Comunicadores de la Argentina (COMUNA) condena las operaciones represivas que el lunes 18 de diciembre volvieron a impedir el derecho de la ciudadanía a manifestarse públicamente, como corresponde a una democracia, y en particular los ataques y detenciones indiscriminadas de trabajadores de prensa de todo tipo de medios.
Preservar la seguridad de los ciudadanos en los espacios públicos, especialmente en situaciones de conflicto o tensión política y social, es una obligación de los gobiernos que se dicen democráticos. Como establecen las reglas y protocolos internacionales, las fuerzas estatales tienen como imperativo primario la disuasión y el uso proporcional y controlado de sus recursos.
Sin embargo, el régimen de Mauricio Macri, después de la represión feroz del jueves 14, y de la cacería de civiles inermes que se prolongó varias horas después de concluida la manifestación que rechazaba la quita de fondos a los jubilados, pensionados, veteranos de la guerra de Malvinas y niños beneficiados por la Asignación Universal por Hijo, lanzó otra vez un operativo que potenció la violencia y agravó el conflicto.
En efecto, bloqueó la zona del Congreso Nacional desde el día previo a la sesión convocada para este lunes, con la clara intención de impedir el derecho de los argentinos a manifestarse.
Durante la mañana del lunes empleó centenares de efectivos para demorar y bloquear a ciudadanos que querían llegar a la Ciudad de Buenos Aires, con requisas abusivas a los autobuses, incluyendo a los que transportaban a maestras y maestros del Gran Buenos Aires.
El proclamado propósito de prevenir la violencia quedó sin embargo desmentido cuando este gigantesco operativo no pareció interesado en impedir que algunos grupos minúsculos cometieran acciones que, una vez más, las fuerzas de seguridad usaron para reprimir indiscriminadamente a personas de todas las edades, incluyendo a jubilados que caminaban solos por calles aledañas.
Periodistas en la zona declararon a COMUNA que constataron que cuando las columnas llegaban a la zona bloqueada, frente a los vallados, un grupo de alrededor de 30 encapuchados, previsiblemente infiltrados de las fuerzas de seguridad que portaban palos y otros elementos, avanzó por la calle Hipólito Yrigoyen y se ubicó en la cabecera, para lanzar desde allí acciones de violencia. Agregaron que una vez que las refriegas se generalizaron se retiraron también en grupo, sin que ninguno de ellos fuera “marcado” por los proyectiles de pintura de la policía y mucho menos detenidos.
Asimismo, Claudio Lozano, diputado nacional con mandato cumplido, publicó en su cuenta de Twitter este texto: “Vimos con nuestros propios ojos cómo dos personas ingresaban al departamento de Policía con las pecheras de ATE y al entrar se las sacaron y tenían los chalecos antibalas de la Policía”.
Durante el operativo gubernamental, que no tuvo el propósito de garantizar la paz y la seguridad en las calles sino el de frustrar la protesta ciudadana, los trabajadores de prensa volvieron a ser víctimas de la violencia, objeto de golpes, heridas de proyectiles de las fuerzas estatales intervinientes y detenciones arbitrarias.
COMUNA vuelve a denunciar que este accionar del gobierno es violatorio de garantías constitucionales, aleja al país de la vigencia plena del Estado de Derecho y lo empuja hacia un estado de excepción.
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