Por OBSERVACOM
El Ministerio de Comunicaciones prorrogó, una vez más, hasta setiembre la presentación del anteproyecto de “Ley Convergente”, con el cual el oficialismo reemplazaría la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) y la Ley Argentina Digital, ambas sancionadas durante la administración de Cristina Fernández de Kirchner.
El fundamento es realizar nuevas rondas de consulta para que la sociedad conozca el texto que se presentaría.
“Dispónese el desarrollo de un nuevo proceso de consulta, por CIENTO OCHENTA (180) días, sobre los documentos preliminares que conformarán el anteproyecto de ley de reforma, actualización y unificación de las Leyes N° 26522 y 27078”, señala el artículo 1° de la resolución del Ministerio.
Entre los motivos argumentados para este aplazamiento, la resolución señala que organizaciones y ciudadanos “solicitaron la apertura de nuevas rondas de consultas que garantizaran la más absoluta apertura del proceso destinado a su aprobación”, por lo que “resulta conveniente disponer la apertura y desarrollo de un proceso de nuevas consultas a fin de poner en consideración de los ciudadanos, profesionales especializados, organizaciones de la sociedad civil con injerencia en la materia, organizaciones de consumidores y usuarios, cámaras empresarias, organizaciones profesionales y sindicales y a entidades académicas”.
Silvana Giudici, Coordinadora de la Comisión encargada de la redacción del anteproyecto y Directora del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), dijo a iProfesional que “en las distintas rondas las organizaciones pidieron ver lo que se escribió. Es una ley muy extensa, donde se abordan los medios públicos, la convergencia de las redes, los OTT (over the top), la cuota de pantalla, entre otras cosas”.
La medida fue repudiada por la Coalición por una Comunicación Democrática. El comunicado de la organización, que fue la impulsora de los “21 puntos” en los cuales se basó la LSCA aprobada en 2009, expresa que “la prórroga de la presentación del proyecto oficial hasta finalizar las sesiones ordinarias de 2017 es un intento de clausurar la discusión parlamentaria y eludir una elaboración participada de normas con sentido plural que tenga en cuenta los aportes de todos los actores y las particularidades regionales”.
Desde su perspectiva, al no presentar el anteproyecto para debate parlamentario y regular el sistema de medios a través de decretos que modificaron aspectos centrales de las leyes audiovisual y de telecomunicaciones, “han convertido lo provisorio en permanente y han invocado el pretexto de la modernización para regular en favor de las principales corporaciones audiovisuales y de telecomunicaciones. Mediante una limitada metodología de consultas y audiencias enclaustradas ganan tiempo para “ordenar” los intereses particulares de un mercado de amigos”.
En la misma dirección apuntó el investigador Martín Becerra, al señalar en su artículo La prometida ley de comunicaciones en stand by , que “hoy los decretos tienen efectos permanentes y la nueva ley sigue en veremos”. En este sentido, cuestiona los posibles alcances de una nueva ley “cuando las principales definiciones de la política estatal ya fueron decretadas o definidas mediante resoluciones. Cierto es que el esquema actual (promesa de ley, realidad moldeada por decretos y resoluciones) es tan precario que puede modificarse con los mismos métodos unidireccionales adoptados por Macri”.
Esta es la segunda prórroga el plazo de la Comisión para dar a conocer la propuesta del oficialismo de “Ley Convergente”. Tras de su creación (a través del DNU 267 sancionado por el Presidente Macri) y puesta en funcionamiento en abril de 2016, la Comisión contaba con 180 días para elaborar el anteproyecto, pero en octubre de 2016 se dispuso una primera extensión por 180 días, que se reitera ahora por igual período.
Cabe recordar que hace casi un año, organizaciones de la sociedad civil, encabezadas por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) los efectos negativos de las modificaciones a la LSCA dispuestas a través del DNU 267/15 sancionado por Macri al asumir la presidencia. En el marco de las audiencias ante la CIDH, el gobierno prometió elaborar un nuevo marco normativo acorde con el derecho internacional.
Incluso la ONU instó a Argentina a revisar los cambios introducidos a la LSCA por el DNU 267 para evitar la concentración.
