Por Juan Carlos Tizziani
El decano de Jurídicas anticipó a este diario que el Consejo Superior rechazará este jueves el pedido de expulsión de Rosatti de una maestría que dicta sobre derechos humanos.»El estatuto no prevé la sanción por pensar distinto», dijo.
La Universidad Nacional del Litoral banca al juez de la Corte Suprema Horacio Rosatti. El reclamo público de los organismos de derechos humanos de Santa Fe para que lo «expulsen» de la dirección de una Maestría en Teoría Constitucional y Derechos Humanos porque votó una «amnistía encubierta» a genocidas será rechazado por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, según adelantó ayer a Rosario/12 el decano de la casa de estudios, Javier Aga.
Y el segundo pedido para que la UNL se pronuncie sobre el fallo del 2×1 –porque allí se reunieron decenas de avales a Rosatti‑ también será desestimado: ya lo hizo el Consejo Directivo de la Facultad y el jueves lo hará el Consejo Superior, que es el máximo órgano de gobierno de la Universidad después de la Asamblea. Según Aga, «no corresponde» desplazar a Rosatti del claustro. «El estatuto de la UNL no prevé la sanción por pensar distinto», dijo. Y acerca del 2×1 para condenados por delitos de lesa humanidad aplicó la tesis del negacionista secretario de Derechos Humanos de la Nación Claudio Avruj: «Los fallos hay que respetarlos». «Mi postura es que no corresponde que la Universidad se expida sobre lo que resolvió la Corte», sostuvo Aga.
Los planteos a la UNL se hicieron en el acto del miércoles pasado, frente a la Casa Gris, donde Rosatti fue declarado «persona no grata en Santa Fe» por el Foro contra la Impunidad y por la Justicia que integran Madres de Plaza de Mayo, Hijos, Familiares de Desaparecidos, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre y otros expresiones políticas y sociales.
La organización Hijos exigió a la UNL que «expulse del claustro educativo a Rosatti, quien hoy tiene la caradurez de ser director de la Maestría en Teoría Constitucional y Derechos Humanos y es profesor titular de Derecho Constitucional«. Mientras que el Foro le pidió a la Universidad que «se pronuncie expresamente» sobre el fallo del 2×1 para genocidas porque allí «se juntaron avales para que este abogado esté hoy sentado» en la Corte. En un tercer documento, la CGT y la CTA exigieron: «Señores jueces: Nunca más un genocida suelto en las calles argentinas».
Aga estaba al tanto de que los organismos habían declarado a Rosatti «persona no grata en Santa Fe» y le pidieron a la Facultad que lo expulse de la Maestría en Derechos Humanos y de la cátedra de Derecho Constitucional, «en este último cargo con pedido de licencia», dijo. Y adelantó que si se formalizara ese pedido de expulsión sería rechazado «de plano» por improcedente. «No corresponde. El estatuto de la UNL no prevé la sanción por pensar distinto».
Opinó además que tampoco «es pertinente» que la UNL se pronuncie sobre el fallo del 2×1 que votaron Rosatti y sus colegas Carlos Rosenkranz y Elena Higton de Nolasco. El Consejo Directivo de la Facultad -que reúne a docentes, estudiantes y graduados‑ ya discutió el asunto y resolvió que «no corresponde que el órgano de gobierno» de la casa se expida «sobre un fallo de la Corte», dijo Aga. «No es pertinente que se pronuncie en ese sentido, más allá de las expresiones a favor o en contra que puedan tener cada uno de sus integrantes», entendió. Agregó que esa misma posición planteará el jueves cuando se abra el debate en el Consejo Superior de la UNL: «Mi postura es que no corresponde que la Universidad se expida».
-‑¿Cuál es su opinión personal sobre la sentencia? ‑le preguntó este diario.
—Soy muy respetuoso de la división de poderes, de lo que decida el Poder Judicial, el Poder Legislativo y por supuesto, el Poder Ejecutivo. Puedo tener marcadas diferencias con cada una de las decisiones que se han tomado, como ciudadano, las he tenido y muchas con el gobierno nacional anterior. Sí creo que para vivir en una democracia plena es necesario respetar las disidencias y aún cuando no esté de acuerdo con un fallo de la Corte o con cualquier fallo del Poder Judicial, tengo que respetarlo, por más que por mis propias convicciones pueda estar en desacuerdo -contestó Aga.
«Es un fallo que amerita ser discutido y analizado por parte los estudiantes y docentes, en las aulas y en los institutos de la Facultad. Escuché argumentos a favor y en contra, jurídicos y políticos, todos respetables», concluyó.
