Tras una nueva reunión realizada hoy de la Mesa de Diálogo intersectorial para garantizar el servicio de agua potable en Posadas, la cual tuvo lugar en la sede de la Defensoría del Pueblo de la Capital provincial, se planteó el «total desacuerdo» con la actual política de comunicación por parte de SAMSA y se le reclamó a la empresa que eleve una nueva propuesta en la cual -más allá de cumplir con los aspectos legales vigentes-, se priorice los intereses de la comunidad.
Del encuentro participaron la ministro de Derechos Humanos, Lilia Marchesini, representantes del Ente Provincial Regulador de Aguas y Cloacas (EPRAC), representantes de SAMSA, de la Municipalidad de Posadas, el diputado provincial Martín Sereno, la organización Consumis, y referentes de diversas asociaciones vecinales, además del equipo técnico de la Defensoría del Pueblo.
El tema central del encuentro -que se llevará a cabo semanalmente, tal como propuso el ombudsman posadeño-, fue la Comunicación, ante lo cual los representantes de SAMSA expusieron que «toda información con respecto a reparaciones programadas o cortes por roturas imprevistas de la red de agua potable se basan en lo que figura en el contrato de concesión», y añadieron que «solo dará parte informativo si así lo requiera al ente regulador (EPRAC)».
Al respecto todos los integrantes de la Mesa manifestaron su desacuerdo, al sostener que por más que el sistema informativo de la empresa prestataria del servicio de agua potable se «ajuste a contrato», al tratarse de un servicio elemental, deben implementar una estrategia comunicacional que realmente llegue a la población y, en especial a quienes se verían afectados ante las diversas situaciones potenciales que puedan sucitarse.
Por esta razón, es que las distintas instituciones y organizaciones presentes en la reunión plantearon por unanimidad que para la semana próxima la empresa presente una nueva propuesta de Comunicación a la Mesa, dado que del encuentro no participaron representantes con autoridad suficiente como para asumir compromisos por parte de SAMSA.
Por su parte, la Defensoría propuso dos cuestiones bien específicas, la primera es que la empresa prestataria del servicio de agua potable establezca un sistema de comunicación realmente efectivo y eficiente sobre los cortes programados, para que no tomen por sorpresa a usuarios de la zona afectada, e insistió en la necesidad de que implemente un Plan de Contingencia «donde se tome como prioridad la comunicación inmediata y la provisión de agua potable, según establecen las normas de la Organización Mundial para la Salud (OMS), en el caso de que el corte supere las ochos horas sin suministro de agua».
