DE LA DICTADURA AL MACRISMO

por Ricardo Luis Plaul

No es sorprendente que los cómplices del Partido Judicial instrumenten las herramientas jurídicas necesarias, por más burdas que sean, para dejar en libertad a los culpables de crímenes de Lesa Humanidad. Esto es así porque en el ADN de este gobierno de patrones está presente la misma ideología y los mismos intereses que sostuvieron los artífices de la dictadura cívico-militar del 76.

El programa que pusieron en práctica los militares en el poder, que implicaba el disciplinamiento del pueblo a través de una brutal represión, fue delineado previamente por dirigentes de la burguesía. Las fracciones más concentradas del capital construyeron los instrumentos que le permitirían restaurar su  plena hegemonía.

El programa tenía cuatro ejes. En primer lugar restablecer el “orden” eliminando a los considerados subversivos. En segundo lugar eliminar aquellos elementos que en las fábricas dificultaban el desarrollo del proceso productivo e impedían el aumento de la tan mentada “productividad”. Se referían a los convenios laborales  a los que recurría la clase obrera para impedir su explotación y a las comisiones internas dominadas por la izquierda. En tercer lugar se apuntaba a un recorte de los gastos del Estado y a eliminar los impuestos que servían para financiar el déficit fiscal. Por último se abogó por la liberación de los precios y del comercio exterior.

El plan económico dirigido por José Alfredo Martínez de Hoz fue parte indispensable del proyecto político-social de la dictadura. El terrorismo de Estado, la prohibición de partidos políticos y sindicatos, y el marco represivo general fue indispensable para poder llevar a la práctica este programa económico. Las consecuencias del mismo fueron a su vez indispensables para cumplir con el objetivo de la junta de comandantes: terminar con el protagonismo popular en la vida política de nuestro país.

Un país agrícola de grandes estancieros y peones empobrecidos y esclavizados, constituye la utopía del sector social al que pertenece Martínez de Hoz que se identifica con el período histórico 1880-1930 y que las políticas económicas buscan reconstituir.

El programa económico de Martínez de Hoz se basó en dos principios rectores: apertura comercial y achicamiento del Estado. En sus palabras: “eliminar la excesiva e irracional intervención del Estado y reemplazar el sistema de economía cerrada por otro abierto”. Esto implicó el traspaso de la economía argentina desde nuestro Estado Nacional hacia las corporaciones multinacionales y las potencias que controlan y dirigen el mercado mundial.

La suba de los precios del petróleo había generado enormes ingresos a los países petroleros que los depositarían en la banca internacional controlada por los bancos norteamericanos. La necesidad de los bancos era colocar esos dólares en forma de créditos. La instalación de la dictadura argentina y de otras en la Región, brindó una excelente oportunidad a los bancos extranjeros. El endeudamiento de nuestro Estado y sus empresas, de las empresas privadas no respondió a una necesidad de las mismas ni a errores de gestión sino a la consecuencia deseada por el plan económico de beneficiar a la banca extranjera. Innumerables pruebas demostraron que el incremento de la deuda externa pública y privada fue intencional y que no tuvo justificación desde el punto de vista económico. Se fomentó artificialmente el endeudamiento de las empresas públicas por el desfinanciamiento a fueron sometidas. Se las obligó a endeudarse en dólares y se les negó las posibilidades de acceder a seguros de cambio, que sí se les permitieron a las empresas privadas. El endeudamiento de las mismas fue uno de los argumentos para su privatización durante el menemismo.

El abaratamiento del dólar y la obra pública financiados vía endeudamiento externo permitieron ocultar las consecuencias sociales que generaba la avalancha importadora sobre la industria nacional. El consumo de productos baratos y los viajes al exterior generados por la llamada “plata dulce” y el empleo generado por el gasto público en infraestructura disimularon temporalmente las consecuencias estructurales sobre el empleo y la distribución del ingreso que produciría la quiebra de gran parte de la industria nacional, especialmente las pequeñas y medianas empresas.

El esquema cambiario-financiero permitió al sector privado obtener entre U$A 3000 y 4600 millones sólo tomando deuda en el exterior, colocándola en el mercado financiero interno para luego sacar la plata del país.

Vemos entonces como, en otras condiciones internacionales y en otra realidad socio-política y cultural nacional, los dueños del Poder económico y sus CEOS, cambian sus máscaras y disfraces pero siguen siendo los mismos perros con diferente collar. Algunos son los hijos, los nietos, o los descendientes directos de los mismos opresores históricos de los orígenes de nuestra historia.

No es sorprendente entonces que tengamos que seguir con la misma lucha, con los mismos conflictos, con la misma grieta que nos separa de los enemigos del pueblo.
Hoy corremos el riesgo de que cientos de estos criminales caminen libres por las calles a través de una  aberrante decisión divida de los supremos cortesanos. Esperemos que algunos jueces honestos decidan ignorar este fallo fallado, que los fiscales reaccionen ante su inconstitucionalidad, que el pueblo en las calles impida su ejecución.

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