Por Zur
En Paraguay la vigencia de la Constitución y los derechos humanos está en cuestión desde 2012. En las últimas horas la indignación se convirtió en protestas que culminaron con el congreso en llamas y desató una fuerte represión policial que dejó decenas de heridos, cientos de detenidos y un dirigente político asesinado por la policía.
‘Todo empezó en Curuguaty’ ha sido una de las consignas del movimiento de organizaciones campesinas y de derechos humanos que en Paraguay denuncia la Masacre de Marina Kue -o de Curuguaty-, donde ese ‘todo’ refiere al proceso destituyente que culminó con el proceso de gobierno iniciado por el ex presidente Fernando Lugo e instaló en el país el autoritarismo como moneda corriente del ejercicio del poder (ya sea este ejecutivo, judicial o legislativo).
De hecho, las víctimas de la masacre de Curuguaty -campesinos que se enfrentaron con las fuerzas policiales en defensa de sus tierras- terminaron procesados por la justicia como responsables de los hechos allí ocurridos. El caso fue el inicio del proceso político que culminaría con la destitución de Lugo, el llamado a elecciones y el ascenso a la titularidad del ejecutivo de Horacio Cartes, del Partido Colorado.
El propio Cartes -en complicidad con políticos de la confluencia que había llevado a Lugo a la presidencia- promovió una modificación a la Constitución que le permitía la posibilidad de una reelección, de manera de mantenerse en el ejercicio del poder por un nuevo período de gobierno.
El malestar popular con el proceso llegó a su punto más alto el pasado viernes, cuando la modificación se votó en el senado. Allí manifestantes lograron ingresar al Congreso y literalemente prenderlo fuego. El despliegue represivo no se hizo esperar y el resultado según cifras que recogen los medios paraguayos es de más de 20 heridos, centenas de detenidos y un muerto. El fallecido es un joven dirigente político del tradicional Partido Liberal, que fue ultimado por la policía en una sede partidaria.
Esta muerte tuvo un primer impacto político que fue la destitución del ministro del Interior y el jefe de la Policía Nacional, ya que en una primera comunicación oficial se afirmaba que la muerte del dirigente se había producido accidentalmente, mientras que las primeras pericias judiciales demostraron que tenía 9 impactos de bala en su cuerpo.
El panorama de las organizaciones sociales en Paraguay
La CODEHUPY -Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay- emitió en las últimas horas un comunicado en el que sostiene que los sucesos de las últimas horas son “resultado del vaciamiento institucional que marca un grave retroceso en el Paraguay” y que ha conducido a un proceso de “democracia avasallada y terrorismo de estado”.
En su comunicado la CODEHUPY agrega que la muerte del dirigente político configura una “ejecución extrajudicial, acto de barbarie que no podemos sino calificar como Terrorismo de Estado, considerando que a este hecho se suman las detenciones arbitrarias, malos tratos y torturas que se han registrado masivamente” ya que, además del exceso en el uso de la fuerza, todo el procedimiento se llevó adelante sin conocimiento de la justicia.
En las más de 200 personas detenidas, la articulación de organizaciones de DDHH de la nación guaraní sostiene que se la mayoría de ellas se han realizado de manera arbitaria “siendo también víctimas de torturas, malos tratos y robos por parte de la policía” al tiempo “varias mujeres detenidas han denunciado haber sido obligadas por las fuerzas públicas a desnudarse”.
En el mismo sentido la CONAMURI (Coordinadora Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas) sostiene en un comunicado que se hizo público en las últimas horas que “los gravísimos hechos registrados (…) nos exigen revisar la historia del país, en la que tanto colorados como liberales, movidos por sus propios intereses y por mafias transversales, han utilizado al pueblo como carne de cañón. Esta práctica muy violenta, cuasi bélica, se da en el momento en que los grupos de poder se disputan el espacio político y en el que finalmente son las trabajadoras y los trabajadores quienes ponen sus cuerpos y sufren la represión y las balas”.
La herida abierta en la Masacre de Curuguaty sigue abierta. Su impunidad se derrama a toda la sociedad paraguaya y el supuesto debate por la organización político electoral del país silencia los procesos de injusticia social, económica y ambiental en que sufren las grandes mayorías del país.
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