Por Francisco Machin, Evelin Heidel y Mariano Treacy
De cara a la próxima reunión ministerial de la OMC en Buenos Aires, uno de los temas centrales a tratar será la posibilidad de un acuerdo sobre Comercio Electrónico, que las grandes corporaciones de la industria tecnológica intentan impulsar como un Caballo de Troya mostrando supuestos beneficios para pymes.
Actualmente más del 50% de la población mundial está conectada a internet, lo que ha introducido una gran oportunidad de negocios mediante el Comercio Electrónico o E-Commerce. En América Latina y el Caribe la penetración de internet, del teléfono móvil y de las redes sociales es superior al promedio mundial, mientras que el comercio electrónico se ubica en torno a la media mundial del 23% de la población.
Bajo el engañoso nombre de Comercio Electrónico se esconde en realidad una amplia gama de temas que además de la compra o venta de bienes o servicios realizada a través de plataformas digitales incorpora aspectos relacionados a instalaciones informáticas (servidores, infraestructuras de almacenamiento), productos digitales (software) y transmisiones electrónicas de información, que abarcan desde la transmisión de datos personales de los usuarios hasta los bienes que se consumen en plataformas como Netflix.
El flujo transfronterizo de datos creció 45 veces desde el 2005 y se multiplicaría por 9 en los próximos cinco años. Para el caso de Argentina, considerando solo compras en línea, se estima que el 90% de la población adulta conectada ha realizado por lo menos una. En este sentido, Argentina se ubica en uno de los primeros lugares en el ranking, con una facturación anual de $102.700 millones en el 2016.
Cada compra o venta por internet, cada búsqueda que hacemos, los mails y mensajes que enviamos, los movimientos de dinero a través de la banca electrónica y hasta los lugares que visitamos son almacenados como información en los servidores de las empresas que nos proveen estos servicios. La información que entregamos les permite a estas empresas generar perfiles muy detallados de nuestros gustos, preferencias, poder de compra, entre otros datos sobre nosotros que ni siquiera sabemos, que luego son utilizados para vender anuncios a terceros, prever tendencias o mejorar la capacidad de predicción y funcionamiento de los algoritmos que estas empresas controlan. La acumulación masiva de datos que los mismos usuarios generan (lo que se conoce como el “big data”) es lo que les permite a estas grandes empresas obtener fortunas, y es por esto que los datos son considerados el petróleo del siglo XXI y uno de los principales activos de estas compañías, que los consideran de su propiedad.
Los aspectos centrales de la discusión sobre comercio electrónico giran alrededor de tres ejes: la protección de los datos personales de los usuarios, la obligación de localización de la información y la transferencia de tecnologías.
En materia de protección de datos personales, cuando un usuario envía información a través de la red, esta puede localizarse en un servidor localizado en el extranjero. Esto es lo que se conoce como “flujo transfronterizo de datos”, ya que sobrepasa las fronteras nacionales, y la mayoría de los países tienen leyes que protegen este intercambio de datos de manera de resguardar la seguridad de los datos de los ciudadanos. Estados Unidos, acorde con su falta de legislación sobre este tema, sostiene la postura más radical de que los estándares nacionales de protección de datos personales deben ser considerados como barreras al comercio, mientras que Japón y la Unión Europea, aunque impulsan esta agenda, mantienen la posibilidad de mantener protegida en servidores locales la información sensible como los datos fiscales, historias clínicas o información financiera.
El segundo aspecto clave de la negociación del Comercio Electrónico en la OMC es el de la localización obligatoria de los servidores de las empresas en el territorio local, que en la práctica querría decir que, por ejemplo, para que Facebook pueda prestar su servicio en un determinado país, debería primero tener los servidores localizados en ese país. Esta es una regulación reciente y novedosa que algunos países le están exigiendo a las empresas extranjeras y que estas se resisten a aceptar, y es por ello que están intentando insertarla en este acuerdo como una barrera al comercio. En la práctica, para los países la exigencia de localización les permite desarrollar capacidades e infraestructura local que de otro modo se localiza afuera.
Otro aspecto que están buscando sellar en este acuerdo es la imposibilidad para los Estados de que por razones regulatorias exijan el acceso al código fuente de los software que adquieran, lo que puede tener impacto sobre temas sensibles como la seguridad nacional o el manejo de infraestructura crítica.
Las cinco empresas transnacionales de alta tecnología con base en Estados Unidos (Google, Apple, Facebook, Amazon y Microsoft) intentan que avance la agenda del Comercio Electrónico en el escenario internacional haciéndolo pasar como si fuera de interés general para protegerse también de las exigencias que están recibiendo a nivel local. La posición que presentan ofrece una mirada benigna sobre los efectos de la liberalización del Comercio Electrónico, mostrándolo como una herramienta para que las Pequeñas y Medianas Empresas (PyME) puedan acceder al mercado global. Según sus propios indicadores, aquellas empresas que participan en las plataformas de comercio electrónico (como eBay, Amazon, etc.) tienen más posibilidades de exportar gracias a que el uso de la tecnología y los servicios logísticos y financieros asociados les permiten sortear las barreras y la distancia, reorganizando el proceso de trabajo y las gestiones cotidianas de las empresas.
Sin embargo, esta postura no tiene en cuenta que existen asimetrías estructurales como el acceso a la infraestructura de la red, a los sistema de pagos y a las capacidades tecnológicas, entre otras, que provocan que los resultados de estos acuerdos difícilmente puedan compartirse. La postura crítica de la agenda de liberalización del Comercio Electrónico de los países del sur global se fundamenta en un rechazo del control monopolístico de la información y los datos por parte de los gigantes tecnológicos de Silicon Valley y en la identificación de la desigualdad que subyace al comercio digital y al comercio electrónico. Los países del Sur Global, encabezados por la India y el Grupo Africano han manifestado que no dejarán que avance la agenda de la liberalización del Comercio Electrónico en la MC11 de Buenos Aires. Estos países plantearon que solamente se adherirán a las cláusulas no vinculantes del Programa de Trabajo de 1998 y se negarán a discutir compromisos para negociar reglas y procedimientos hasta que todos los miembros hayan explorado los riesgos e impactos.
Los efectos de liberalizar a toda costa los mercados son muy grandes y repercuten negativamente sobre diversos actores locales ya que no solo aumentan el grado de concentración económica y poder de las grandes empresas transnacionales sino que restringen la soberanía regulatoria sobre áreas estratégicas vinculadas a información sensible.
La firma de un acuerdo vinculante sobre comercio electrónico promueve asimismo la concentración de las plataformas de medios digitales, con un impacto negativo sobre derechos fundamentales como la libertad de expresión. No sólo concentran las opiniones y disminuyen la diversidad de información, sino que además concentran la pauta publicitaria y la distribución de bienes culturales. Por otro lado, reproducen la ausencia del desarrollo de infraestructura y transferencia tecnológica y limitan la capacidad regulatoria del estado sobre aspectos clave de la soberanía informática, afectando tanto cuestiones sensibles a la seguridad nacional como cuestiones de privacidad y protección de datos personales. Asimismo, los cambios que se producen en el modo en que se organiza el trabajo redundan en procesos de flexibilización laboral y empeoramiento de las condiciones de trabajo. Por último, el avance en la agenda corporativa del comercio electrónico esconde como contracara la falta de avance en las agendas de discusión sobre una gobernanza de internet que sea efectivamente democrática y tenga en cuenta las necesidades de los países en desarrollo.
Las expectativas de que se llegue a un consenso sobre el Comercio Electrónico en la Ministerial de Buenos Aires no son demasiado altas, pero sin embargo la sociedad civil debe estar preparada para defender sus derechos ya que el libreto se volverá a repetir muy pronto en las próximas negociaciones de la agenda del Libre Comercio.
*Francisco Machin
Licenciado en Economía (UNCuyo) e integrante de la Sociedad de Economía Crítica (SEC).
** Evelin Heidel
Integrante de la Asamblea Argentina Mejor sin TLC y de la Confluencia #FueraOMC.
***Mariano Treacy
Investigador y Docente de la Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS) e integrante de la Sociedad de Economía Crítica (SEC) y de la Confluencia #FueraOMC.
http://www.agenciapacourondo.
