Por COMUNA
Las medidas contra los opositores al régimen macrista dispuestas el jueves 7 de diciembre por Claudio Bonadío tienen punto de partida y se sustentan en operaciones minuciosas de los medios de difusión que se oponían al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y ahora son aliados estrechos del oficialismo.
Temprano en la mañana del lunes 19 de enero de 2015, al día siguiente de la muerte del fiscal Alberto Nisman, conductores y columnistas de los medios del grupo Clarín instalaron una interpretación expresada en pocas palabras: el funcionario judicial acusó a la presidenta y, en consecuencia, la presidenta lo mandó a matar. Así lo dijo, entre otros, Jorge Lanata, en la pantalla de TN, del grupo Clarín.
Desde aquellos días hasta hoy, centenares de medios del grupo y de otras empresas que comparten intereses políticos y económicos fueron enhebrando una descripción de los hechos acomodada para imputar a la entonces mandataria y varios de sus funcionarios, para lo cual dieron y dan por ciertas afirmaciones nunca verificadas y presentan como “pruebas” hechos que no ocurrieron, como la supuesta suspensión de la orden internacional de detención contra los iraníes acusados por el atentado a la AMIA, desmentida por la Interpol.
La oposición política conservadora a la presidenta Fernández de Kirchner, encabezada entonces por Mauricio Macri, se convirtió en reproductora automatizada de cada una de las maniobras mediáticas para sostener la tesis del asesinato de Nisman y el involucramiento de quienes ahora son perseguidos por Bonadío, un juez que además se caracteriza por tomar medidas que funcionan en sintonía sincronizada con las necesidades políticas del régimen.
La tesis de la comisión de un delito por el memorándum de entendimiento con Irán, instrumento que se basa en la Carta de las Naciones Unidas y estaba destinado a tomar declaración a los acusados iraníes -requisito procesal indispensable en la normativa argentina-, fue expresada una y otra vez por los medios dominantes y hoy repetida incansablemente en sus espacios. Es sostenida al precio de ocultar al público que ese instrumento contó con aval parlamentario y, además, no llegó a una aplicación efectiva.
A medida que se aproximaba la primera prueba electoral para el régimen macrista, el dispositivo de difusión de información y opinión tendiente a desembocar en la culpabilización judicial aceleró los tiempos, anticipando minuciosamente los pasos que Bonadío y otros jueces debían seguir para condicionar en general a la oposición y especialmente a Fernández de Kirchner.
Cada una de las “novedades procesales” fue y es apuntalada además con dispositivos de intervención en las “redes sociales”, operaciones de gran intensidad y altos costos -afrontados con recursos públicos-, y de las que está señalado como cabecilla el jefe de Gabinete, Marcos Peña. A la vez, se oculta totalmente la causa referida al encubrimiento del atentado.
Algunos ejemplos que ilustran este dispositivo minuciosamente planeado:
– El miércoles 18 de enero de 2017 Joaquín Morales Solá publicó en La Nación que una “mayoría social” está convencida de que Nisman fue asesinado y que su ex esposa, Sandra Arroyo Salgado, aportaría “pruebas”.
– El domingo 5 de febrero, Julio Blanck en Clarín incluyó la acusación por el memorándum de entendimiento con Irán como uno de los elementos que anticipaban “la demolición judicial y política” de Fernández de Kirchner. Relató que Bonadío, el juez Lijo y el fiscal Germán Moldes mantuvieron una “charla” el 18 de enero en la que “intercambiaron ideas” sobre las acciones contra la ex presidenta. Dio detalles: hablaron durante un cóctel en el Palacio Bosch, en la despedida al embajador de Estados Unidos, Noah Mamet, escribió.
– El 2 de junio, después de que Bonadío fue puesto a cargo de la causa por “encubrimiento” al atentado a la AMIA, Blanck anticipó que se decidiría la indagatoria y el procesamiento de Fernández de Kirchner. Lo hizo además jactándose de que él mismo había anticipado varios meses antes que esta causa sería entregada a Bonadío. Luego, en columnas sucesivas, fue anticipando que la Gendarmería daría un “dictamen” -pedido por el macrismo-, en el que concluiría en que Nisman fue asesinado, contra las pericias forenses que habían dictaminado que se había suicidado en su departamento.
-El 17 de septiembre, Ricardo Kirschbaum escribió en Clarín que el senador Miguel Pichetto armaría un bloque sin Fernández de Kirchner. Agregó que el bloque de Cambiemos y el de Pichetto conformaría “un número de peso fundamental” para alcanzar los dos tercios de la Cámara, que es la proporción necesaria para aprobar un desafuero como el que ahora pidió Bonadío.
Ese mismo día, Morales Solá escribió que Bonadío resolvería en pocas semanas sobre el pedido del fiscal Pollicita por la imputación de “traición a la patria”, tal cual ahora ocurrió.
-El 23 y 24 de septiembre los medios oficialistas como Clarín, La Nación e Infobae, dieron gran despliegue al “informe” de la Gendarmería con la afirmación de “asesinato” del fiscal, difundido en plena campaña camino a las elecciones legislativas. Los artículos “noticiosos” y de opinión desconocieron las objeciones a este trabajo hecho por la fuerza conducida por la ministra Patricia Bullrich.
Por la tarde del jueves 7 de diciembre, tras las decisiones de Bonadío, Clarín tenía publicadas en su portal en línea cinco notas con firma para convalidar las medidas procesales contra los opositores. Una vez más este blindaje obligaba a los autores (Blanco, Salinas, Santoro, Savoia) a ocultar numerosos aspectos esenciales, como el hecho de que el propio Bonadío había sido acusado de encubrimiento del atentado a la AMIA por el fiscal Nisman.
La matriz de la maniobra fue la misma que la aplicada en otros casos: en el momento de las detenciones, en plena madrugada, las fuerzas intervinientes estaban convenientemente escoltadas por medios que tomaron imágenes de los detenidos, esposados, para su multiplicación posterior.
Como COMUNA sostuvo reiteradamente, estas acciones en colusión entre el macrismo, sectores de la justicia y la industria mediática evidencian la existencia de un dispositivo que está desarticulando el Estado de Derecho y poniendo al país en un estado de excepción, en el que garantías constitucionales esenciales están siendo pisoteadas.
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