El supuesto propietario de un terreno ubicado en el Lote 14 del barrio Nemesio Parma, de Posadas, intentó desalojar violentamente -sin orden judicial- junto a personal de su empresa constructora Econ, a una familia que vive en el lugar desde hace muchos años.
También derribaron una de las cabañas de un abogado, y cuando quisieron hacer lo mismo con la otra cabaña, uno de los hombres de vigilancia intimó a los hombres que se detengan disparando con un arma contra el vehículo que los transportaba. Esto provocó la huida de los violentos, y un gran susto para Blanca Canteros, madre de 12 hijos que por la balacera se evitó que la camioneta del empresario Daniel Arturo Enriquez y su patota, destruyera la vivienda que habita.
También intervino el Ministerio de Derechos Humanos, que fue alertado por el diputado Martín Sereno -quien días atrás visitó a una familia de Nemesio Parma que había sido amenazada- ya que no es la primera vez que ocurren intentos de desalojos, sin que la Justicia haya hecho nada al respecto.
La familia Toledo ocupa esas hectáreas desde 1998, y asegura que siempre hizo los trámites correctamente ante la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), a la que pertenecían originalmente esas hectáreas en la ribera del Río Paraná. Pero luego apareció este supuesto propietario, que sin presentar papeles que lo acrediten, intentó desalojar a las familias en varias ocasiones, haciendo caso omiso a que en la vivienda habita un matrimonio con hijos menores.
«Este empresario aprovechó la vulnerabilidad de una familia»
La candidata a diputada nacional por el PAyS, Valeria Silvestri, que acompaña a Martín Sereno en esta campaña, estuvo en el barrio interiorizándose sobre la situación, y Florencia Toledo le explicó que en esa casa vive su primo con su esposa y seis chicos menores. «Tienen 12 hijos: pero solo los seis están con ellos, los otros más grande, los visitan diariamente”, dijo la mujer.
Anteriormente la posesión fue tomada por padre, Apolonio Toledo, que falleció en 2008. «Mi papá era olero y trabajó muchos años por acá, y ocupó estas tierras desde 1998. El pagó los primeros impuestos, hizo el alambrado, el plano de mensura en 2002 en acuerdo con la EBY. Siempre mantuvo la limpieza del terreno hasta que en 2008 falleció. A partir de ahí vino mi hermano a vivir acá. Hizo bajar la luz y construyó esta casa que estuvo a punto de ser derrumbada. Años después él se enfermó y fue a vivir a un lugar más cerca de a ciudad, y en la casa quedó mi primo con su familia. Desde entonces ellos se ocuparon de mantener el lugar y nosotros seguimos pagando los impuestos”; resaltó..
Tanto Silvestri como Sereno expresaron que «es indignante y llama la atención que nuevamente como ocurrió en la chacra 189, haya ese nivel de violencia hacia una familia que no tiene otro lugar adonde vivir, ante el silencio de la Justicia que debería protegerlos. Blanca y sus hijos sufrieron maltrato psicológico y físico cuando la patota del empresario Enriquez la empujó, e incluso quisieron robar el caballo de uno de los chicos», lamentó.
En 2015 destrucción y la primera denuncia
La familia afirma que siempre mantuvo diálogo con autoridades de Yacyretá, sin inconvenientes.
En el 2015 se presentó un hombre que dijo ser el propietario, y sin identificación ni orden de desalojo, con un grupo de obreros rompió el candado, derrumbó el portón, y se metió en nuestro terreno, atropellando con su camioneta una de las casas, y los peones que llegaron con él, se llevaron muebles y objetos personales. O sea que también son ladrones».
Florencia relató que en ese momento estaba la esposa de su primo con todos los chicos, y Enríquez con sus empleados derrumbó la casa impunemente.
«Cuando la señora de mi primo nos avisó, vinimos con mis hermanos y nos encontramos con unos hombres que declararon ser empleados de Daniel Arturo Enríquez, que tiene una empresa constructora”, contó la mujer, que exhibió junto a su hermano Héctor Toledo, la documentación que acredita la posesión, titularidad y pago de impuestos y servicios.
Después de esos episodios violentos, la familia realizó la denuncia a la Policía, porque adem
s recibieron amenazas de muerte; pero no tuvieron nunca una respuesta por parte de la Justicia.
Ministerio de Derechos Humanos: Hay un trámite de posesión veinteañal
La semana pasada la situación se volvió a repetir; pero esta vez la máquina derrumbó una casa contigua al terreno de los Toledo, propiedad del abogado, Lucas Ortega. Con la misma metodología, dos camionetas grandes con empleados y una máquina retroexcavadora entraron a romper todo, con la intención de apropiarse de los muebles, y además prendieron fuego a las plantaciones y a una casilla.
Solo que esta vez, la familia había acordado una reunión con abogados del Ministerio de Derechos Humanos, y pudieron presenciar como los supuestos “dueños del terreno», utilizaban la fuerza para apropiarse del lugar.
«Cuando la gente de Derechos Humanos le pide una explicación por su accionar, el hombre que conducía una camioneta negra, se presenta como Daniel Arturo Enríquez, propietario del terreno. Sin embargo, al requerirle los documentos de la propiedad y la orden judicial de desalojo, no tenía nada para presentar», señaló Florencia Toledo.
Reiteró que en medio de la violencia y el tiroteo tuvieron mucho miedo, porque «estábamos con los chicos; pero si no fuera por el empleado del abogado; Enríquez me iba a tirar la camioneta encima, porque yo me puse adelante y él estaba decidido a todo. No le importó que estuvieran los funcionarios de Derechos Humanos ni nada. Y si llegaba a demoler la casa de madera hubiera sido una tragedia porque estaban los chicos adentro», indicó la mujer indignada.
«En este caso hubo inacción de la Justicia ciega e inoperante»
Luego del incidente, tanto la camioneta negra como Enríquez y sus empleados se retiraron raudamente del lugar y no se supo nada más de ellos. Tampoco hubo ninguna denuncia por los disparos.
Sin embargo, la situación más preocupante es la de la familia que debería ser protegida por la Justicia e instituciones públicas y que -salvo Derechos Humanos- brillan por su ausencia, dejándola a merced de personas violentas sin escrúpulos.
La propia ministra, Lilia Marchesini denunció que «la empresa constructora hizo invasión de un lote que no le pertenece desde hace dos años a esta parte, y en ese tiempo destruyeron diferentes viviendas que habitaban ese lote amedrentando a quienes viven en la otra propiedad. La persona que está haciendo el trámite de posesión veinteñal puede probar que lo ocupa desde hace muchos años, y se lo prestó a una familia que tiene doce hijos y vive en situación de vulnerabilidad».
Expresó que tomó conocimiento del tema a través del diputado Martín Sereno, quien «me transmitió la inquietud, y acudimos con el equipo jurídico del Ministerio a tomar conocimiento sobre la situación, y lo que vimos una situación de vale todo, gente tratando de hacer justicia por mano propia, y eso sucede cuando la Justicia no funciona y es lo que vimos en este caso«.
Custodia policial para la familia que vive en el lugar
La ministra agregó que el juez de Instrucción, César Yaya tiene esta causa desde el 2015, donde la familia que fue violentada hizo la primera denuncia; y ahora en su Juzgado está la segunda denuncia. «Creo que el uso del arma de fuego para defenderse, tiene que ver con ese accionar ciego, silencioso e inoperante de una Justicia que debería haber actuado inmediatamente porque estamos hablando de un avasallamiento al mejor estilo far west, del lejano oeste».
Marchesini comparó este caso con el desalojo ocurrido el año pasado con la chacra 189. «Hay casi una repetición de hechos con la chacra 189, solo que en aquel caso no había un trámite de posesión veinteañal, y el lote no estaba a nombre de las personas que lo habitaban; pero también hubo indiferencia del Poder Judicial. Y convengamos que como Nemesio Parma está alejado de la ciudad, sin acceso a internet ni señal, eso genera condiciones de vulnerabilidad muy grandes y posibilita este accionar delictivo. Por eso pedimos al ministro de Gobierno, Marcelo Pérez, que ordene custodia policial permanente para Blanca y su familia, hasta tanto la Justicia se expida al respecto, y solicitamos un informe al juez Yaya sobre las dos denuncias realizadas, y al Juzgado Civil Uno respecto a la demora en el trámite veinteañal que está en curso», indicó la ministra de DDHH.
