Por COMUNA
Los ochenta días transcurridos desde la desaparición de Santiago Maldonado en Chubut, por el operativo sin orden judicial lanzado por la Gendarmería el primero de agosto contra la comunidad mapuche, constituyen uno de los períodos más siniestros en el desempeño de los medios informativos convencionales desde la recuperación de la democracia, en 1983.
Ateniéndose a las “noticias” publicadas, es decir prescindiendo de la contextualización e interpretación política que cada medio resolvió hacer respecto de este hecho, pocas secuencias muestran en estos 34 años una negación tan rotunda de los principios y los procedimientos que, según ciertos consensos internacionales, se aplican a la práctica periodística informativa.
Desde el primero de agosto a hoy es apabullante la cantidad de falsedades difundidas, las más graves de ellas destinadas a denigrar a la víctima principal del operativo de Gendarmería, a su familia y abogados, a sus amigos personales y a la comunidad cuyas reivindicaciones respaldaba.
Este movimiento expreso de manipulación alcanzó tal magnitud que la familia de la víctima tomó la iniciativa de abrir una página en internet para intentar contrarrestarla, con un enlace titulado Noticias Falsas (http://www.santiagomaldonado.
En la memoria colectiva quedarán, tras la confirmación de la identidad, apenas algunas de las versiones más inverosímiles para ocultar la presencia de Santiago Maldonado en el momento y en el lugar del operativo represivo y su condición de desaparecido, como que fue visto en los más diversos lugares del país o en Chile. Pero la lista es mucho más extensa y estremecedora.
El enlace mencionado permite un recorrido por un puñado de estas maniobras de manipulación: la mentira sobre la pertenencia de la abogada de la familia, Verónica Heredia, al Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), en clave de restarle autoridad a esta entidad rotulándola como “kirchnerista”; fotografías de otras personas identificadas falsamente como Santiago Maldonado; el invento de un enfrentamiento de la víctima con un puestero de la zona.
Asimismo, la versión falsa de la activación del celular de la víctima desde Chile; la acusación a los padres y hermanos de la víctima de negarse a colaborar con la justicia; y la afirmación de que el blog de la familia fue creado antes de la desaparición forzada.
Un capítulo especial de esta manipulación se centra en la comunidad mapuche, señalada continuamente como violenta y terrorista, dotada con la organización RAM –cuya existencia real en la actualidad es objeto de dudas-, a la que se atribuyen conexiones internacionales. Medios periodísticos, sirviéndose de material fotográfico tomado en operativos de la Gendarmería, llegaron a presentar serruchos, palas y otros instrumentos propios del trabajo rural como “evidencia” de este carácter “terrorista” de los mapuches.
Con el hallazgo del cuerpo en el río Chubut el martes 17 de octubre, varios artículos adoptaron la táctica de atribuirlo a una fisura en la comunidad mapuche, con un supuesto “arrepentido” que dio información al juez Guillermo Lleral, para lo cual debieron censurar los datos reales que emanan de la instrucción, en la cual el magistrado, con el conocimiento de las partes involucradas, explica cómo y por qué ordenó el operativo en el río Chubut.
Muchas otras versiones se difundieron para distorsionar los hechos y engañar a la opinión pública: que la carátula de desaparición forzada fue adoptada por la justicia por la “presión kirchnerista”; que la familia Maldonado estaba distanciándose de las organizaciones de derechos humanos, incluyendo a las Madres de Plaza de Mayo; que la RAM lanzó una “declaración de guerra”; que no hay “ni una huella” que involucre a los gendarmes; que la Policía Federal obstaculizó la investigación; que la víctima “se fugó” o “se hizo humo”; que los testigos que denuncian la operación represiva ilegal de la Gendarmería lo hacen por “presiones de la RAM”; que hay un incipiente tráfico de armas entre “mapuches terroristas” de Argentina y Chile.
Una vez confirmada la identificación y conocida la declaración del juez Lleral sobre que en el primer examen no se visualizaron rastros de lesiones, estos mismos medios convencionales se lanzaron a instalar la afirmación de que la víctima simplemente se ahogó, sin ninguna responsabilidad de terceros, y que no hubo manipulación alguna del cuerpo. Dado que toda operación de engaño conlleva tanto publicar noticias falsas como censurar hechos de la realidad, esta etapa de la operación implica negar que hay estudios pendientes y que la muerte de una persona puede ser causada por otros métodos, además de golpes o disparos, como el mismo 21 de octubre debió explicar la familia en un comunicado.
La lista puede ser, en suma, interminable, pero una es la evidencia: una parte muy significativa de los medios de comunicación llevaron a la actividad periodística a un estado de descomposición difícil de equiparar con otros períodos, desde 1983 hasta hoy.
Comunicadores de la Argentina
http://www.comunanet.com.ar/
