Por María Laura Carpineta
Lula, preso de un laberinto jurídico absurdo. ¿Cómo es su futuro en medio de la crisis política mais grande do mundo?
A nueve meses de las elecciones presidenciales, con una ventaja en la intención de voto que parece muy difícil de achicar por las buenas y sin candidatos opositores en ascenso a la vista, el ex presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, se sumergió aún más en un proceso legal que pertenece más a la imaginación de Franz Kafka que a los tribunales de una de las 10 potencias económicas del mundo y la mayor de América latina.
Pese al duro golpe que recibieron ayeel pasado miércoles, el ex mandatario, sus votantes y el Estado derecho brasileño en general, aún quedan algunas vueltas en el laberinto de leyes, doctrinas, apelaciones, tribunales y arbitrariedades.
“Con la confirmación de la sentencia condenatoria del Tribunal Regional Federal de la cuarta Región (TRF-4) se consolida la hipótesis legal de la inelegibilidad del ex presidente Lula. A pesar de esto, esta decisión se enmarca en un proceso penal y el proceso electoral del registro de una candidatura es autónomo”, explicó a Zoom Geraldo Prado, profesor de Derecho de la Universidad Federal de Rio de Janeiro (UFRJ), ex juez de la Corte de Justicia de Río de Janeiro y actual consultor en temas jurídico-penales y de compliance. “Nada impide, por lo tanto, que el ex presidente pida el registro de la candidatura y, si este registro es negado por la Justicia Electoral por la Ley de Ficha Limpia [una norma creada por el gobierno del propio Lula para impedir las candidaturas de personas condenadas], nada impide tampoco que el ex presidente apele ante el Supremo Tribunal Federal”, agregó el especialista.
Para Prado, quien recordó que muchos juristas cuestionan la constitucionalidad de la Ley de Ficha Limpia, aclaró que mientras el tema “esté bajo disputa” en la Justicia, a Lula no le podrán impedir participar de la elección. “El tiempo normal del procesamiento de una posible cuestión electoral puede llevar a que la decisión definitiva se tome solamente después de las elecciones”.
El futuro
El próximo paso dentro del laberinto legal kafkiano que separa a Lula de una posible tercera presidencia es casi simbólico y muy posiblemente inconducente. Su defensa presentará un recurso de declaración frente al mismo tribunal de apelaciones que lo condenó ayer por unanimidad, pero nada indica que esta corte vaya a modificar su decisión. Por eso, sus únicas opciones ahora son el Tribunal Superior de Justicia –una suerte de corte suprema para asuntos no constitucionales– y el Supremo Tribunal Superior, y la discusión allí estará centrada, no en las pruebas o en la falta de ellas, sino en el hecho de si se cumplieron o no las leyes federales y la Constitución.
Una de las opciones es que Lula busque una cautelar ante el Tribunal Superior de Justicia para dejar así en suspenso la condena de segunda instancia y evitar una posible detención. Uno de los jueces del TRF-4 que fallaron, Leandro Paulsen, destacó en sus argumentos que el ex presidente debería ser detenido y encarcelado ni bien se expidan sobre el recurso de declaración, el próximo paso legal. El magistrado recordó un fallo de 2016 del Supremo Tribunal Superior que resolvió que una condena de cárcel puede hacerse efectiva una vez que se cierra la instancia de apelación.
“La nueva posición del Supremo Tribunal Superior fue tomada por una mayoría simple de sus miembros, por 6 a 5 votos, una mayoría que hoy posiblemente se haya invertido como señalan las decisiones recientes del ministro Gilmar Mendes”, advirtió el jurista Prado. Poco después, uno de los jueces de ese tribunal, Marco Aurelio Mello, también puso en duda una detención inminente de Lula. “Yo dudo que se haga esto porque no corresponde al orden jurídico constitucional. Y, en segundo lugar, en el pico de una crisis, un acto como este puede incendiar el país”, aseguró el magistrado a la prensa.
En medio de este clima de incertidumbre, el Partido de los Trabajadores (PT) ya anunció que ratificará la candidatura de Lula el 15 de agosto ante la Justicia Electoral y que hará todo lo posible para que el ex presidente participe y gane las elecciones de octubre próximo. “El plan de los golpistas se choca con la fuerza política de Lula, que brota del alma del pueblo, que no acepta una condena sin pruebas ni delito ni la manipulación jurídica con fines políticos”, aseguró en un comunicado el partido que gobernó el país entre 2003 y 2016, hasta que el Parlamento, con el apoyo del Poder Judicial, destituyó a la ex presidenta Dilma Rousseff, en un juicio político en el que también brillaron por su ausencia las pruebas documentales.
Pruebas y delitos
Como sucedió hace dos años, cuando la mayoría de los diputados federales de Brasil argumentaron uno por uno la destitución de Rousseff, los argumentos leídos por los tres jueces del TRF-4 en Porto Alegre dejaron al desnudo la falta de pruebas documentales y la construcción de una condena a partir de una “convicción nacida del conjunto de indicios”.
Los tres jueces destacaron una y otra vez la importancia institucional de la figura de la Presidencia para la República y lo utilizaron como un agravante en sus argumentos para extender los nueve años y medio de cárcel que dictaba la condena de primera instancia de Sérgio Moro a doce años y un mes. El argumento fue que por tratarse de un ex presidente, que tuvo la máxima responsabilidad política del país, la pena debía ser mayor.
Pese a ello, no consideraron necesario demostrar exhaustivamente la responsabilidad de Lula sobre los delitos de corrupción pasiva y lavado de dinero, por los que fue condenado. En concreto se lo condenó por recibir un departamento de tres ambientes de 100 metros cuadrados construido por una cooperativa sindical en una zona balnearia de las afueras de San Pablo –un lugar popular entre la clase media que no puede acceder a las mejores playas ni a los lujos que demanda la élite– de manos de una constructora a cambio de garantizarle contratos con la empresa estatal Petrobras durante su gobierno, entre 2003 y 2011.
Ni en primera instancia ni en la corte de apelaciones, los jueces mostraron títulos de propiedad, un boleto de compraventa, facturas de servicios o cualquier documento que demuestre un vínculo legal entre Lula y el departamento. Tampoco mostraron ninguna evidencia de que el ex presidente o su familia haya habitado el inmueble en alguna ocasión, excepto imágenes de una visita que hizo una vez en 2014. El propio acusado reconoció haber recorrido el lugar, pero explicó que finalmente decidió no comprarlo.
Tampoco hay evidencias documentales para vincular a Lula con los contratos entre Petrobras y la constructora en cuestión, OAS. En todo el proceso, no pudieron detectar su nombre ni en las negociaciones previas ni en las conversaciones posteriores. El único “indicio” es que Lula, como presidente, tenía el poder de influir en las designaciones de los directivos de Petrobras.
Pese a la importancia institucional de la Presidencia de la República que tanto defendió en sus argumentos y pese a que el acusado es el favorito indiscutido para volver a ganar ese cargo en las urnas, Gebran Neto concluyó : “La demostración de la participación activa de Luiz Inácio Lula da Silva en cada uno de los contratos no es necesaria. El acusado, en realidad, fue el garante de un esquema más grande”. Y para demostrar el rol de Lula como garante, los jueces de primera y segunda instancia no necesitaron ninguna prueba documental. “La prueba indiciaria (proveniente de indicios) y la prueba indirecta tienen valor de prueba”, aclaró Gebran Neto.
Entre los indicios, la sentencia de primera instancia destaca la visita de Lula al edificio una vez, cuando ya no era presidente, y la acusación del empresario Leo Pinhero, un hombre condenado por el mismo entramado de corrupción que se declaró arrepentido y declaró contra Lula, lo que le valió ayer una conmutación de la pena de 10 a 3 años de cárcel.
“Hubo un juicio político bajo la fachada de un juicio jurídico”, sentenció Prado, al analizar la condena de segunda instancia y sus críticas no son minoritarias. Los cuestionamientos al proceso legal que enfrenta Lula crecen con las horas no sólo dentro de su base aliada, sino en todo el arco político y jurídico.
El fallo, terminó de confirmar que parte importante del Poder Judicial está determinado a frenar como sea la candidatura del ex presidente más popular de la historia de Brasil, aún si esto significa desatar una crisis política con consecuencias impredecibles.
Cuentan no sólo con la última palabra que les otorga la Constitución, sino con una parte poderosa de la élite política y económica, la misma que asumió el poder tras la destitución de Rousseff y que aspira como sea a mantenerlo, que no duda un segundo en apuntalar sus esfuerzos.
El miércoles a la noche, mientras las calles del centro de San Pablo se teñían de rojo iracundo. En el Foro Económico de Davos, en Suiza, el presidente más impopular de la historia de Brasil, Michel Temer, celebraba legitimado: “Mis adversarios están presos o desmoralizados”.
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