Por Página/12
Amnistía Internacional lanzó una acción urgente por la desaparición de Santiago Maldonado en Chubut.
El organismo internacional de derechos humanos convocó a reclamar que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; su jefe de Gabinete, Pablo Noceti, y el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, “adopten todas las medidas necesarias” para encontrar al joven.
Los reclamos al Gobierno nacional para que se haga responsable de la búsqueda de Santiago Maldonado, el joven de 28 años que desapareció luego de la última represión de la Gendarmería contra la comunidad mapuche Pu Lof en Resistencia, en Chubut, y del que se desconoce el paradero desde hace 9 días, continúan acumulándose. Ayer, Amnistía Internacional lanzó una convocatoria para que personas de todo el mundo le exijan a la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; a su jefe de Gabinete, Pablo Noceti, y al secretario de Derechos Humanos de la Nación, Claudio Avruj, que “adopten todas las medidas necesarias” para encontrar a Maldonado “de forma urgente”; que “avancen en investigaciones” sobre los hechos durante los que el joven desapareció y se juzguen a los responsables y se garantice la integridad física de los integrantes de la comunidad mapuche.
“Con esta Acción Urgente desde Amnistía Internacional movilizamos a nuestros activistas y oficinas alrededor del mundo para pedir por Santiago Maldonado”, remarcó la directora ejecutiva de AI, Mariela Belski, sobre la estrategia que ya es marca registrada del organismo internacional defensor de los derechos humanos. En esta ocasión, acudieron a la red de activistas de AI –cerca de siete millones alrededor del mundo–, así como a terceros no involucrados en el organismo, para que se sumen a interpelar a Bullrich, Noceti y Avruj la aparición con vida de Maldonado, entre otros puntos.
Para AI, la desaparición de Maldonado es “extremadamente grave” por dos razones, principalmente: por que se da en un contexto de represión institucional a pueblos originarios –el organismo ya trabajó en el primer hecho de violencia que sufrieron los miembros del Pu Lof en Resistencia Cushamen– y porque quien dirigió la represión y está sindicado por testigos de haber establecido contacto con el joven que falta es la propia Gendarmería, una fuerza de seguridad nacional. “Este contexto activó muchas alertas a nivel local, pero también a nivel internacional. Estamos convencidos de que debemos exigirle responsabilidad al Estado nacional”, señaló Paola García Rey, directora de Protección y Promoción de derechos humanos de la oficina local de AI.
Al igual que el grupo de trabajo sobre desapariciones forzadas de Naciones Unidas reclamó en una comunicación directa al Gobierno nacional, AI solicita a quien quiera hacerlo que envíen correos, twiteen o llamen por teléfono a los funcionarios mencionados –en el sitio web de AI están los datos necesarios– para exigirles la adopción de “todas las medidas necesarias para dar con el paradero de Santiago Maldonado de forma urgente” y la realización y el avance de “investigaciones exhaustivas e imparciales” sobre lo ocurrido el 1 de agosto en la comunidad Pu Lof en Resistencia. Ese día, un centenar de gendarmes acompañados de efectivos de la policía de Chubut ingresaron al territorio de la comunidad al ritmo de disparos de balas de goma y de plomo, contaron testigos. Entre los integrantes del pueblo se encontraba Maldonado, quien se había acercado para apoyar el reclamo territorial que exige al empresario Benetton que devuelva terrenos al pueblo originario. Durante la represión, algunas mujeres de la comunidad fueron detenidas y los varones corrieron hasta un río que atraviesa el territorio y cruzaron de orilla. Pero Santiago no sabe nadar. Testigos aseguran haberlo visto quedarse agazapado entre los arbustos hasta que efectivos de gendarmería lo encontraron. Varios indican que habrían escuchado la voz de dos gendarmes exclamando “acá tenemos a uno” y “estás detenido”. Otros aseguran que vieron a miembros de la fuerza golpearlo y cargarlo luego en una camioneta.
La acción urgente de AI incluye reclamos para que las autoridades nacionales “hagan públicos” los resultados de la investigación y “lleven a los responsables de violaciones a los derechos humanos ante la justicia”; para que adopten “medidas necesarias para garantizar la integridad física” de los miembros del pueblo mapuche atacado y “que se brinde una solución de fondo al reclamo territorial de la comunidad Lof Cushamen del pueblo mapuche”. García Rey indicó que “además de la situación de Maldonado, es necesario que se resuelvan los conflictos de fondo y que se dejen de privilegiar intereses de privados, empresas y grupos de poder, como la familia Benetton, en el sur del país por sobre los derechos de los pueblos originarios”. Remarcó que no se puede analizar la desaparición “por fuera de la falta de reconocimiento territorial de los pueblos indígenas”.
