Por Washington Uranga
En términos políticos el gobierno comenzó el año pensando en una carrera que tiene como objetivo central los comicios presidenciales del 2019 y, por supuesto, el intento de reelección para el candidato de Cambiemos. Ese lugar puede ser ocupado por el propio Mauricio Macri o por quien mejor mida en las encuestas. María Eugenia Vidal está ubicada en un lugar de privilegio en la línea de largada.
Pero si bien el nombre del candidato o de la candidata se irá definiendo con el tiempo, es claro que los hombres del gobierno centran ahora sus preocupaciones y esfuerzos con la pretensión de eliminar posibles obstáculos y liberar de adversarios el escenario de manera de llegar de la manera más fácil y despejada a la contienda electoral.
Imagen: DyN
Ir por todo
En ese contexto cobra sentido el eslogan del «vamos por todo» que varios de los estrategas oficialistas comentan en conversaciones en privado. La afirmación puede tener lecturas diferentes y no implica, necesariamente, un cambio esencial de la estrategia desarrollada hasta ahora. Se alimenta, claramente, en el triunfo electoral del año anterior, así el crédito obtenido entonces se haya comenzado a dilapidar por lo menos parcialmente con la impopularidad de las medidas adoptadas al finalizar el año y en los primeros días del que acaba de iniciarse. Las encuestas -esa herramienta que tanto gusta al gobierno y a la que suele sujetarse para justificar muchas de sus acciones- así lo indican. El descontento respecto del gobierno aumentó y también perdió respaldo la figura presidencial, aunque según los mismos encuestadores aún se mantiene en niveles altos.
Algunas de las herramientas esgrimidas hasta el momento seguirán usándose. Continuará la ofensiva contra la oposición utilizando el Poder Judicial como fuerza de choque, conservando el hostigamiento permanente contra determinadas figuras mientras se mantiene a raya a algunos de opo-oficialistas con la amenaza latente de un carpetazo. Para la tranquilidad del gobierno el mismo Poder Judicial conservará el blindaje sobre los funcionarios, sin importar las imputaciones o acusaciones que recaigan sobre ellos. Esas denuncias no encontrarán cabida en los jueces alineados con el poder macrista.
Pero, como contrapartida de lo anterior, ya no habrá el mismo lugar para justificar en «la pesada herencia» todos los errores que comete el «mejor equipo de los últimos cincuenta (y dos) años». No se trata de abandonar el argumento. Se puede insistir en el mismo, pero ya no rinde los mismos frutos políticos y comunicacionales. Hay que hacerse cargo.
Es indudable que el equipo gobernante sigue contando con el inestimable apoyo de las corporaciones mediáticas, para continuar insistiendo en el explicación anterior, pero también para expresar que lo negro es blanco, que lo blanco en realidad es negro, que en el 2017 los salarios le ganaron a la inflación aunque el bolsillo diga lo contrario, que los aumentos en realidad son reajustes que favorecen a los consumidores y que todo se hace para, mediante un poco de sacrificio (sin alusión a quienes se sacrifican más) se pueda garantizar un futuro mejor (sin dar mayores precisiones sobre los presuntos beneficiados).
El sindicalismo
Pero hay dos frentes en los que el gobierno no termina de confiar, aunque con cada uno de ellos tenga relacionamientos distintos y diferentes puentes tendidos: el sindicalismo y la Iglesia Católica. Dicho esto con la dificultad existente para unificar bajo esos dos títulos a la enorme diversidad que encierran tanto el movimiento obrero organizado, como la comunidad católica de la Argentina.
Hasta el momento el gobierno logró mantener a raya a la dirigencia de la CGT explotando, en primer lugar, las propias contradicciones internas entre los dirigentes gremiales, y aprovechando la debilidad adicional que otorgan las distancias de la mayoría de estos con un Partido Justicialista también en crisis. Se intentó también, primero de manera más cauta pero ahora con mayor insistencia, vincular a la totalidad de la dirigencia sindical con la corrupción, utilizando todo el poder del Estado y el mismo Poder Judicial para poner en evidencia que muchos de los sindicatos «están flojos de papeles».
La amenaza de la cárcel para los sindicalistas pesa como una espada de Damocles que el gobierno esgrime ante -por ejemplo- la necesidad de seguir avanzando con la reforma laboral. Sin perder de vista tampoco el objetivo económico de planchar los reclamos paritorios para continuar bajando salarios. A fines del año anterior, en filas del macrismo se daba por hecho la aprobación del paquete de reformas laborales. El acuerdo con el triunvirato cegetista así lo hacía pensar. Pero comenzaron a tallar otros actores en el escenario. Dentro de la propia CGT se escucharon voces de reproche y de cuestionamiento al triunvirato y ya no fueron solo las dos CTA y la CTEP quienes estuvieron dispuestos a salir a la calle para expresar su malestar, sino que varios de los gremios encuadrados en la principal central obrera se mostraron díscolos a los acuerdos.
En el frente sindical el gobierno busca cerrar un pacto con algunos de los dirigentes más cercanos e incondicionales: Armando Cavallieri (Comercio), Antonio Caló (UOM), Rodolfo Pignanelli (SMATA) y hasta el propio Héctor Daer (Sanidad). Con ellos buscará hacer punta para impedir que Juan Carlos Schmid (el más crítico entre los triunviros) termine armando una alianza con Sergio Palazzo (bancarios) y algunos gremios de la CTA, frente al que podría sumarse también Pablo Moyano.
El objetivo oficial es impedir, a cualquier precio, que se avance hacia la unidad del movimiento obrero y, si es posible, ahondar las diferencias entre los dirigentes. Para eso utilizará todos los recursos a su alcance: la presión económica y fiscal sobre las obras sociales sindicales, la fiscalización de todos los recursos que mueven los gremios y sus dirigentes y, en la medida de lo posible (contando con que en esta democracia casi todo es posible cuando se cuenta con el poder de turno) seguir poniendo sindicalistas tras las rejas. Con ello se lograría un doble propósito: consolidar la idea de dirigente gremial=corrupto y mantener a raya y a la defensiva a la totalidad de la dirigencia obrera.
Todo esto sin perder de vista el objetivo de seguir aislando al sindicalismo de todo intento de rearticulación con el Partido Justicialista en cualquiera de sus formas y vertientes.
Los obispos
Con la Iglesia el tema es igualmente complejo. Se sabe que al gobierno no le cayó nada bien la elección de autoridades de la Conferencia Episcopal registrada en noviembre pasado. Ven en Oscar Ojea, el presidente, un hombre demasiado cercano a Francisco y en el Papa a un directo enemigo político del macrismo, aunque habite a miles de kilómetros de distancia y se reafirme cada día en su decisión de no venir a la Argentina así esté a pocos kilómetros visitando países limítrofes. Los principales voceros periodísticos del gobierno ya abandonaron la prudencia que usaban para criticar a Bergoglio. Ahora lo acusan directamente de propiciar, a través de quienes ellos identifican como operadores locales del Papa, acciones tendientes a desestabilizar el gobierno de Cambiemos.
El gobierno y quienes hablan en su nombre en los medios de comunicación descreen totalmente de que la preocupación del Papa y de los obispos que hoy conducen la Conferencia Episcopal sean los pobres como argumentan una y otra vez. Prefieren sostener que tanto Francisco como Ojea y los obispos alineados en esa perspectiva mantienen una postura ideológica en contra del neoliberalismo que los aleja del gobierno y no les permite aceptar el rumbo que está tomando el país. Por eso, en los pocos encuentros con los obispos, los funcionarios insisten en su idea de que están trabajando para los menos favorecidos. La Iglesia Católica sigue siendo la red territorial más extendida en el país y el contacto diario en parroquias y capillas arroja síntomas de la crisis mucho más incontrastables que las encuestas y los grupos focales encargados por el gobierno.
También desde el oficialismo se le reprocha a los obispos que no hagan lo posible para cuestionar públicamente a los Curas en la Opción por los Pobres por su cercanía con el kirchnerismo y que no intenten silenciarlos. Esperarían también una desautorización a los movimientos sociales que dicen actuar inspirados en las enseñanzas de Francisco y la doctrina social de la Iglesia.
Temen, además que, aún dentro de los cánones de prudencia y cierta ambigüedad que maneja la dirigencia eclesiástica, las críticas de los obispos hacia el modelo económico y político vayan en aumento.
Y a nadie, en el gobierno, le gustaría ver mayores acercamientos entre dirigencia sindical, movimientos sociales y obispos. Ese es, para los estrategas de Cambiemos, el peor escenario.
