Feb 13 2018

PROYECTO DE LEY QUE REGULARÍA INTERNET EN HONDURAS ESTABLECE “UN RÉGIMEN DE CENSURA PRIVADA”, DICE RELATOR CIDH


Por Observacom

Un proyecto de ley para regular “los Actos de Odio y Discriminación en Redes Sociales e Internet” a estudio del Congreso Nacional de Honduras desde el 1 de febrero de este año ha generado las reacciones de la sociedad civil.

En su opinión, esta ley “como está redactada, puede usarse para restringir la libertad de expresión en Internet, limitando la crítica al Gobierno e impidiendo que la sociedad exija el respeto de Derechos Fundamentales, la transparencia y la lucha contra la corrupción”.

En una carta pública firmada por decenas de organizaciones de derechos digitales la región se advierte que el texto legal “propone la censura de contenido considerado como discriminación, odio, injuria, amenaza o incitación a la violencia, sin embargo, no determina los parámetros para determinar qué contenido debe ser bloqueado”.

De este modo, se afirma, “el proyecto pone en mano de empresas privadas, a menudo extranjeras, el poder de evaluar qué contenido es ilegal y la obligación de tomar decisiones de censura. Estas son facultades que, en un país democrático, corresponden a los tribunales de justicia. Un procedimiento de este tipo, sin legitimidad legal ni controles democráticos es una restricción desproporcionada e innecesaria de la libertad de expresión; e  incumple con estándares mínimos de Derechos Humanos”.


“La ley establece un régimen de censura privada”,
ha expresado el Relator Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos) en entrevista con El Heraldo de Honduras: “Se está proponiendo un régimen de censura privada donde cualquier persona que se sienta afectada va a tener un procedimiento para presentar un reclamo a la plataforma y está que muchas veces son empresas internacionales o corporaciones con sede en Irlanda, en San Francisco, en fin, en distintas partes del mundo, van a tener que decidir sobre la información que pueden acceder o la que se tiene que bajar en las redes sociales en Honduras”.

“No está claro cuál es el régimen de responsabilidad al que van a quedar sometidos después de este proyecto de ley las plataformas o cualquier intermediario de Internet”, afirma Lanza, agregando que “hay una serie de sanciones que también aparecen  como desproporcionadas, una serie de obligaciones que son ambiguas y están indeterminadas y que deberían estar, en todo caso, mediadas por la intervención judicial de un Estado democrático”.

La iniciativa ya ha tenido un dictamen favorable en la Comisión que la estudia, con algunos cambios (como la creación de una Comisión Nacional de Ciberseguridad) que algunos analistas han considerado “para peor”.

Las organizaciones hondureñas y latinoamericanos que han denunciado el proyecto de ley, mientras tanto, exigen que la “Ley que Regula los Actos de Odio y Discriminación en Redes Sociales e Internet” no sea aprobada por el Congreso Nacional de Honduras, porque contraviene estándares establecidos en la Constitución de Honduras y tratados y convenios internacionales en materia de Derechos Humanos de los que Honduras es parte, relacionados principalmente con la libertad de expresión, acceso a la información y debido proceso”.

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