Por Eduardo Aliverti
Visto su pecho inflado por el favor de las urnas hace poco más de un mes, podría afirmarse que el Gobierno terminó de ingresar a una etapa de sinceramiento total. De impunidad al menos momentánea, también.
¿Más franqueza y relajo todavía?, se preguntarán muchos advertidos de que todo está tan claro, tan expuesto, que no hacen falta agregados. Error. El lance es, precisamente, que a mayores desafíos corren los límites más aún. Como si se tratara de tensar todo a la derecha que se pueda o deba, en la seguridad de que el viento benéfico en la imagen del oficialismo rechaza cuanto proyectil pudiera entrarle. No es el caso de Rafael Nahuel, el pibe asesinado por la espalda en otro operativo de represión contra miembros de la comunidad mapuche. Admitido por las autoridades, lo perforó una bala de 9 mm. compatible con las empleadas por el grupo Albatros que actuó en la zona barilochense de Villa Mascardi.
Si se ingresa al sitio de la fuerza (www.prefecturanaval.gov.ar), habrá de encontrarse una descripción deliciosa no justamente de esas aves marinas. Mediante un enorme esfuerzo de tolerancia sintáctica, se lee que “es una fuerza de operaciones policiales, organizada, instruida, adiestrada y equipada para responder rápida y eficientemente a una amplia gama de requerimientos del servicio que, por su importancia y características puedan en un momento dado, desbordar la capacidad operativa de los servicios policiales regulares ya establecidos. Brindar seguridad a las personas y bienes en caso de sabotaje, atentados, disturbios, estallidos sociales o contingencias fortuitas o provocadas, que hagan necesario el concurso de personal específicamente adiestrado, apoyando a los órganos operativos en tareas de vigilancia, custodia y protección de objetivos críticos y vitales, restablecimiento y mantenimiento del orden público, garantizando la libertad de trabajo (…) Por su organización y equipamiento puede actuar como elemento táctico policial homogéneo, ya sea en forma aislada, en conjunto o agregada a otras fuerzas, tanto en el ámbito jurisdiccional propio de la Prefectura, como fuera de él cuando así corresponda, a fin de preservar la seguridad y el orden público o restablecerlos si son perturbados y auxiliar a la comunidad en situaciones de catástrofes, inundaciones y otros siniestros”.
Esta delicia, decíamos, aplicó para desatar una cacería contra un grupo indubitablemente subversivo, apoyado por el kernerismo y presumiblemente armado con piedras, palos, lanzas y boleadoras, a falta de toda prueba o mínimo indicio, en la información oficial, de que hubiera portado armas de fuego. Y menos que menos, de que las hubiesen empleado. No importa. El Gobierno se animó a sostener que, en episodios de este tipo, la razón asiste per se a los represores. Primero tiro, después pregunto y, cualquiera fuere la respuesta, hay licencia Bond para el uso monopólico de la fuerza por parte del Estado que, en tanto eso, Estado, carece de la obligación de dar explicaciones.
No es una joda, por si alguien no constató que la ministra Bullrich dijo, en conferencia de prensa, que “el juez necesitará elementos probatorios, pero nosotros no (…) Nosotros no tenemos que probar lo que hacen las fuerzas de seguridad”.
Y fue horas después cuando la vicepresidenta Gabriela Michetti aseveró, en entrevista televisiva, que “el beneficio de la duda siempre deben tenerlo las fuerzas de seguridad”. Que uno recuerde, ni siquiera durante la dictadura fue posible registrar que alguno de los genocidas se amparase en interpretaciones legales de esta naturaleza para justificar sus crímenes de lesa humanidad. Entiéndase bien. Masacraban, desaparecían gente en masa, torturaban embarazadas por vía vaginal, lanzaban muertos y vivos al océano, pero durante el exterminio y al desatarse las acusaciones se refugiaron en que hubo enfrentamientos propios de la guerra sucia. Y hasta admitieron que pudo haber errores y excesos. Sin embargo (se reitera: que uno recuerde), ninguno de esos engendros fue capaz de guarecerse públicamente en que les correspondía el beneficio de la duda y en que no hacía falta prueba judicial alguna.
En todo caso, decían y dicen que la Justicia formaba y forma parte de un plan siniestro de venganza por parte los vencidos. Pero no que ni tan sólo hace falta una justicia imparcial que lea la historia completa. Bullrich lo hizo. Michetti lo hizo. Directamente, dijeron que la justicia, en mayúscula o minúscula, no es un dato a considerar. ¿Algún desprevenido creyó que ya había leído o escuchado todo? Bienvenido al mundo de Cambiemos. Por cierto, las condenas en la causa ESMA III demostraron que la ejemplaridad argentina, de rango inédito en el mundo, todavía tiene algo o mucho que decir. Recibieron su condena Astiz, el Tigre Acosta, pilotos de los vuelos de la muerte y sigue la lista de monstruos. Según el macrismo a secas, expresado por Bullrich y Michetti, debería haberles correspondido el beneficio de la duda. ¿En qué se escudarían para retrucarlo? ¿En que este es un Estado democrático? Pues vaya con la calidad de una democracia en la que los jueces son prescindibles cuando es cuestión de que intervienen sus uniformados.
Bienvenidos también al mundo de que las barbaridades son producidas en secuencia permanente, cual si las cosas consistieran en una estrategia provocativa para reintroducir el concepto de enemigo interno. En eso sí que se asimilan perfectamente al apogeo de la militarización. El asesinato de Nahuel fue al rato de que la autopsia sobre el cuerpo de Santiago Maldonado “relevara” de culpas a la Gendarmería, sin interés masivo alguno acerca de cómo se ahogó o, muchísimo peor, ratificándole al facho-tilinguerismo que por algo habrá sido.
Ensañado y enseñado igualmente al rato, la brutal represión contra trabajadores estatales neuquinos, en la capital provincial, a bala de goma limpia, apenas merece unas líneas lejanas en los medios de la agenda dominante. Esto es lo terrible o, si se quiere para complementar, lo más triste: una porción (¿muy?) mayoritaria de esta sociedad, a estar por la ausencia de indignación exhibida y por lo que esos medios encarnan salvo creer que no representan a nadie, ha vuelto a naturalizar, si no justificar, la existencia de un Estado represivo. Los de la semana pasada no son signos aislados ni vírgenes. Los incidentes producidos tras la marcha por Maldonado en Plaza de Mayo, en octubre pasado y redundante en la detención, humillaciones y armado de expedientes a manifestantes pacíficos, víctimas de los servicios infiltrados a cara descubierta, semeja hoy a un episodio menor del que casi nadie se ocupa o se acuerda. Fue hace dos meses, no hace dos años.
Sea o no (muy) mayoritario el segmento social que le concede a estos temas una importancia superlativa, imposible desmentir que quienes sí lo hacen son minoría. Significativa, eso sí. Con capacidad de movilización callejera y referentes muy por encima de una derecha berreta, grasa, en su sentido de no tener ni una sola figura intelectual de fuste excepto unos colegas serviciales de, en algún caso, buena pluma. Los imprescindibles de siempre. Los que confieren dramaticidad a la política, en lugar de remitirse a que por ahí, por la política, son todos chorros. Indios, negros, quilomberos, choripanes, y a mí qué me importa si tengo que laburar y nadie me da nada, vagos de mierda, yo qué sé lo que es el Ministerio Público Fiscal, lo único que falta es que de mis impuestos salga pagarles a los periodistas, se chorearon la vida, qué mapuches ni mapuches, que no jodan, no van a venir las inversiones, que vayan todos presos y si no que los maten a todos.
Y, entre pocos y ningún aglutinador político que vehiculice la bronca contra esas lógicas no sólo clasemedieras, corre asimismo que le metan mano a la plata de los jubilados para desfinanciar a la Anses. Fue a cambio de un pacto fiscal que los gobernadores extorsionados y cómplices, junto con sus senadores, firmaron sin chistar de la mano con uno de los rosqueros mayores del macrismo, el peronista Miguel Angel Pichetto, quien dice que votó tapándose la nariz pero que hay que comprender. Obediencia debida. Más resentimiento, y que la historia le depare únicamente un lugar espantoso.
Mientras eso ocurría dentro del Congreso, afuera una multitud de protesta sindical alfombraba el espacio contiguo. Es lo único orgánico que hay por ahora para frenar a Macri, y deben abstenerse quienes entiendan que la construcción política requiere de un purismo que no se trague un solo sapo. Hay eso y la reacción de la progresía urbana en los 24 de marzo o ante escándalos como el 2 x 1, más las contestaciones sectoriales bien que inarticuladas. El bloque dominante no muestra fisuras. Financistas, “campo”, medios de comunicación, el club judicial, todo el establishment. Se aguantaron 12 años de otra cosa y hoy van por la revancha, unificados. Enfrente hay una murga pero no es la orfandad debutante de los ‘90, porque la experiencia anterior selló un núcleo duro de reacción. De hecho, la reforma laboral no pueden pasarla así nomás.
Techo bajo, pero piso mínimamente considerable de acuerdo a una correlación de fuerzas en la que parece no haber una sola buena noticia.
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