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Dic 03 2017

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ANTES Y DESPUÉS DEL BALAZO LETAL

 

Por Mario Wainfeld

La carga de la prueba cuando hay un muerto a balazos. La invención del terrorismo, sus móviles. El Gobierno que encubre, costumbre repetida. Las encuestas: cuando reprimir parece negocio. Las víctimas del ARA San Juan. La muerte de Rafael Nahuel. Los hechos, el escenario, los testigos. El pretendido indulto de Patricia Bullrich y Michetti. El fallo ESMA, la reforma Pichetto-Triaca, escenas de la semana.



Imagen: Joaquín Salguero

@Comencemos con los hechos comprobados e irrefutables. Luego vendrán interpretaciones y análisis legales.

Rafael Nahuel (joven, pobre, mapuche) murió a consecuencia de un balazo que le entró estando de espaldas. El proyectil 9 milímetros fue disparado por una ametralladora operada por un integrante del cuerpo de élite Albatros de la Prefectura Nacional, conforme lo corroboran funcionarios del Gobierno y distintos testigos. Otras dos personas, una mujer y un hombre, fueron heridas por proyectiles similares, también estando de espaldas a los tiradores.

La narrativa oficial explica que Nahuel formaba parte de un conjunto de quince o más hombres que emboscaron a cuatro prefectos, gritaron que iban a matarlos.
Los habrían agredido primero con armas primitivas (hondas de revoleo entre ellas) y luego con balazos de grueso calibre, que (supuestamente) volaron ramas de árbol de gran grosor. Habrían gritado que los iban a matar porque los prefectos eran solo cuatro.

Los primeros exámenes realizados sobre el cuerpo de Nahuel y de los dos hombres que trataron de salvarlo cuando se desangraba (Facundo Jones Huala y Alejandro González) verifican que no habían disparado armas de fuego. Tampoco portaban máscaras antigás, otro de los detalles del relato oficial.

El objetivo de las fuerzas de seguridad era terminar con una ocupación realizada por personas de la comunidad mapuche dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi, cerca del lago Mascardi. La ocupación se venía desarrollando pacíficamente desde alrededor de dos meses atrás.

Mediaba una orden de desocupación emanada del juez federal Gustavo Villanueva. Desde luego, la manda no contenía directivas de hacerlo a fuego limpio.

Pocos días antes fuerzas de seguridad habían avanzado sobre la comunidad que acampaba, deteniendo a mujeres, niños y niñas de corta edad. Precintaron a los menores y mantuvieron incomunicado al conjunto durante varias horas. Los hombres habían huido. El procedimiento aplicado a los menores viola todas las normas legales vigentes.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ratificó todo lo actuado por Prefectura. Aseveró que el Gobierno no tiene nada que probar y que la versión de la fuerza armada es, para el oficialismo, “la verdad”. Habló un día después del homicidio, leyendo a menudo un papel que tenía delante: un libreto estudiado. Mendaz o equivocado aseverar que “se fue de boca” u “obró inadvertidamente” como deslizan algunos defensores frontales o culposos de “Pato”.

En momentos en que la Prefectura tiraba se frenó el tránsito en la ruta 40, que comunica El Bolsón con Bariloche. En primera fila del retén debió detenerse una combi que trasladaba turistas. La conducía Pablo Curlo, un operador turístico conocido en Bariloche. Curlo explicó primero ante medios locales y luego nacionales que vio a los efectivos de Albatros “disparando a mansalva”. No estaban solos sino detrás de una formación que los protegía con escudos. Escuchaba voces que les gritaban “dejen de tirar (por) que hay mujeres y chicos, están matando gente”. Agregó que vio fusileros “desbocados”.
Al cierre de esta nota ni el Ejecutivo ni la Prefectura han hecho públicos los datos de los agentes que pudieron haber disparado, cuatro como máximo a estar a sus dichos.

Con las evidencias obrantes hasta ahora todo induce a investigar un posible homicidio cuyos autores materiales son identificables (si media un ápice de voluntad judicial o política). Sobre el autor material de la muerte recae la carga de probar que medió defensa propia, esto es que hubo una agresión, un peligro inminente cuya magnitud autorizaba la réplica letal.

Pueden intentarse interpretaciones aún más exigentes y sofisticadas respecto del ejercicio de la violencia estatal legítima, la única válida. Pero elijamos la básica: si alguien mató a otro y esgrime una excusa absolutoria, debe acreditarla. Las archiconocidas relecturas del Código Penal de la vicepresidenta Gabriela Michetti y de Bullrich carecen de todo asidero. No adjetivamos en este párrafo, aunque sería simple, tentador y hasta justo.

Nahuel encaja en el estereotipo de las víctimas predilectas de la violencia institucional.
Su existencia no nació cuando asumió el presidente Mauricio Macri. Sí carece de precedentes la férrea y sostenida posición del gobierno en defensa cerrada de los agresores y su tesis sobre la “verdad” en un sistema democrático y garantista.

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A presunción de Bullrich, relevo de prueba:
Los prefectos estaban sobre cemento, en la ruta. Los mapuches en un paraje arbolado, enmarañado al mango que hace imposible atisbar al que se esconde allí. Abunda vegetación profusa, árboles cohiues de hasta 20 metros de altura. En la parte baja del bosque creen arbustos de 3 o 4 metros de altura. Las referencias circunstanciales fueron referidas a este cronista por lugareños que conocen el territorio.

Todo debe pesquisarse en una causa penal y, a veces, los humanos incurren en conductas inexplicables. Esto dicho, a primera vista parece asombroso que presuntos componentes de un grupo militarizado que pretende ultimar a profesionales avance sobre él dejándose ver: vociferando, blandiendo armas de baja lesividad y alcance, casi como los protagonistas de una historieta de 1950 o 1960… en vez de guarecerse y tirar.

El Gobierno invoca que fueron los (hasta ahora) únicos agredidos quienes volaron follaje de enorme volumen. Si fuera verdad, le será fácil aportar evidencia porque ni los árboles pueden ser arrancados ni las ramas repuestas.

El testimonio de los mapuches concuerda con el absolutamente neutral de Curlo, un ciudadano común de intachable reputación (todas estas referencias sobreabundan, pero las consignamos ante tanta fantasía macartista o paranoica o las dos cosas).

Como ocurrió cuando desapareció el cuerpo de Santiago Maldonado el Gobierno encubre, retacea pruebas, “esconde” a los uniformados, no coopera con los tribunales, entorpece la investigación, presiona al juez.
En este caso, de modo más desenfadado, si eso fuera posible.

En la etapa macrista se reformula el derecho procesal penal de Occidente: a presunción de Bullrich, relevo de prueba.

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Recurrencias y hechos extraños:
La muerte de Rafael Nahuel hace sistema con la de Santiago Maldonado. Se suceden en un lapso menor a cuatro meses, vinculadas a un conflicto sobredimensionado (o deseado) por la Casa Rosada, en un territorio similar.

Las recurrencias no se detienen ahí. Arturo Jauretche, socarrón y costumbrista, resaltaba la tremenda puntería de las “balas perdidas” de las policías: siempre impactaban en manifestantes o militantes. Ahora encontramos balaceras en las que todos los heridos o muertos, sorpresa, caen de un solo lado.

El macrismo arguye que todas sus víctimas (y cientos o miles más) son “activistas” de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), una organización terrorista sostenida por guerrillas foráneas y fuertemente armada. Los allanamientos y los arrestos solo hallan hondas, bombas molotov o cuchillos. Las comunidades mapuches son ostensiblemente pobres. Armarse hasta los dientes cuesta mucha plata o requiere haber asaltado armerías o colecciones privadas. No se registran hechos de esa naturaleza.

Puede que existan en un colectivo numeroso contadas personas violentas, pero esa tendencia no habilita las fábulas macristas.

El sociólogo Juan Gabriel Tokatlian, versado en esos temas y en relaciones internacionales, compartió información con este cronista. Con generosidad intelectual que le agradece, acercó numeroso material de la revista norteamericana “Perspectives on Terrorism”, “una de las revistas más rigurosas y prestigiosas en la materia”. Compila tesis publicadas sobre el tema entre 2013 y 2017, reseñas de libros y bibliografía en torno a los ciclos del terrorismo. En tan extensa selección “no hay material sobre América latina ni sobre la Argentina en particular. Los expertos y doctorandos no han colocado a nuestro país en la mira de sus investigaciones pues –si bien el fenómeno del terrorismo es global– sus manifestaciones específicas locales son bien distintas en forma, intensidad, alcance y evolución”.

La fantasía del Gobierno no hace pie en la realidad.

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La canción del por qué:
Designar a un enemigo interno puede obedecer a varias funcionalidades. La primera, fundacional desde que asumió Macri, es amedrentar, judicializar, criminalizar y en el borde castigar físicamente a la protesta social. La temprana detención ilícita de la dirigente social Milagro Sala y la reciente agresión policial a trabajadoras formales despedidas por la multinacional PepsiCo son eslabones de la cadena.

La RAM es un capítulo específico, una de sus motivaciones posibles es alinearse contra la cruzada internacional de Estados Unidos contra el terrorismo. Una variable del alineamiento automático.

Otra, más coyuntural, es prevenir desbordes durante la Cumbre del G-20 que transcurre en nuestro país.

Se va insinuando una tercera, especialmente perversa y temible. La represión, así sea brutal o letal, “mide”. Los consultores del Gobierno proveen encuestas y focus groups que convalidan la hipótesis. La sociedad argentina, informan y paladean, reacciona frente a la muerte de Nahuel de modo distinto al que sucedió tras los asesinatos de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán. La masacre de Avellaneda, acunada por el discurso gubernamental, forzó al entonces presidente Eduardo Duhalde a desistir de ser candidato en las elecciones generales. Ahora, cuentan los expertos, el escenario es otro. La corroboración arrancas sonrisas en Palacio y excita las ínfulas.

Rating más o menos, la aprobación ciudadana no transforma en virtud un delito
. Tampoco lo indultan las intromisiones de Michetti o Bullrich en las competencias del Poder Judicial.

El riesgo, en curso y acentuándose, es que las autoridades políticas apuesten a los “beneficios” colaterales de la violencia ilegítima. Y que ceben a las Fuerzas de Seguridad, muy proclives a reprimir sin ambages ni respeto por derechos esenciales.

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Las leyes y la vida segada:
La reforma constitucional de 1994 agregó entre las obligaciones del Congreso (art.75) el inciso 17 que le impone “reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos originarios argentinos” y que despliega luego una serie de obligaciones para el Estado nacional. La Carta Orgánica Municipal de la Ciudad de Bariloche reproduce en su artículo 210 de modo casi textual la disposición constitucional: “reconocer la preexistencia cultural del pueblo mapuche”.

El reconocimiento de derechos no determinó que todos fueran cumplidos. Excede la lógica de esta columna y la competencia de su autor un análisis exhaustivo de las causas. Solo para insinuar un debate, es más sencillo consagrar un derecho que garantizar su pleno ejercicio lo que no impide exigirlo, más bien al contrario,

Agreguemos que las demandas de las comunidades originarias colisionan, a menudo, con las reglas de la sociedad capitalista.

El acceso a la tierra es un ejemplo clavado. La labor de las autoridades es, entonces, asumir la existencia de la controversia y arbitrar dentro del conflicto.

El eje de esta columna es un hecho de sangre y su contexto. Aún dentro de la lógica constitucional y del sistema capitalista hay jerarquías de derechos, receptadas en el derecho penal. Los delitos contra la vida, la integridad física o sexual y la libertad personal son, de ordinario, penados con más severidad que aquellos que atentan contra la propiedad. La defensa de la integridad de un Parque Nacional no faculta a matar ni poner en peligro vidas humanas.

Los derechos a reclamar, peticionar a las autoridades y hasta resistir pacíficamente conforman un combo que el macrismo viene desconociendo en preocupante escalada: PepsiCo, Maldonado, Plaza de mayo el primero de septiembre, Nahuel.

El juez Villanueva retacea declaraciones ante los medios. Es un acierto. El expediente avanza demasiado lentamente, una falla grave.

El Ejecutivo niega cooperación, incumple deberes. Ya debería haber una identificación del o de los Prefectos que dispararon. Como medida cautelar deberían haber sido licenciados, así fuera con goce de sueldo. También tendrían que contar con asistencia psicológica: es tremendo para cualquier ser humano ultimar a un semejante.

A Rafael Nahuel le costaba conseguir laburo por su aspecto, su pertenencia, su edad, el barrio en el que vivía. Aprendía una profesión, para ganarse unos pesos. Era titular de numerosos derechos que no pudo ejercer. Fue matado y se le niega a la familia, compañeros y amigos hasta una investigación correcta.

Cuando lo velaron, llevaba una remera de Boca (como pibe de barrio que era), lo cubrió una bandera mapuche. A veces la realidad es generosa en símbolos, en medio de tanta desdicha.

mwainfeld@pagina12.com.ar


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