LA CARRERA POR QUIÉN SE CONVIERTE EN PROPIETARIO DEL PAÍS


Por Ramón Duarte

Tres de los actores económicos más poderosos del Paraguay compiten en una crispada carrera por quién se consolida como principal propietario del país. A fin de generar consenso en torno a sus objetivos, utilizan como instrumento las elecciones de 2018 y la supuesta defensa de la Constitución Nacional, siendo precisamente la legalidad un elemento con frecuencia ausente al momento de hacer sus negocios.

Los empresarios Aldo Zuccolillo y Antonio J. Vierci, quienes además de controlar sectores claves de la economía, ejercen su poder político a través de sus medios –en especial el primero– observan cómo el presidente Horacio Cartes no les va en zaga. El grupo empresarial del mandatario ha realizado en corto plazo varias operaciones comerciales multimillonarias absorbiendo cadenas de hoteles de lujo y conformando en menos de dos años un holding de medios para disputar la agenda informativa.

Por tanto, no se trata de la colisión de proyectos con diferencias de fondo, sino un conflicto de límites en que las fuerzas beligerantes han adquirido un tamaño tal que sus fronteras empiezan a rebasarse. Esta lucha al interior del poder oligárquico se refleja en la sorpresiva serie de publicaciones de ABC Color sobre un esquema de apropiación ilegal de tierras de parte del terrateniente brasileño Tranquilo Favero. Muy distinta fue la postura asumida en 2012, cuando los titulares del diario amarillo hacían sonar los cantos de sirena en respuesta a un intento de mensura con el fin de determinar si el productor sojero usufructuaba ilegalmente tierras de dominio público.

Tras apoyar la inconstitucional Ley de Alianza Público-Privada (APP), los dos impresos más grandes del país, con sus satélites radiales y televisivos, se dedicaron luego a denunciar sistemáticamente la repartija de las obras públicas entre el entorno presidencial. Por su parte, el gobierno desataba la “guerra del combustible”, un inesperado enfrentamiento entre el gobierno empresario y los empresarios importadores de combustible, un rubro de negocios que afecta a Zuccolillo. Las incautaciones de productos de contrabando de firmas de Antonio J. Vierci fueron otro de los golpes del gobierno contra los jueces de facto de la república.

La legitimidad social se ha decantado en contra de la enmienda a fuerza de su mayor poder mediático y la poco controvertible letra de la Constitución Nacional. El Frente Guasu se muestra convencido de que podrá aprovechar la crisis oligárquica y ganar los comicios de 2018, pero probablemente termine siendo utilizado. Aun en el caso de que llegue a sumar más votos, con todo el aparato manejado por el adversario no existen garantías de elecciones limpias y transparentes.

Tomando en cuenta la correlación de fuerzas entre los combatientes que se enfrentan en la arena, el Frente Guasu podría no ser más que un convidado de piedra, que además queda deslegitimado frente a la sociedad y las demás organizaciones progresistas. Quizá las encuestas de Vierci que ubican a Lugo al frente de las preferencias de los votantes, además de golpear a Cartes, también habría constituido una trampa para terminar de descalabrar el ya de por sí disgregado conjunto de partidos progresistas y de izquierda. Una coalición electoral entre el Frente Guasu y Avanza País se muestra más improbable que nunca. En consonancia con el mainstream, la Embajada de EEUU criticó la movida de los senadores que impulsan la reelección en un escueto comunicado en que expresó su preocupación por las “violentas protestas” y el incendio de la sede legislativa.

Las aguas del río Paraguay reflejaban vagamente las formas de las llamas que abrazaban la sede del Congreso. La última noche de marzo esparció el fuego como no pudieron provocarlo otros golpes parlamentarios que, a simple vista, deberían haber tenido mayor poder de combustión.

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