Conformaron Mesa de Diálogo con DDHH, Tierras, PAyS, Municipio, propietarios y vecinos.
Después de varias semanas de batallar, y de haber soportado amenazas, intentos de desalojo y violentos hostigamientos -desde el 9 de marzo y durante varias semanas- por parte de la directora de Tierras de la Municipalidad de Garupá, Herminia Melgarejo, junto a policías de la Dirección de Tránsito municipal, y de varios efectivos policiales, las más de 50 familias que viven en el barrio Malvinas de la localidad de Garupá, tuvieron una buena noticia al solicitar al magistrado que lleva la causa del desalojo, Carlos Giménez, la suspensión de la orden de desalojarlos.
Esto fue posible a raíz de la conformación de una mesa de diálogo entre el Ministerio de Derechos Humanos, la Subsecretaría de Tierras, la Municipalidad de Garupá, los propietarios de los terrenos del barrio Malvinas, los vecinos que lo habitan y el Partido Agrario y Social, en la búsqueda de un acuerdo entre las partes. A partir de ahora se abre una instancia de negociación.
Días atrás el diputado Martín Sereno que acompaña a las familias e hizo gestiones en favor de una solución ante el inminente desalojo, envío una nota al Procurador General del Superior Tribunal de Justicia, Miguel Ángel Piñeyro, expresando su preocupación por el proceder de una funcionaria judicial de la Fiscalía Nº1 que dirige la doctora Amalia Spinnato, que se negó a tomar la denuncia a vecinos que fueron amenazados y hostigados violentamente, y lo mismo había ocurrido con la Comisaría de Garupá.
Pero no todas son malas para las familias -más de 140 personas- del barrio Malvinas, ya que después las gestiones del legislador Sereno y su equipo de trabajo, éste miércoles en el Ministerio de Derechos Humanos, se realizó la segunda reunión pactada con el objetivo de llegar a una instancia entre las partes, y finalmente después de varias horas, se firmó un acuerdo que se incorpora al Expediente «Andrés Mutinelli sobre denuncia por usurpación».
El documento fue rubricado por la ministra Lilia Marien Marchesini, y los abogados del organismo, Gabriela Stéfani y Walter Bogado; la subsecretaria de Tierras, Sonia Mello, y el director de Tierras Privadas de la provincia, Dardo Torres; además de Nicolás Acosta, en representación del diputado provincial, Martín Sereno; Andrés Mutinelli y Gisela Mutinelli como denunciantes en la causa que se tramita en el Juzgado de Instrucción 7, y Gustavo Benítez y Walter Ríos, representando a todos los vecinos del barrio Malvinas de Garupá, asentados en los terrenos reclamados por la familia Mutinelli.
Las partes acordaron solicitar al juez de la causa, Carlos Giménez, la suspensión provisoria de la orden de desalojo, a raíz de la conformación de una mesa de diálogo en busca de un acuerdo entre las partes.
Benítez y Ríos junto a la presencia del Estado misionero se comprometen a evaluar la situación de cada familia que ocupa los terrenos, y a hablar con el resto de los vecinos para evitar el ingreso de otras personas al predio.
Mientras que Andrés y Gisela Mutinelli, detentando la administración judicial de la sucesión, se comprometen a transmitir al resto de los herederos el acuerdo firmado en la mesa de diálogo. También quedó asentado que el Municipio de Garupá participó de la primera reunión realizada días atrás, por lo tanto está en conocimiento de estas tratativas.
Después de firmado el acuerdo, los vecinos del barrio Malvinas expresaron su alegría y agradecimiento por el logro. «Estamos muy contentos porque gracias al respaldo que tuvimos del diputado Martín Sereno, la ministra de Derechos Humanos y la subsecretaria de Tierras de la provincia, que se ocuparon de nuestro reclamo, se frenó el desalojo que estaba vigente. El armado de una mesa de diálogo nos permitió defendernos, porque todo el tiempo sentíamos el autoritarismo judicial», manifestaron.
Señalaron que con la conformación de la mesa pudieron hablar con los propietarios de las tierras, «y les expresamos nuestro deseo de comprar los lotes, no queremos que nos regalen, ni que los dueños se perjudiquen. Somos personas honestas, trabajadoras que deseamos estar tranquilos con nuestras familias; pero estamos en situación de calle y no tenemos otro lugar para vivir. No queremos llegar a un desalojo violento porque en el barrio hay muchos chicos, mujeres embarazadas y varias personas discapacitadas. El mes que viene tendremos otra reunión en la mesa de diálogo para ver si conciliamos una solución definitiva; confiamos en que esto será posible», remarcaron los vecinos.
