Por OBSERVACOM
La Comisión de Radio y TV de la Cámara de Diputados mexicana aprobó, con 11 votos a favor y tres en contra, reformas a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR) y al Código Penal por las cuales se establecen sanciones e inhabilitación a los medios comunitarios que presten servicios de telecomunicaciones o radiodifusión sin autorización, informó Crónica.
La iniciativa, presentada por el Diputado Benjamín Medrano Quezada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), modifica el artículo 304 de la LFTR estableciendo que se inhabilita por cinco años a quienes hayan sido sancionadas por prestar servicios sin concesión. A su vez, introduce cambios en el artículo 172 Ter del Código Penal al señalar que será sancionado quien use, aproveche o explote frecuencias del espectro o recursos orbitales sin autorización o concesión. Las sanciones incluyen de dos a seis años de cárcel, multas de cien a trescientos días y decomiso de equipos.
“De ser aprobada esta iniciativa que se presentará ante el Congreso la próxima semana, significaría un enorme retroceso para la legislación mexicana desde el punto de vista de la protección de los derechos humanos en general, y de la libertad de expresión en particular”, señaló la Asociación Mundial de Radios Comunitarias de México (AMARC México).
De acuerdo con la Asociación, las disposiciones son inconstitucionales y violan tratados internacionales y disposiciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que establece que las sanciones deben ser administrativas y no penales.
En el mismo sentido se manifestó Gabriel Sosa Plata, analista de medios y Vicepresidente de OBSERVACOM, quien dijo al diario El Universal que las sanciones no pueden ser penales ya que eso va en contra de los estándares de libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
“Llamamos a las y los Diputados a escuchar, atender e incorporar las recomendaciones reiteradas de los Organismos Internacionales en materia de Derechos Humanos, a preservar el espíritu de la Reforma de las Telecomunicaciones, y evitar un preocupante retroceso, afectando el derecho de información y la libertad de expresión. Les exhortamos a privilegiar el diálogo, del cual fue ejemplo el reciente Foro Internacional auspiciado por el IFT y la UNESCO con la colaboración con organizaciones de la sociedad civil, a fortalecer y facilitar el acceso a la legalidad, demostrando las ventajas de la regularización, respetando los procesos de decisión de las comunidades y pueblos”, concluye el comunicado de AMARC.
