Por Región Norte Grande
No todo es color de rosa con la reforma fiscal que se aprobó hace pocos días. Es que las pequeñas y medianas empresas (PyME) del NEA–NOA no podrán seguir deduciendo contribuciones patronales del IVA y eso significará un duro golpe para su economía.
Esta medida se había adoptado hace 15 años para promover la radicación de industrias en las provincias del interior, principalmente en el Norte Grande (NEA–NOA) y la Patagonia, otorgando un beneficio que no existe en Buenos Aires y la Capital Federal.
El año próximo, cuando la reforma entre en vigencia, se dará inicio a una quita progresiva de este beneficio que igualará la situación para las PyME de Misiones con las de los grandes centros urbanos del país, situación totalmente injusta ya que la facturación y las condiciones económicas no son iguales entre las regiones.
El artículo 4 del decreto 814/2001 establece que el empleador puede computar como crédito fiscal del IVA el monto que resulta de aplicar, a la base imponible de las contribuciones patronales efectivamente abonadas, determinados puntos porcentuales que varían según la zona geográfica y favorecen a la Patagonia, al NEA–NOA.
En el caso de Posadas, las PyME actualmente pueden deducir 9,7% y ese porcentaje continuará igual para 2018; pero a partir de 2019 se reducirá a 7,30%; en 2020 bajará a 4,85%, en 2021 a 2,45% y finalmente en 2022 la deducción desaparecerá y las PyME deberán abonar la totalidad.
El resto de Misiones tenía una compensación aún superior porque las dificultades económicas para las PyME son mayores. Durante 2018 se mantendrá la deducción de 10,75; en 2019 se reducirá a 8,05%; en 2020 a 5,40%; en 2021 a 2,70% y en 2022 bajará a 0%, eliminándose el beneficio definitivamente.
En otras provincias de la región, con características económicas similares, también se aplicará el recorte. Por ejemplo, la ciudad de Corrientes pierde la posibilidad de deducir de 9,70% a 0%; las PyME de Formosa pierden de 10,75% a 0% y la que era más beneficiada, el resto de Chaco, pierde de 11,80% a 0%.
Las diversas entidades que representan a las pequeñas y medianas empresas manifestaron su inquietud por esta medida que las perjudicará notablemente. La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) expresó su “preocupación por la derogación del anexo I del decreto 814. Esta es la única herramienta que se utiliza para compensar la presión de las contribuciones patronales en el interior, computando un porcentaje de las remuneraciones como crédito fiscal en el IVA. A la fecha, el máximo porcentaje es el 11,8% que corresponde a la zona Resto del Chaco”, indicó la entidad.
“El instrumento es muy importante si se tiene en cuenta que los acuerdos salariales se definen desde una óptica de las ciudades más desarrolladas y que para una PyME del interior resulta dificultoso asumir. Con el nuevo proyecto, se establece un esquema que disminuye el beneficio en varias regiones y que finalmente se elimina en 5 años”, se indicó.
“Las PyME apoyamos las reformas, aunque naturalmente creemos necesario discutir el Decreto 814/01 que se reemplaza por un régimen menos beneficioso para compensar las desventajas de los empresarios en el interior del país, la prohibición de acordar sumas no remunerativas en las Convenciones Colectivas de Trabajo y las subas de impuestos internos”, dijo Fabián Tarrío, titular de la CAME.
“Veríamos con agrado que en el texto difundido se haga mención a políticas diferenciadas orientadas a las PyME y a las provincias fronterizas que enfrentan en la actualidad un problema de competitividad, e inquieta el impacto sobre las economías regionales”, agregó el empresario.
La Unión Industrial Argentina se manifestó en el mismo sentido, solicitando al Gobierno la posibilidad de continuar deduciendo contribuciones de IVA en las provincias. El presidente de la entidad, Miguel Acevedo, insistió en la necesidad de “mantener la vigencia del decreto 814, que permite computar como crédito fiscal a las contribuciones patronales”.
Acevedo se refirió a la importancia de la continuidad de este beneficio que promueve la radicación de empresas fuera de los grandes centros de consumo “para que no peligre la continuidad de los empleos” que se generan en esas regiones.
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