Por Juan del Barrio
Entre la moral pública y la hipocresía. Nunca será excesivo repetir que queremos justicia auténtica, y no venganza hipócrita.
Y digo eso, porque lo que está sucediendo desde que asumió este gobierno hace casi dos años, se parece mucho más a un estalinismo encubierto, o a la venganza de los rencorosos y de los fríos calculadores que buscan más el titular mediático de cada día que a la serena Justicia de ojos vendados.
Lo peor que podríamos hacer los peronistas es oponernos a que la Justicia, o quien fuere, investigue a nuestros compañeros que ocuparon cargos de gobierno en algún momento.
No nos oponemos a que investiguen.
Sólo somos solidarios, y la solidaridad no es encubrimiento.
Pero debe quedar claro que defendemos la moral pública, no los linchamientos mediáticos o las venganzas políticas inconfesables, orquestadas desde un gobierno que tiene cierto tufillo a mezcla de odio social y racial con dictadura vergonzante.
Y digo eso, porque lo que está sucediendo desde que asumió este gobierno hace casi dos años, se parece mucho más a un estalinismo encubierto, o a la venganza de los rencorosos y de los fríos calculadores que buscan más el titular mediático de cada día que a la serena Justicia de ojos vendados.
El señor Gerardo Morales no tardó un día, desde que asumió la gobernación de Jujuy, en encarcelar “manu militari” a Milagro Salas, sin que ésta tuviera un motivo legítimo y legal para estar bajo rejas.
Luego de apresarla, comenzaron a buscar los delitos (o pretextos) que justificaran (o simularan justificar) su aprisionamiento o secuestro extorsivo.
Insisto, no vamos a defender a quienes hayan cometido delitos, ni está en nuestro ánimo entorpecer la labor de la Justicia.
Queremos que se investiguen todos los crímenes cometidos desde el poder.
Pero que sean todos, no sólo los de los enemigos del gobierno de turno.
Y, como estamos supuestamente en un Estado de Derecho, pretendemos además que se cumplan los procedimientos legales que garantiza nuestra Constitución Nacional, en lugar de dictar autos de prisión preventiva que son verdaderas condenas anticipadas e interesadas, venganzas bochornosas y rencorosas.
En pocas palabras, queremos justicia y no venganza, moral pública y no hipocresía.
El tenebroso comienzo de este gobierno con el atropello a Milagro Salas lo han utilizado como “leading case” o caso piloto para auscultar si, en la sociedad argentina de hoy, prevalece el deseo de venganza, sin importar los medios que se usen ni el respeto a los derechos humanos. Desgraciadamente, existe un considerable sector de la sociedad que pide sangre, no justicia.
No tengo dudas de que esa peligrosa e inhumana patología es producto de una campaña periodística indecente, llevada a cabo sin escrúpulo alguno por los medios de la dependencia, con la complicidad de periodistas a sueldo y el aliento de los centros de poder mundial.
Luego dirán, sin que se les mueva un músculo de la cara, que la grieta la creamos y fomentamos nosotros los peronistas.
Dicho esa ello sin desconocer que hay algunos matones provocadores que usan nuestra camiseta como taparrabos.
Da la impresión de que el relativo “éxito” que obtuvo el gobierno en el caso Milagro Salas (recuérdese que repitió su triunfo en Jujuy a pesar de ese verdadero secuestro mafioso o encarcelamiento a lo salvaje) ha convencido al presidente Macri de que tiene el camino libre para repetir su hazaña con todos los opositores que lo molestan, aprovechando el malhumor social que hay contra algunos de esos opositores por delitos que aún no se han probado.
El caso arquetípico de ese linchamiento parece ser el de la ex presidente Cristina de Kirchner.
Como suele suceder en estos casos, la campaña para instalar la sensación de que Cristina cometió infinidad de mega-delitos económicos por montos siderales, comenzó con una inteligente acción psicológica disfrazada de “investigación periodística”.
Conviene tener presente que esa campaña la inició, la financió y la mantiene viva hasta hoy el grupo Clarín que, cuando le convino, olvidó los agravios recibidos por parte de Jorge Lanata –verdadero representante del periodismo a sueldo- y lo contrató por cifras astronómicas.
Lanata buscaba dinero grueso. Clarín necesitaba desesperadamente salvar su emporio dictatorial del desguace que Cristina le preparaba desde el ex COMFER, con una ley que democratizaba la propiedad de los medios audiovisuales.
En la concepción y redacción de esa ley jugó un papel central Gabriel Mariotto. Motivo por el cual, es muy probable que pronto algún juez de la servilleta convierta a Mariotto en otra víctima de los zarpazos “legales”, “democráticos” y “moralizadores” del empresario dueño de varios Panamá Papers que nos gobierna.
La dupla Magneto-Lanata orquestó, así, una acusación que hasta hoy es mucho más leyenda negra que realidad.
Jorge Lanata, a su vez, aceptó la fortuna que desde entonces le paga Clarín y se “olvido” de todos los ataques y denuncias que él había difundido contra ese medio oligopólico.
Los dos ex enemigos se perdonaron mutuamente las verdades que se habían dicho, para asociarse crematísticamente en la construcción de una mentira, la peor de ellas: una verdad a medias.
Lo cierto es que en el caso de Cristina, tanto Lanata como Clarín la acusaron de haberse robado centenares o miles de millones de dólares y juraron que los tenía en bóvedas subterráneas en la Patagonia, o que los fugó a través de Fariña, y aún que los tenía en una “cueva” en las Islas Seychelles, un minúsculo y remoto archipiélago al este de Madagascar.
Como lo que sobra en la dupla Lanata-Clarín es dinero, y lo que falta es escrúpulos y seriedad, Periodismo Para Todos montó un show, no solo en los estudios de Canal 13, sino que, seguramente con la ayuda y protección de “alguien” extranjero más poderoso aún, llevó su obra teatral a las propias Islas Seychelles.
Hasta allá viajó uno de los soldados de Lanata-Clarín, con camarógrafo incluido, para averiguar si Cristina, de regreso de un viaje al Extremo Oriente, había desviado su ruta a fin de pisar las Seychelles por pocas horas y firmar una supuesta documentación sobre la fortuna de marras. Pero no encontró nada.
No digo que esa acusación de Lanata-Clarín sea falsa, porque no tengo pruebas de ello.
Pero sí afirmo que lo parece.
En efecto, desde aquellas denuncias de Lanata y Clarín sobre los miles de millones de dólares escondidos en una bóveda, y de los miles de millones de dólares que dijeron que Cristina tenía en las Seychelles, más los otros miles de millones de dólares que insinuaron que había lavado Fariña para Cristina, etcétera etcétera, lo único que se ha logrado llevar a juicio son cuestiones de un monto infinitamente menor y que todavía necesitan una demostración más sólida.
Vaya como ejemplo el caso de Hotesur: hace años que lo investigan jueces “incentivados” por Clarín, La Nación y, desde diciembre de 2015, el actual gobierno.
Y, aun suponiendo que se demuestre que hubo irregularidades, su monto sería realmente de unas monedas si se lo compara con los miles de millones de dólares que Lanata y sus empleadores de Clarín dijeron que tenía escondidos Cristina.
Pero en la opinión pública quedó la idea de que eran miles de millones, y nadie habla hoy del tema, para que nos olvidemos del invento de la dupla inescrupulosa Lanata-Clarín.
Otro tanto puede decirse del revuelo que armaron con el título de abogada de la ex presidente.
Nada menos que el ”intocable”, y medio falsete constitucionalista Daniel Sabsay bajó del caballo de su cátedra universitaria y, a los gritos como en las peleas de conventillo, la acusó de no ser abogada y de usurpar ese título.
Meses después se supo que Cristina tenía en regla su título dado por la UBA.
Ni Sabsay, ni Clarín, ni nadie entre sus acusadores dijo esta boca es mía. Trataron de que otras noticias, u otras mentiras suyas, taparan el papelón que hicieron, mientras el “insigne” constitucionalista subía nuevamente a su inalcanzable y majestuoso caballo de papel.
Otro caso que el gobierno y sus socios mediáticos han presentado con bombos y platillos es el de los cuatro o cinco millones de dólares encontrados en una caja fuerte perteneciente a Florencia, la hija de Cristina.
Pero todos ellos ocultan que, al morir Nestor Kirchner, su herencia representaba una cifra bastante mayor que ésa, que por ley corresponde exclusivamente a sus dos hijos.
De modo que el solo hecho de la existencia de los cuatro o cinco millones de dólares en manos de Florencia no es prueba ninguna, ni siquiera un indicio, de que se está frente a un delito.
A pesar de la claridad de esos dos ejemplos, creo que lo más grosero lo está cometiendo el gobierno, la prensa que lo cubre y lo encubre y los jueces que le obedecen, en otros dos casos que se investigan contra Cristina: el Memorando de Entendimiento con Irán y el del llamado “dólar a futuro”.
La firma del Memorando con Irán es un acto estrictamente no judiciable, porque forma parte de las facultades constitucionales que tiene el presidente de la Nación en temas (como las relaciones internacionales) que dependen casi exclusivamente del criterio político que se aplique para resolverlos.
Por otro lado, ese Memorando de Entendimiento no era, estrictamente hablando, un tratado internacional que necesitara la aprobación parlamentaria.
Era sólo un acuerdo sobre la metodología u hoja de ruta a seguir para destrabar un caso que todavía hoy duerme en los Tribunales.
Así y todo, fue aprobado o ratificado por ley.
Personalmente creo que el Memorando no fue el mejor camino si se quería destrabar la investigación del caso AMIA.
A esa causa judicial la conozco bien porque, desde hace 13 años, defiendo al señor Alberto Kanoore Edul, falsamente acusado de ser uno de los autores de aquel horrible crimen.
De modo que, con total conocimiento de causa, afirmo que la investigación está paralizada porque, intencionadamente, se la llevó mal desde el principio. Y también puedo afirmar categóricamente que se la llevó mal en forma intencionada y premeditada, debido a las expresas exigencias de EEUU e Israel de que los acusados fueran exclusivamente los iraníes, y en todo caso los sirios y el Hezbollah.
En definitiva, los musulmanes.
Nuestra desgracia es que todos los gobiernos que se sucedieron desde que explotó la AMIA en 1994 (todos: el de Menem, el de De la Rua, el de Duhalde y los del matrimonio Kirchner al menos hasta 2011) aceptaron la imposición de EEUU e Israel e investigaron con anteojeras, porque los autores solo debían ser los iraníes o los musulmanes.
En lugar del Memo de Entendimiento con Irán, Cristina pudo adoptar una solución más simple y segura: exigir que se investigaran todas las pistas o gestionar el cambio del fiscal Nisman.
Pudo hacerlo, porque la procuradora general era ya la doctora Gils Carbó.
Quizá la ex presidente prefirió el camino más complicado del Memorando de Entendimiento, en un intento de suavizar las críticas y la dura oposición que era previsible por parte de Israel y las entidades que apoyan irrestrictamente sus políticas, como la DAIA y la AMIA, y que tienen un gran poder de presión en nuestro país.
Lo cierto es que, si ello fue así, no dio resultado, porque el poderoso lobby anglosajón-israelí que actúa en la Argentina logró amañadamente la declaración de inconstitucionalidad de ese Memo con Irán, a pesar de que nos beneficiaba.
Y, en el colmo de la arbitrariedad, hoy se pretende que, al firmar esa medida de estricta política internacional, Cristina cometió el delito de traición a la Patria, cuando los verdaderos traidores fueron sus atacantes en este caso.
Valga recordar que, a principio de 2015, el ex directivo de la DAIA señor Jorge Elbaum denuncio, en dos notas publicadas en Página 12, que el finado fiscal Nisman propuso a dos altos directivos de la DAIA asociarse con él para destruir el Memo con Irán, y les informó que el jefe de los fondos buitres, señor Paul Singer, estaba dispuesto a financiar esa campaña.
Elbaum califico a ese plan de Nisman como “La ruta del dinero”, y así tituló sus notas en Página 12.
Cualquiera comprende que asociarse con Paul Singer, que en ese momento acosaba a nuestro país con un juicio en los tribunales de Nueva York, para destruir un tratado internacional aprobado por el Parlamento, constituye claramente el delito de traición.
Por eso denuncié tal hecho ante el juez Julián Ercolini y el fiscal Carlos Stornelli.
Ambos magistrados citaron a Elbaum para que ratificara o rectificara lo dicho en sus notas en Página 12.
En su declaración como testigo bajo juramento, Elbaum “arrugó” y dijo que, tal oferta de dinero de Singer para que la DAIA volteara el Memo, había sido solo una “humorada” del finado fiscal Nisman.
Como se observará, esa salida insólita era una verdadera burla de Elbaum al fiscal Stornelli y al juez Ercolini, y a la Justicia toda.
Sin embargo, Stornelli y Ercolini aceptaron la ridícula excusa escapista de Elbaum y rechazaron mi denuncia porque “todo había sido una broma de Nisman”…
Así se hace “justicia” cuando hay un poderoso lobby que exige pisotear las leyes.
Así pudo armarse la causa por traición a la Patria contra Cristina por haber firmado un acuerdo de política internacional.
Cuesta aceptar que se acuse a la ex presidente de traición a la Patria por tratar de destrabar la investigación tramposa del atentado a la AMIA, en lugar de acusar a los verdaderos traidores que son quienes obedecieron a EE.UU. e Israel en contra de los intereses argentinos en ese caso: el propio fiscal Nisman, el juez Canicoba Corral, los jueces de la sala II de la Cámara Federal de Apelaciones, Stiusso y su banda de la ex SIDE, los directivos de la DAIA y la AMIA, etc.
Igual que cuesta aceptar que a Guillermo Moreno no se le crea cuando afirma que llevar guantes de boxeo a la Asamblea de Accionistas de Papel Prensa (al fin y al cabo, una mera sociedad comercial) fue sólo una broma, y sí se le crea al “arrepentido” Elbaum la excusa indecente de decir que Nisman bromeaba cuando ofreció dinero sucio a los directivos de la DAIA para destruir nada menos que una ley de la Nación.
Por otro lado, al margen de las críticas que se le puedan formular (y yo le he formulado más de una durante su gobierno) hay que reconocer que la Sra. de Kirchner nunca hizo encarcelar a un opositor, por fuertes e injustas que fueran sus críticas contra ella.
Lamentablemente, no se puede decir lo mismo del ingeniero Mauricio Macri o del Dr. Gerardo Morales.
Sin dudas, en ellos se nota que hay venganza, aunque traten de disimularlo.
La misma”picardía” de encarcelar opositores (fueron 20) la cometió el Dr. Alfonsín en 1985, pero no por venganza, sino para ganar las elecciones parlamentarias de ese año.
Me he extendido en este punto porque conozco los detalles de todas las trampas que se han cometido en la investigación del atentado a la AMIA, y porque es un ejemplo arquetípico de que, hoy, estamos frente a una campaña de venganzas y no de justicia.
El otro caso extremo que mencioné, el del “dólar a futuro”, encierra un atropello semejante.
La fijación de la política cambiaria es una facultad exclusiva del Poder Ejecutivo Nacional, el cual la delega en el Banco Central por ser el agente financiero del gobierno.
Por otro lado, la práctica de vender dólar a futuro es algo universal y constituye una herramienta que tienen los gobiernos para desalentar expectativas inflacionarias o devaluacionistas.
Consiste en que el Banco Central ofrece vender dólares para pagarlos en pesos unos meses después, fijando desde el principio el precio que se pagará al final.
Los bancos centrales de todo el mundo venden dólar a futuro a bajo precio, para evitar justamente que la cotización suba en forma artificial y especulativa, pues los especuladores ya saben que, en ese plazo, cualquiera puede comprarle dólares al Banco Central al precio fijado.
Es un límite puesto a la especulación.
Insisto, el Banco Central siempre pone precios bajos intencionadamente y logra, con ello, que los especuladores no puedan vender dólares a mayor precio en ese lapso.
Pero, si en el medio hay un cambio inesperado de gobierno, y las nuevas autoridades producen una fuerte devaluación, y a su vez se descubre que esas autoridades o sus allegados son quienes poseen buena parte de esos dólares vendidos a futuro, la sospecha de fraude no puede caer sobre el gobierno que vendió esos dólares para que la divisa no subiera, sino sobre el nuevo gobierno que devaluó sabiendo que ello produciría un enorme perjuicio a las arcas del Estado.
Peor aún si quienes se beneficiaron con ese cambio de cotización son del entorno del nuevo gobierno que devaluó.
En este caso se hace realidad aquello de que los ladrones son los acusadores y no el acusado.
Ante todo lo dicho, debo ratificar que ni yo ni mis compañeros peronistas estamos siquiera insinuando que no se investigue la conducta del anterior gobierno.
Al contrario, queremos que se investigue, pero con dos condiciones:
1) Que se respeten todas las normas legales que resguardan los derechos del acusado. Esos derechos que, objetivamente, se están pisoteando en el caso de Milagro Salas, en el de Cristina y en muchos otros como, al parecer, el de Boudou, claramente en el de Guillermo Moreno, aún el de De Vido, y temo que la lista siga.
2) Que también se investigue a todos los que presuntamente han cometido delitos desde su actual cargo de funcionarios, o antes como empresarios.
Esto último es indispensable a la luz de las denuncias que se están conociendo:
al presidente Macri se lo ha encontrado con cuentas en las cuevas fiscales de Panamá, junto con toda su familia;
a su padre y al resto de su familia, incluido él, se los ha encontrado in fraganti perdonándose a sí mismo una multimillonaria deuda en el caso del Correo Argentino;
es insoslayable la sospecha de complicidad del presidente y su familia en el llamado Lava Jato de la empresa brasilera Odebrecht, a través del grupo Blackwood Group;
de la misma manera, es inocultable la sospecha de que Nicolas Caputo, socio declarado del presidente Macri, fue a su vez socio de Lázaro Báez en mucho de los casos que hoy lo tienen a éste último bajo rejas;
está instalada la fuerte sospecha de que el primo del presidente, el señor Ángelo Calcaterra, es en realidad su testaferro en negocios de turbio aspecto;
De Vido y Boudou están presos por delitos de los cuales también hay fundadas sospechas respecto del hermano del presidente, del jefe de la AFI señor Arribas y de la sub jefa señora Magadalani;
los ministros Luis Caputo y Juan José Aranguren figuran comprometedoramente en los Panamá Papers.
Pero a ninguno de todos esos personajes de gobierno, comenzando por el propio presidente Macri, se los ha citado a indagatoria o se los acosa periodísticamente con un linchamiento mediático disfrazado, insisto, de investigación periodística.
Peor aún: hay ya sospechas fundadas de que las empresas del grupo Macri (SIDECO Americana, Minera Geometales, Litsa S.A, Civilia Engenharia LTDA, Qualix S.A Enviromental Services y otras del mismo origen) son todas socias de la corrupta brasilera Odebrech.
Insisto, a pesar de tantas y tan graves sospechas y aún evidencias de corrupción, ninguno de los sospechados, que son todos del gobierno y su entorno, ha tenido que sufrir el linchamiento que soportan los ex funcionarios, comenzando por Cristina.
Por ello es legítimo y necesario afirmar que no estamos frente a una campaña a favor de la moralidad pública, sino ante una gigantesca hipocresía que busca venganza y no justicia.
Nunca será excesivo repetir que queremos justicia auténtica, y no venganza hipócrita.
Que defendemos la moral pública, no los linchamientos mediáticos; y que queremos justicia en todos los casos, porque lo contrario es politiquería de baja estofa.
Finalmente, a los peronistas no nos conviene olvidar que vienen por todos nosotros porque, para los poderes internacionales y nativos más nefastos, no somos sólo un partido político, sino el hecho maldito de la historia.
Duro, pero real.
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