LO MEJOR YA PASÓ

Por David Cufré

El poder adquisitivo del salario se ubicará en marzo en su punto más bajo en siete años. El Gobierno solo podría evitarlo si la inflación del primer trimestre fuera inferior a un promedio de 1,5 por ciento mensual.


Imagen: EFE

Con los aumentos anunciados de electricidad, gas, transporte, telefonía celular, medicina prepaga, educación privada y combustibles, entre otros, las estimaciones más conservadoras anticipan un alza de precios durante el verano de no menos de 2 puntos en promedio por mes.

La Fundación de Investigaciones para el Desarrollo (FIDE) indicó que en ese caso “el salario real alcanzaría en marzo un nivel que, en comparación al mismo mes de cada año, sería el más bajo desde 2011”, situación que se producirá ya con un incremento del IPC de 1,5 por ciento mensual. Es decir, el retroceso que se produjo en la capacidad de compra de los asalariados en los primeros dos años de gestión de Mauricio Macri será más pronunciado cuando se haya consumido una cuarta parte de 2018.

La respuesta del Gobierno frente a ese deterioro es pretender imponer un techo a las paritarias del 15 por ciento. Los despidos a granel en la administración pública y la identificación del sindicalismo con la corrupción que las autoridades nacionales pusieron en el primer plano de la agenda mediática son funcionales a ese objetivo.

Más allá de que consiga o no fijar el techo del 15 por ciento, claramente la estrategia oficial descarta una recuperación del salario como fuente de estímulo para el crecimiento económico este año. La rebaja en los aumentos a jubilados y titulares de la seguridad social con el cambio de la ley de movilidad va en la misma dirección. La política económica no logró contener la inflación, está hundiendo el consumo de los trabajadores y regaló rentabilidades extraordinarias al capital financiero con las altas tasas de interés.

El fracaso de ese modelo para las mayorías populares no produjo sin embargo una corrección en el rumbo, que por el contrario volverá a aplicarse con mayor intensidad en los próximos meses. El resultado, con las mismas decisiones, será el mismo fracaso.

“¿Lo mejor ya pasó?”, se pregunta el último informe de FIDE al analizar el panorama para 2018. Lo “mejor” fue el rebote del segundo y tercer trimestre de 2017 en comparación con la aguda recesión de 2016. Ya la última parte del año pasado empezó a marcar una desaceleración del crecimiento según surge de datos oficiales y estimaciones privadas. La razón es que los principales factores que permitieron una recuperación del PIB que solo alcanzó para compensar la pérdida del primer año de mandato de Cambiemos -pero igualmente con más desempleo, más desigualdad social, menos salario, menos poder de compra de las jubilaciones, importantes sectores productivos en crisis, déficit externo record, elevado déficit fiscal y aumento exponencial de la deuda pública- han empezado a desvanecerse.

“La mejora del salario real y la inversión pública que se produjeron en el segundo y tercer trimestre de 2017 perdieron impulso”, destaca el documento de la Fundación que conduce la ex presidenta del Banco Central, Mercedes Marcó del Pont.

“La inflación anual superó todas las previsiones y se ubicó en 24,8 por ciento, al tiempo que el incremento del PIB difícilmente supere en 2017 el 2,8 por ciento acumulado hasta octubre”, agrega.

“Esta lentificación de los niveles de actividad y consumo se proyecta inercialmente para 2018. El Gobierno maneja una hipótesis de aumento del PIB de 3,5 por ciento, pero no hay ningún dato objetivo que habilite a pensar que este año será mejor que el anterior. Ya no se dará el efecto ‘rebote’ que predominó en 2017 y, de acuerdo a los datos presupuestarios, el estímulo fiscal por la vía de la inversión pública se reducirá. En lo que hace a la inversión privada, siguen sin aparecer señales ni condiciones que auguren un rol más dinámico de esta variable. Por su parte, el recorte de subsidios económicos con su contracara en término de aumento de tarifas promete repetir el impacto negativo sobre el ingreso disponible del sector privado.

Por el lado de la demanda externa tampoco se advierten razones para esperar una recuperación de las exportaciones. No ayuda el retraso cambiario acumulado, pero menos aún las condiciones de la economía internacional, donde se espera un crecimiento moderado del comercio global y regional y un estancamiento en las cotizaciones de los productos agrícolas”, completa la descripción del escenario para los próximos meses.

La conclusión en base a ese diagnóstico es que “la inercia de la actual situación conduce a una lentificación del crecimiento, no a una intensificación como proyecta el oficialismo”. De hecho, las estimaciones de consultoras privadas identificadas con la política económica y organismos internacionales promedian un 2,5 por ciento de avance del PIB este año. “A nuestro juicio -advierte el paper de FIDE-, tal previsión solo estaría garantizada si mediara una recuperación relevante en la masa salarial que empujara el consumo interno. Sin embargo, ese escenario no parece consistente con la agenda de reducción del costo laboral que el Gobierno aspira a encarar desde varios frentes de la política pública”, completa.

Es decir, aquel modesto 2,5 por ciento de expansión puede resultar difícil de alcanzar con los planes que va descargando el equipo económico. De acuerdo a los análisis de distintos consultores, desde Orlando Ferreres a Emmanuel Alvarez Agis, el arrastre estadístico que deja 2017 para este año ronda 1 punto del PIB, por lo cual la evolución real de la economía en 2018 será de un virtual amesetamiento que no permitirá revertir las tensiones crecientes del modelo ni problemas graves como la desocupación y las crisis sectoriales.

La principal y casi única variable a la que se abocó el Gobierno en estos dos años fue el control de la inflación. Los resultados están a la vista. Desde que Alfonso Prat Gay dijo en noviembre de 2015 que el gobierno de Macri subiría el dólar oficial y eso no tendría impacto en la inflación porque los precios ya estaban fijados al valor del dólar blue, en 15 pesos, el IPC acumuló un aumento de 73 puntos porcentuales.

En noviembre de ese año, con el anticipo de la devaluación, el índice de inflación porteño escaló a 2,0 por ciento, y con el salto cambiario ya concretado, fue del 3,9 por ciento en diciembre. Luego la inflación llegó a 41,0 por ciento en 2016 y fue de 26,1 por ciento en 2017 (24,8 según el nuevo IPC nacional del Indec). La única receta para enfrentar la suba de precios, pese a todo, siguen siendo las metas de inflación y el manejo de la tasa de interés. Como se ve, esos instrumentos no han resuelto el problema y más bien ayudaron a engendrar otros más graves como parte de una política de apertura al capital especulativo. A esta altura, el ancla salarial, el aumento de las importaciones, el ajuste del gasto público y un consumo deprimido parecen ser las verdaderas alternativas oficiales para contener la escalada de precios. Es un esquema en el que algunos pocos sectores concentrados pueden salir ganando, pero para la mayoría otra vez lo peor está por venir.

 

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