola, expresó en relación al Plan Gas llevado a cabo a partir del año 2013 expresó: “Fue una señal de precios distinta, fue un incentivo a la producción; y rápidamente la industria reaccionó en forma positiva […] La industria reaccionó rápidamente con una inversión que hizo que empezáramos a producir más, se revirtiera la tendencia negativa de la producción y pudiéramos pasar en promedio a producir un 12 por ciento más de energía [… si calculamos el volumen total que se produjo en Neuquén y lo valorizamos a los precios del gas importado, nos arroja el número de 4.200 millones de dólares que el país se ahorró en divisas que no tuvo que gastar para comprar gas del exterior”.
El representante de YPF, Fernando Giliberti, manifestó: “Hay un factor determinante que ha ayudado a que la producción de YPF haya crecido sostenidamente desde el 2012 a la fecha, a razón de un 4,4 por ciento acumulativo anual. Ese factor determinante es la señal de precios que los productores de gas natural han recibido a finales del 2012 conocido como Programa de Estímulo a la Inyección Excedente de Gas Natural […] En todo este tiempo (2012-2016), YPF ha erogado más de 10 mil millones de dólares para lograr este incremento de producción. Lo que significa que entre las inversiones, costos, regalías e impuestos YPF básicamente reusa el 100% de lo que se le remunera por el gas natural”.
No sólo la producción de gas tuvo un repunte y comenzó un aumento sostenido desde 2013. Además, las tres principales productoras que sumaban en conjunto el 70 por ciento del total de gas extraído en el país venían mejorando su performance desde 2013 (YPF desde 2012). Más aún: el 90 por ciento del nuevo gas producido en Argentina, que se extrae de Vega Pléyade desde 2016, es posible gracias a las inversiones inciadas en 2013. La realidad desmiente al discurso oficial. No sólo no nos estábamos quedando sin energía. Al contrario: la Argentina estaba produciendo más gas, a partir de la nacionalización de YPF y de la aplicación del Plan Gas. Y ello se llevó a cabo manteniendo el valor de las tarifas de los servicios públicos que pagamos todos los usuarios.
Otro de los axiomas complementarios al “nos quedábamos sin energía” es que “los servicios no tienen un valor real” y que “tenemos que pagar por lo que valen”. ¿Y cuánto valen? No hay respuesta oficial. El Gobierno nunca brindó la información adecuada y veraz sobre la estructura de costos de la producción gasífera. Un dato refuerza la importancia del misterio. Si bien la energía eléctrica tiene su propia lógica y sus propios costos, el 65 por ciento de su generación tiene origen térmico. Se hace quemando gas. Por lo tanto, el valor del gas termina siendo determinante para establecer el precio mayorista de la energía eléctrica, principal componente de las facturas de la luz. La incógnita forma parte de los litigios que, junto con otras asociaciones y municipios de la provincia de Buenos Aires, viene entablando nuestro Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad. Pero aun así: ¿habría que pagar por lo que vale? Un servicio público no es un paquete de caramelos.
Justamente en el fallo “Cepis” dijo la Corte Suprema: “Resulta claro que el hombre no debe ser objeto de mercado alguno, sino señor de todos éstos, los cuales sólo encuentran sentido y validez si tributan a la realización de los derechos de aquél y del bien común. De ahí que no debe ser el mercado el que someta a sus reglas y pretensiones las medidas del hombre ni los contenidos y alcances de los derechos humanos. Por el contrario, es el mercado el que debe adaptarse a los moldes fundamentales que representan la Constitución Nacional y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos de jerarquía constitucional, bajo pena de caer en la ilegalidad”.
Como lo hemos manifestado en todas las audiencias públicas, el acceso a los servicios públicos es un derecho de raigambre constitucional. El gas, la luz y el agua son derechos de la gente, no meros bienes del mercado. Por ello es decisiva la tutela estatal, es central la intervención del Estado mediando en el mercado para proteger a las personas. Justamente el sentido contrario que le da el macrismo a las tarifas, justificándose con nuevas zonceras que debemos analizar para dejar de ser zonzos.
*** Presidente del Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad.
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