Por Damian Loreti
Esto que usted está leyendo está en peligro. Y, en consecuencia, usted también.
Con este hashtag ha comenzado la campaña destinada a lograr que el Congreso de los Estados Unidos revierta la decisión de la autoridad de las comunicaciones (Federal Communications Commission – FCC), que el jueves 14 desmanteló las reglas fijadas en 2015 por el mismo organismo para instaurar la neutralidad de red. Las nuevas directrices llevan por título Restaurando el orden en la libertad de internet. Y no es irónico.
La regla de neutralidad de red es la garantía de no discriminación en el mundo digital. Según este principio, adoptado efectivamente como ley en muchos países incluido el nuestro, queda prohibida toda medida técnica o de políticas de uso que puedan tomar los proveedores de contenidos o servicios destinada a bloquear, dificultar, deteriorar o discriminar por pago u otras razones, a favor o en contra, aquello que transita por la red. Incluido lo que Ud. lector está leyendo en estos momentos.
¿Es efectivamente posible que eso pase? Sí, claro. Existen capacidades técnicas que permiten a las empresas que proveen servicios de conectividad establecer mecanismos de control del tráfico de contenidos. Como mínimo, se pueden habilitar carriles rápidos o lentos según de qué sitios se trate. Para ponerlo sencillo: si su proveedor de internet compite con Google o Netflix, imagínese con qué velocidad y calidad de descarga accederá a esos sitios. Y a la inversa, si utiliza el buscador o el servicio de video on demand del proveedor, es probable que obtenga respuestas de alta velocidad.
La caída de las reglas de neutralidad de red en Estados Unidos es el resultado del lobby empresario iniciado en 2015 en contra de la administración Obama en la FCC. El actual presidente del organismo, Ajit Pai, fue abogado del gigante de las telecomunicaciones Verizon, una de las mayores beneficiadas junto con Comcast, AT&T y Time Warner. Los memoriosos recordarán los casos “Comcast” referidos al control de la concentración en el mercado de la televisión por suscripción y traídos al debate judicial de la ley de medios audiovisuales. Sí, es esa misma empresa.
Soberanía informática
Aun cuando en América Latina un tercio de la población no tiene acceso a conectividad real, lo cierto es que quienes hacen nuevas páginas web o periodismo on line, los activistas, los políticos, los artistas que suben sus contenidos por fuera de las corporaciones de la industria cinematográfica y los sellos discográficos, los bancos de fotos, o los sencillos usuarios de servicios de la red, todos apelan a una plataforma en la cual nadie dirige el tráfico.
Los problemas que trae para la diversidad en materia de contenidos y soberanía cultural la concentración global de los negocios comunicacionales son bien conocidos, incluso desde antes de la masificación del uso de internet. Esta regla, lejos de solucionar esos conflictos, los agudiza. Con sólo observar por dónde pasan los caños que concentran el tráfico de la web notaremos que, según de qué mano lleguen los bytes, vendrán más rápido o más lento. Por plata o por afecto.
La presidenta Dilma Rousseff fue una de las primeras líderes latinoamericanas que tuvo clara la trascendencia de esta discusión. Además de impulsar el Marco Civil da Internet, una ley modelo que promueve la neutralidad de red como principio rector, Dilma protagonizó una lucha para tener servidores y nodos propios de tráfico de internet en Brasil y lograr así un estándar de soberanía informática inédito para la región. Sus esfuerzos, como su mandato, quedaron truncos luego del golpe institucional.
Las consecuencias
Vista la noticia, es oportuno empezar a preguntarse que irá a pasar, con algunos márgenes de dudas. Considerando la cantidad de tráfico que pasa por Estados Unidos y sus empresas de conectividad (no sólo las que llegan a los domicilios sino las que manejan conexiones troncales) hay que empezar a preguntarse por los efectos.
El primer impacto ya se siente a nivel interno. Las organizaciones de derechos humanos en general y de derechos digitales en particular han iniciado campañas de lobby con diputados y senadores y anunciaron que promoverán demandas judiciales. Con la composición actual de la Corte Suprema en Estados Unidos, hay pocas esperanzas de que esas acciones prosperen. Pero la batalla entre la Primera Enmienda y la defensa de la libertad de expresión frente a los negocios globales puede ser apasionante.
Otros impactos serán externos y pueden representar el comienzo de una nueva era para la web. El primero de ellos tiene que ver con esclarecer las posibilidades técnicas de los operadores locales para evitar o sostener los mecanismos de control de tráfico impuestos por las empresas estadounidenses con las que se interconectan.
La segunda cuestión está vinculada con los compromisos económicos al importar contenidos (de todo tipo) desde Estados Unidos a otros países. ¿El uso de las interconexiones de —por ejemplo— los operadores europeos con los Estados Unidos obligará a que dejen entrar con mejores condiciones a los contenidos norteamericanos? Las políticas de defensa de contenidos de interés canadiense a lo largo de la historia fue un ejemplo, así como las cuotas de producción europeas, pero las salas de cines y las pantallas las ponían los canadienses y los europeos. ¿Podrá ser igual ahora?
Una última cuestión, más ligada al orden legal, es la incertidumbre en torno a la capacidad de los países que han adoptado normas internas de neutralidad de red para sostenerlas en vigencia y por cuánto tiempo. Cuando Argentina adoptó las reglas de neutralidad de manera consolidada, en 2014, poco impacto tuvo en la opinión pública. Las reformas impulsadas en el último bienio fueron todas regresivas en términos de concentración y no han enfrentado obstáculos jurídicos ni políticos. Chile también tiene leyes que garantizan la neutralidad desde 2010. ¿Los nuevos aires de gobierno permitirán sostenerlas?
Nuevo orden
Los relatores de libertad de expresión de la CIDH y la ONU han manifestado su preocupación por el cambio de reglas. Según su presentación a la FCC, el nuevo marco normativo incluye disposiciones que contrarían estándares internacionales y quitan transparencia al funcionamiento de las empresas de conectividad.
Pero, claro, si Trump retiró a Estados Unidos del Convenio de París sobre protección del medio ambiente, sería raro que una instrucción suya a la FCC sea revertida por las quejas de los organismos internacionales de derechos humanos. Los decretos de expulsión de inmigrantes solo pudieron ser frenados por los tribunales y luego de varios intentos de corrección e insistencia para tratar de hacer constitucional lo que no era.
Detrás de esta reforma, que implica un verdadero cambio de paradigma, hay un puñado de proveedores de servicios de internet con sus propios socios e intereses. Y muchas ganas de cobrar por lo que antes no facturaban. La cadena incluye canales de TV, radios, diarios, productoras, empresas de cine, disqueras y un montón de etcéteras. En suma, una mañana, cada uno de nosotros podrá salir de la cama y encontrarse con que su vida digital ha cambiado.
Cuando quiera leer una nota en El Cohete A La Luna y se encuentre que carga primero la transmisión en vivo de un canal de noticias o de peliculas, ya sabrá a quién echarle la culpa. Pero antes de protestar por eso o porque sus correos demoran, tómese un minuto para juntar aire en nombre de la democracia y los derechos de la comunicación. Después, proteste con todo ese aire.
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