Por Roberto Samar
Mientras Patricia Bullrich afirmaba “no tenemos que probar lo que hacen nuestras fuerzas de seguridad”, probablemente mataban una persona con un arma del Estado. El día que Jorge Lanata estigmatizaba en su programa a un niño en situación de pobreza y vulnerabilidad seguramente otro pibe era asesinado por un policía.
Los discursos de las autoridades políticas y los mensajes mediáticos no son inocuos, muchas veces legitiman violencias. Van incidiendo en el sentido común que atraviesa a amplios sectores de la sociedad, pero también afectan la mirada de trabajadores del Estado que se sienten legitimados para ejercer violencia.
Según la Correpi, Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, durante el transcurso de los dos últimos años tuvimos en promedio un muerto cada 23 horas en manos de las fuerzas represivas del Estado. Llegando a contabilizar 725 asesinatos en 721 días del gobierno de Cambiemos.
En el mismo el informe se señala que “la casi totalidad de las muertes en comisarías corresponde a personas que no estaban detenidas por acusaciones penales, sino arbitrariamente arrestadas por averiguación de antecedentes o faltas y contravenciones”. Asimismo, se destaca que el 50 por ciento de los casos en los que se conoce la edad de la víctima corresponde a personas de 25 años o menos.
Es decir, muchas muertes corresponden a personas que respondían al estereotipo socialmente construido de “delincuente”: eran jóvenes en situación de pobreza. Lamentablemente en el contexto actual distintos actores del Estado se sienten habilitados para ejercer violencia en forma arbitraria sobre ellos.
¿En qué se apoya la violencia institucional?
Hay un discurso dominante, con fuerte anclaje mediático, que es profundamente racista, que jerarquiza a la sociedad. Hay sujetos que responden al discurso hegemónico y por lo tanto son personas con plenos derechos: pueden caminar libremente sin ser detenidos, usar el espacio público y si son denunciados vivir el proceso en libertad.
Paralelamente hay determinados sectores de la sociedad que son colocados en un lugar de sub humanos porque sus vidas no valen lo mismo.
No valen lo mismo para el Estado, para la sociedad en general y tampoco para el discurso mediático. Por eso la mayoría de estos 725 asesinatos no fueron noticia en los grandes medios, no sabemos sus nombres, no hay identificación con esas víctimas, son invisibles.
Sin embargo, los mismos jóvenes pobres son hiper visibilizados en los medios de comunicación a la hora de estigmatizarlos, como lo fue la situación del niño de Lanús expuesto en el programa Periodismo Para Todos o el joven Brian que se lo condenó mediáticamente a principio del año pasado por un homicidio que no cometió.
Ambas parecieron ser operaciones mediáticas para impulsar el debate de la baja de edad de punibilidad.
En ese marco de aumento de la violencia institucional, el Ministerio de Seguridad ascendió al único gendarme imputado en el caso de Santiago Maldonado.
¿Qué mensaje político transmite esta acción?
Como sostuvieron los familiares de Santiago Maldonado, el ascenso del único gendarme imputado en el caso “podría suponer cierto aval a prácticas represivas ilegales y una provocación”.
La violencia institucional parece estar avalada. Cientos de muertes son invisibles y crecen. La visibilidad de algunos casos fue producto de grandes movilizaciones populares que repudiaron la violencia, pero no alcanzó a detenerla. Detenerla está en nuestras manos: deslegitimándola, cuestionándola, haciéndola visible, indignándonos frente a ella. Cuestionando las miradas racistas que jerarquizan a la sociedad relegando y estigmatizando a los jóvenes en situación de pobreza a los cuales se les vulneran sistemáticamente sus derechos.
