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Oct 04 2017

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PREGUNTAS Y RESPUESTAS SOBRE LA PRIVATIZACIÓN DE LA SALUD QUE QUIERE IMPULSAR MACRI

por Juan Canella

La llamada C.U.S., Cobertura Universal de Salud existe en nuestro país desde 1946. Todo ciudadano tiene derecho a los servicios de salud prestados por el Estado. En la actualidad, este derecho sigue vigente, más allá de las diferencias de equidad con que cada ciudadano puede acceder a la salud.

​El subsector público de la salud (hospitales y los CAPS -centros de atención primaria-) presta servicios no solamente a los 15 millones de argentinos sin Obra Social (O.S.) o medicina Prepaga (P.P.) sino a toda la comunidad. Sólo a título de ejemplo: la mitad de los partos que se realizan en el país son de población con cobertura de O.S. o pre paga y se llevan a cabo en hospitales públicos. Ni qué hablar de la accidentología: casi el 100 % se atiende en etapa aguda en los hospitales públicos y con los servicios públicos de emergencia.



Las preguntas que debemos hacernos son:

1.     ¿Qué cambiaría con la propuesta del Gobierno?
a.     A cada persona sin O.S. o P.P. se le entregará una credencial y se le realizará una ficha y una historia clínica digital de alcance nacional. Con esta credencial, se podrá atender en cualquier centro de salud pública del país, tal cual como ahora. No hay una definición clara al respecto aún, pero también esta credencial serviría para atenderse en centros de salud de las O.S.

b.     A partir de la creación de una “canasta básica de prestaciones”, se establecerán qué cantidad y calidad de prestaciones recibirán los ciudadanos sin O.S. o P.P. Por encima de esa cantidad habrá que pagar por los servicios recibidos. Los medicamentos que esta población recibía gratuitamente a través del Plan Remediar, se deberán adquirir en las farmacias, a precio de mercado con un descuento similar al de las O.S. o P.P. (40/50%). A la población con cobertura de O.S. o P.P. se les restringirán las prestaciones del Programa Médico Obligatorio (P.M.O.), sobre todo en aquellas prestaciones de alto costo, las cuales deberán ser solventadas en su totalidad o en parte por afiliados y asociados de los planes básicos, cuando menos.

La implementación de este tipo de “seguros de salud” como la CUS, es una modalidad que aumenta la inequidad en el acceso a la salud ya que la vincula estrechamente a la capacidad de pago de cada ciudadano pero afecta a todos ya que conlleva un gran aumento del gasto de bolsillo o gasto directo en salud. En otras palabras, lo que deje de pagar el Estado, las O.S. y las P.P., lo deberemos pagar cada uno de nosotros Y SERÁ MUCHO DINERO.

2.     ¿Qué rol tendrían y que sucedería con los hospitales públicos y los CAPS?

El gobierno nacional y los gobiernos provinciales gobernados por el oficialismo nacional vienen realizando un vaciamiento de los centros de salud públicos, con el claro objetivo de que la población de “enoje” con ellos y reciba la CUS con una esperanza de mejora. Mientras tanto, ya se están ensayando pruebas piloto para desarrollar una administración cuasi privada de los hospitales, con el objetivo de mejorar la “productividad, la recaudación y la competencia”.

¿Qué recaudarán?: las prestaciones que realicen hacia afiliados con cobertura de O.S. y P.P. (cosa que ya se hace pero optimizando los procedimientos) y TODAS LAS PRESTACIONES QUE QUEDEN POR FUERA DE LA “CANASTA BÁSICA” que a partir de la CUS van a tener que pagarse.
Por otra parte, ya se comienza a sentir con fuerza la mayor demanda sobre los efectores públicos de salud, producto de la creciente población que se queda sin O.S. porque pierde el trabajo y también la perteneciente las O.S. y el PAMI cuyos prestadores cortan los servicios, lo que se suma a la falta de nombramientos e insumos.

3.     ¿Qué ventajas obtienen las O.S. y las empresas de P.P.?

Las O.S. vienen padeciendo un severo desfinanciamiento a partir del aumento de los costos médicos (medicamentos, prácticas, etc) respecto de su recaudación que, en los últimos 18 meses, prácticamente la han duplicado. Las O.S. recaudan el 3% que aporta el trabajador y el 6% de contribución patronal sobre su salario. Al crecer éste mucho menos que los costos médicos, la O.S. se desfinancia. Si a esto se le suma que el gobierno anuncia una baja de las contribuciones patronales, la situación sería más crítica aún. Muchas O.S., sobre todo las menos poderosas, están hoy con los servicios cortados o restringidos y otras están comenzado a complicar y a “estirar” artificialmente las autorizaciones, precarizando sus cartillas de prestaciones, cobrando co-pagos o co-seguros autorizados por la Superintendencia de Servicios de Salud y hasta han reaparecido los “Plus” irregularmente exigidos por muchos prestadores sin control alguno por parte del Estado ni de nadie. Pero no es cobrarle al afiliado la mejor manera de resolver las finanzas de las O.S., sino bregar por el aumento de los salarios y el control de los precios de los productos médicos.
Casos similares a los descriptos, también se están registrando en muchas empresas de medicina P.P., sobre todo con los planes básicos. Del mismo modo,

4.     ¿Cómo se financiaría la CUS?

La puesta en marcha de la CUS se financia con los 8.000 millones de pesos irregularmente aportados por la CGT provenientes del Fondo Solidario de Redistribución. Hay dos leyes que tornan estos fondos intangibles que fueron modificadas por un DNU. Si se divide ese monto por los 15 millones de personas sin O.S. da que se aplicarán $ 44 por persona/mes. ¿Cómo se financiará después? El gobierno no lo dice no hay mención alguna en el presupuesto nacional presentado para 2018. Hasta la fecha 14 provincias han adherido a las CUS sin siquiera tener idea de cuánto será el monto que les aportará la Nación para brindar la “canasta básica de prestaciones” a sus ciudadanos sin cobertura de O.S. o P.P. Al fin de cuentas, serán las provincias las que deberán hacerse cargo de mantener esas prestaciones como lo hacen hasta hoy pero sin recibir ningún aporte por parte del Ministerio de Salud de la Nación a través de los diferentes Programas que se están desmantelando. La consecuencia será que los ciudadanos tendrán “diferente derecho” a la salud según el lugar donde hayan nacido, provincias o municipios con mayores o menores potencialidades y recursos.

5.     ¿Qué es la Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias?

Esta Agencia se dedicará a evaluar en base a un estudio de costo-efectividad qué tecnologías sanitarias (medicamentos, tratamientos, métodos diagnósticos, etc.) serán pagadas por las O.S. y las P.P. y cuáles no. Se distorsiona de esta manera una herramienta útil cuyo fin debería ser no dejar registrar la tecnología que supuestamente no cumple con ese requisito o hacerlo a través de mecanismos que, por ejemplo, lleve a pagar por aquéllos tratamientos que den resultados positivos en cada paciente. Dejar circular los productos en el mercado y quitar o restringir el pago por parte de las O.S. y las P.P. conllevará a que se siga prescribiendo y aumente, como ya se dijo, el gasto de bolsillo de los afiliados.
El proyecto de ley de creación de esta Agencia está en el Senado de la Nación desde el año pasado. Ante el atraso en su tratamiento, el Ejecutivo nacional estuvo a punto de sacarlo por DNU. El problema radica que esta norma no alcanza para garantizar una autolimitación del Poder Judicial y del Legislativo que a partir de esta ley ya no podría decidir ni intervenir u opinar en temas de Tecnología sanitaria, ya que esta Agencia quedaría como un “Tribunal de Alzada” inapelable a la hora de establecer los criterios específicos sobre esta temática. Con esto se pretendería disminuir el reclamo de la sociedad a recibir un tratamiento por la vía judicial y el legislativo debería consultar a la Agencia antes de legislar sobre nuevas leyes que tengan como componentes estos temas.

6.     ¿Qué otros riesgos conlleva la aplicación de la CUS?

a.     La aplicación de la CUS trae aparejada una privatización de la salud y el aumento de los negocios de los empresarios del rubro, sobre todo de los grandes administradores. Hoy, 6 empresas manejan más del 76 % del negocio” de la salud y cada vez se avanza más en esa concentración a expensas de peores servicios y más caros para los afiliados y asociados y de asfixiar a muchos prestadores individuales e institucionales, sobre todo, los pequeño y medianos.

b.     Se debilita al extremo la gobernanza del sistema de salud, con la falsa ilusión de que se ataca la fragmentación existente por el sólo hecho de tener un sistema informatizado a escala nacional.

c.      Se pone en riesgo la seguridad en cuanto a la protección de datos sensibles de cada ciudadano a partir del manejo de las historias clínicas informatizadas en el contexto de un gobierno que está dando muestras claras de una utilización ilegal de esa información. Sólo hay que pensar en lo “jugoso” que sería para los empresarios tener acceso a esa información a la hora de decidir sobre una contratación o un despido.

d.     Se debilitan al extremo políticas públicas de promoción y prevención de la salud, ya que todos los recursos de dirigen hacia la ATENCIÓN y van desapareciendo los programas nacionales del Ministerio de Salud de la Nación para afrontar problemas de salud a escala nacional, como enfermedades endémicas, epidemias, enfermedades transmisibles por vectores, de transmisión sexual, salud laboral, problemas de salud de género, enfermedades crónicas no transmisibles, contaminaciones medioambientales masivas, etc. etc.

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