Por CEPA (Centro de Economía Política Argentina)
Dos meses negros para los trabajadores estatales. Diciembre y enero han sido particularmente difíciles para los trabajadores y sobre todo para los trabajadores estatales.
El informe de despidos y suspensiones de CEPA indica que en último mes de 2017 los despidos del sector público alcanzaron los 1.904 casos, indicando que “los despidos estuvieron motorizados por el Poder Ejecutivo Nacional, junto con organismos descentralizados de la administración y la Provincia de Buenos Aires”.
El mismo informe detalla que los despidos en organismos descentralizados alcanzan los 654 casos, 557 casos en lo referido a la Administración Publica Nacional, repartido entre distintos Ministerios y finalmente, 564 casos de despidos provinciales, que se concentran exclusivamente en distintas áreas del Gobierno de la Provincia de Bs. As.
El mes de enero no mostró un comportamiento distinto. Al contrario: la proliferación de despidos y cesantías continuó con más fuerza, como en los casos del INTI y del SENASA, las cesantías del Hospital Posadas, los despidos en YCRT, y los despidos en las orquestas bonaerenses, entre otros.
El objetivo del Gobierno
El 31 de diciembre último, el matutino La Nación, había anticipado la intención del Gobierno de ajustar el gasto público y en particular despedir trabajadores.
La excusa(1) era el recorte de “la política”, es decir, de los cargos jerárquicos, lo que para el Gobierno implicaría una reducción del 20% de los 3500 cargos jerárquicos de la Administración Pública Nacional.
Sin embargo, el verdadero interés estaba puesto en la reducción sistemática de personal con el objetivo de lograr “dotaciones óptimas para cada ministerio y organismo”, lo que implica “la reducción gradual en los próximos años de unos 70.000 contratos temporarios que se renuevan todos los años, donde sí existen empleados públicos de viejas gestiones”(2).
Los recientes anuncios, han puesto en marcha aquel plan. Enmascarados detrás de la reducción de cargos jerárquicos y con el aditamento socialmente ponderado de la imposibilidad de nombramientos de familiares, la verdadera voluntad del Ejecutivo resulta ser la reducción del personal contratado y la eliminación de programas, en general, de perfil y abordaje territorial.
Caso emblemático
Un caso de análisis es el del Ministerio de Cultura. Según fuentes de ATE, el número de cesantías fue de 64 trabajadores durante el mes de diciembre. Esa cifra se encuentra conformada por despidos y por desvinculaciones de personal contratado bajo la modalidad de Locación de Obra, alegando “incompatibilidades”. Es decir, el discurso oficial indica que se trata de despidos justificados.Entre los despedidos, hay trabajadores con más de 10 años de antigüedad.
Si bien no hay datos completos acerca de las dependencias en las cuales se dieron las desvinculaciones, se sabe que más de 20 corresponden a áreas dependientes de la Secretaría de Patrimonio Cultural, cuyo Secretario es Marcelo Panozzo, y otras tantas de dependencias de la Secretaría de Cultura y Creatividad, conducida por Andrés Gribnicow. En este último caso, la mayoría de las cesantías refieren a talleristas de programas que fueron discontinuados. Esto no es un dato menor: las áreas más afectadas por los despidos fueron aquellas vinculadas con trabajo territorial, como por ejemplo el programa Puntos de Cultura, que ofrece subsidios y capacitaciones a organizaciones sociales y colectivos culturales de distintas partes del país. Este mismo Programa ya había tenido una reducción de presupuesto para este año, y sufrirá una nueva reducción para el 2018.
La evolución del Presupuesto permite percibir que esta política no resulta novedosa, ya que se aplica desde la asunción del Gobierno de Cambiemos.
A continuación se detallan algunas partidas del Presupuesto 2016. Como se percibe, tales partidas fueron “recortados” en 2016 (la diferencia entre presupuesto y compromiso). Pero lo más llamativo, es que fueron directamente eliminadas del presupuesto 2017 y 2018.
Otro caso paradigmático es el del Programa Orquestas y Ensambles Juveniles, del que se despidió a su coordinador, Eduardo Tacconi. En línea con esta decisión, la Provincia de Buenos Aires despidió a los trabajadores de Coros y Orquestas para el Bicentenario.
A esto se debe adicionar las jubilaciones forzadas, cuyo único criterio es la reducción numeraria. En esta problemática se incluyen personal profesional altamente especializado, cuyas tareas quedan vacantes de realización.
En este marco, se prevé, una segunda tanda de despidos en el trascurso de 2018, teniendo en cuenta el cálculo de “dotación óptima” establecido por Modernización, según lo admitido por el mismo Ministro Pablo Avelluto.
Algunos funcionarios ya habían empezado a comunicar a los trabajadores y trabajadoras que de aquí a marzo de 2018 se eliminarán “ravioles” de la estructura del ministerio (coordinaciones, direcciones simples, direcciones nacionales y subsecretarías), que fueron creados bajo esta gestión y multiplicaron la cantidad de cargos jerárquicos y por ende, del dinero destinado a sueldos. En algunos casos (direcciones simples y coordinaciones) simplemente dejarían de existir, y en otros se darían cambios de jerarquías (por ejemplo, direcciones nacionales que pasarán a ser coordinaciones). Ya se concretó la desaparición de la Secretaría de Integración Federal y Cooperación Internacional, a cargo de Iván Petrella y se supone que las áreas que dependían de la misma serían reorganizadas, pero esto no sucedió aun.
En relación al “achicamiento” de las estructuras ministeriales con el pretendido objetivo de mostrar una imagen de austeridad al eliminar cargos ejecutivos (que esta misma gestión creó), se puede mencionar que en esta reducción en gastos en sueldos de funcionarios resultará más simbólica que efectiva, ya que hay antecedentes de funcionarios que renunciaron a altos cargos pero que se reciclaron en funciones nuevas y con sueldos importantes, como por ejemplo el caso del ex Secretario de Patrimonio Cultural, Américo Castilla (diciembre de 2015-diciembre de 2016), devenido en asesor a cargo del Proyecto Nacional Qhapaq Ñan en la actualidad.
Es decir, la eliminación de cargos jerárquicos anunciada para estos días, puede llegar a resultar más cosmética que real.
Sobre política cultural, poco se habla. Los criterios que primaron para la planificación de las acciones en 2017 y 2018 están regidos por el costo/beneficio y la posibilidad de cuantificación de objetivos cumplidos (cosas que sean visibles, mostrables).
Durante todo 2017 se trabajó conjuntamente con funcionarios de Modernización en reuniones en las que se “coutcheó” a funcionarios/as y personal no jerárquico con gente a cargo en metodología para la evaluación del desempeño del personal (emulaciones del método S.M.A.R.T. de planificación de tareas y metas que se utiliza habitualmente en el ámbito empresarial).
De todas formas, y tal como estila el propio Gobierno, la estrategia es que esta información no tenga trascendencia. Para ello, además de la insistente persecución ideológica, el Ministerio “invirtió” desde julio de 2017 es un jefe de prensa estratégico: Tamara Florín. La productora de Jorge Lanata es hoy la directora de Prensa y Comunicación del Ministerio.
