Por Guillermo Delgado Jordan
Desde principios del siglo pasado, los eternos dueños de la tierra del país se las han ingeniado para regresar una y otra vez al poder.
Hoy, junto con su política de transferencia de ingresos comenzó un bastardeo de la política de derechos humanos. Y es que si hay algo que permite el eterno retorno de estas personas que han robado y matado en nombre de sus cuentas bancarias, es la impunidad. Aquí una breve muestra de los cientos de funcionarios del actual gobierno, que no sólo a nivel societario o económico, sino por lazos de sangre, están vinculados a los años más oscuros de la historia argentina.
Si hay algo que nos demuestra la historia argentina es la existencia de una perpetua ciclicidad, un eterno retorno que evoluciona y se perfecciona en sus formas. Desde la llegada al poder de los primeros partidos políticos con raigambre popular a principios del siglo pasado, los eternos dueños de la tierra y el comercio del país se las han ingeniado para regresar una y otra vez al poder.
Durante prácticamente medio siglo lo hicieron a través de sucesivos golpes de estado, volteando gobiernos radicales y peronistas, de manera cada vez más “perfecta” y violenta, buscando sistemáticamente el aniquilamiento del denominado “populismo” a través del terror y la proscripción.
Finalizando la dictadura militar en 1983, lo que en términos “duros” podríamos denominar como oligarquía, que tenía “per se” una acotada representatividad en las urnas, realizó varios intentos por posicionarse a través de diversos partidos políticos y agrupaciones; los casos de la UCeDe de Alsogaray y Recrear de López Murphy pueden vislumbrarse como los más exitosos.
Pero aunque no lograban acceder a la presidencia no por eso dejaron de tener una influencia decisiva en la política nacional; tanto es así que a través de alianza y presiones mediáticas y de mercado, durante años, tomaron posesión de supuestos gobiernos de partidos de corte popular (los de Menem y de la Rúa, específicamente) y manejaron el país a su antojo, siempre bajo la misma premisa: la transferencia de ingresos hacia los grupos concentrados.
Sabiéndose de antemano insostenibles en el tiempo (su objeto de gobierno es la rapiña desmedida y constante que indefectiblemente finaliza con un malestar generalizado que conlleva a su caída o derrota) retroceden en representatividad durante el kirchnerismo pero no por eso en su objetivo: retornar al poder.
Ya lejos de propugnar alzamientos militares, la derecha de la Argentina supo rearmarse explotando su aparato comunicacional, gestando una vital alianza con un desorientado Partido Radical
Con los años, ya lejos de propugnar alzamientos militares, la derecha de la Argentina (que cuenta históricamente con un peso propio del electorado que fluctúa alrededor del 20 por ciento ) supo rearmarse explotando su aparato comunicacional, gestando una vital alianza con un desorientado Partido Radical y aprovechando las debilidades innatas del Justicialismo, como lo son, por ejemplo, su amplitud de base, tan versátil como politómica, así como la no generación de nuevos líderes populares que se aproximen a las figuras de Néstor y Cristina Kirchner, producto también de su propia esencia de carácter verticalista.
Es así como con relativamente “pocos” condimentos: medios de comunicación, un discurso vacío y de promesas deseables pero inalcanzables (pobreza cero) o intangibles (achicar la grieta), así como el ocultamiento de sus reales intenciones y una formidable campaña de marketing, la oligarquía argentina (la misma que dominó el siglo XIX, la que a pinceladas estuvo en el XX con agigantada presencia durante el Proceso, la del menemismo y el delaruísmo), por primera vez en la historia ganó elecciones presidenciales en comicios transparentes.
Y así, junto con su política permanente de transferencia de ingresos comenzó una lenta pero precisa política de bastardeo de lo que se denomina política de derechos humanos. Y es que si hay algo que permite el eterno retorno de estas personas que tanto han robado y matado en nombre de sus cuentas bancarias, es la impunidad.
La gran deuda de la justicia argentina es la de no haber avanzado firmemente en condenar no sólo a aquellos civiles que por acción u omisión han cometido delitos de lesa humanidad, sino a aquellos que a través del usufructo de dichos delitos (ya sea como funcionarios o como directos beneficiarios) se han enriquecido tan exponencialmente como se ha empobrecido al pueblo.
Apenas conocido el triunfo de Macri, el diario La Nación tomó la posta con un controvertido editorial. Luego siguieron funcionarios como Lopérfido y Gómez Centurión negando la existencia de 30.000 desaparecidos. El mismo Presidente manifestó que no es algo con lo que le interese polemizar. ¿Y es que cómo estos y otros funcionales y funcionarios van a aceptar públicamente el genocidio cometido si sus propias familias han sido partícipes o han usufructuado de los beneficios del gobierno que los llevó adelante?
Cientos de funcionarios del actual gobierno, no sólo a nivel societario o económico, sino por lazos de sangre, están vinculados a los años más oscuros de la historia argentina.
¿Acaso la familia Macri no ha multiplicado su fortuna y sus empresas con la última Dictadura? ¿Acaso Lopérfido no es yerno de los Mitre vinculados al robo de Papel Prensa? ¿Acaso Gómez Centurión no es el hijo de quien fuera designado por la Junta Militar como Gobernador de Facto de Corrientes durante la dictadura?
Y así los ejemplos de los miembros de este gobierno con lazos con la Dictadura podrían multiplicarse hasta el infinito, desde algunos más emblemáticos hasta otros desconocidos, y de los que sólo mencionaremos algunos (aunque el lector seguramente conocerá varios más) para no reiterarnos hasta el hartazgo.
Lucía Martínez de Hoz, la nieta del tristemente célebre Ministro de Economía del Proceso, nombrada en la Secretaría de Planificación, Evaluación y Coordinación de Gestión de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Ciudad de Buenos Aires.
Mariano Florencio Grondona Lynch, designado como Vocal del Directorio de la Administración de Parques Nacionales, e hijo del periodista Mariano Grondona, defensor y sustentador del Golpe Militar del 76.
Félix Lacroze, Subsecretario de Coordinación Administrativa del Ministerio de Educación e hijo de David Lacroze Ayerza, Presidente de la Junta Nacional de Granos durante la presidencia de Videla.
Emilio Basavilbaso, Director Ejecutivo del Anses y yerno del mismo David Lacroze Ayerza.
Alfonso Prat Gay, ex Ministro de Hacienda y Finanzas e hijo de Jorge Prat Gay, quien integró durante la última Dictadura el Directorio del Banco Nación.
Rodrigo Manuel Durán Rivera, Gerente Operativo del Ministerio de Hacienda de la Ciudad de Buenos Aires y sobrino nieto de Manuel Ignacio Adrogué, Consejero de la Facultad de Derecho de la UBA durante la Dictadura Militar.
Inés Zorreguieta, Directora en el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales de la Presidencia de la Nación, hermana de la Reina Máxima e hija de quien se desempeñara como Secretario de Agricultura y Ganadería entre 1979 y 1981.
Pablo Quirno Magrane, Jefe de Gabinete de Asesores del Ministro de Finanzas y sobrino político del fallecido Víctor Luis Funes, quien fuese Director de Asuntos Legales de la Sociedad Rural y ex Intendente de Rosario durante la penúltima Dictadura.
Santiago Manuel de Estrada, actual Secretario de Culto del Ministerio de Relaciones Exteriores, y anteriormente, Subsecretario de Seguridad Social durante el gobierno de facto de Onganía, Secretario de Seguridad con Videla e Interventor del INSJP también durante el gobierno militar.
Francisco Hugo María Miguens Campos, Director Nacional de Cooperación Internacional del Ministerio de Educación e hijo de Hugo Miguens, Subsecretario de Lealtad Comercial de Martínez de Hoz.
Máximo Giusto Bullrich, Coordinador de Proyectos Juveniles del Ministerio de Desarrollo Social y sobrino nieto de Conrado Etchebarne, Ministro de Justicia de Onganía y antes Inspector General de Justicia con Aramburu.
Nicolás Donoso Castex, quien se desempeñó como Auxiliar Administrativo del Ministerio Público Fiscal en CABA y nieto de Roberto Antonio Sahaspé, Intendente de Junín durante la dictadura.
Marcos Peña, Jefe de Gabinete y sobrino de Eduardo Braun Cantilo, beneficiario directo de la estatización de Austral por parte del gobierno militar.
Santiago Martín Videla Balaguer Lascombes, Coordinador en la Agencia de Administración de Bienes del Estado, hijo de un encarnizado defensor del Proceso como Patricio Videla Balguer, hijo a su vez de Dalmiro Videla Balaguer, un General que participó activamente en el Golpe de Estado de 1955 que derrocó a Perón.
Carolina Biquard, Presidente del Fondo Nacional de las Artes y que se casó con el escritor Jorge Ramón Torres Zavaleta, sobrino de Martínez de Hoz.
Eduardo Nicolás Martelli, Secretario de Modernización y concuñado de Elvira Martínez de Hoz, hija del ex Ministro de dicho apellido.
Nicolás Massot, jefe de la bancada PRO en la Cámara de Diputados y sobrino del dueño del Diario “La Nueva Provincia” de Bahía Blanca, Vicente Massot, quien está acusado como coautor de los asesinatos de dos obreros gráficos en 1976.
Ignacio Peña (hermano de Marcos) Asesor del Ministerio de Innovación de la Ciudad de Buenos Aires y yerno de Carlos Alberto Dellepiane, a cargo del Archivo General del Departamento de Estudios Históricos durante la dictadura.
Matías García Oliver, Subsecretario de Asuntos Institucionales, yerno de Alejandro Fabián Reynal, Vicepresidente del Banco Central durante la Dictadura, a su vez hermano de Pedro Eugenio Reynal, titular de MBA Compañía Financiera S.A., sociedad encargada de manejar los fondos ilegales de la dictadura del 76.
Eduardo Martín Caminal, Delegado argentino ante la Comisión Administradora del Río Uruguay e hijo de Eduardo Caminal, quien fuera, entre otras cosas, Asesor de la Municipalidad de Concordia durante el gobierno militar.
Maximiliano von der Heyde, funcionario del I.V.C. y cuñado de Pablo Martín Terán Nogués, hijo del fallecido empresario tucumano Pedro José Terán Nogués, quien fuese nombrado en 1977 como Vicepresidente del Banco Central y uno de los colaboradores del gobierno militar en la elaboración del proyecto de Ley de Entidades Financieras.
Horacio Rayser Travers (Asesor presidencial en inversiones extranjeras), el mencionado Francisco Miguens (Director en el Ministerio de Educación) y la esposa de Marcos Pourteau (Subsecretario de exploración y producción hidrocarburífera) son todos nietos de Angélica Lanusse, prima del Presidente de Facto Alejandro Agustín Lanusse.
Bernardo Saravia Frías, Secretario Legal y Administrativo del Ministerio de Hacienda, sobrino de José Ignacio Saravia Day, actualmente prófugo y quien tiene pedido de captura nacional e internacional por la desaparición en octubre de 1976 de un joven que fue secuestrado cuando realizaba la conscripción.
Lucas Cinto Courtaux, Coordinador en el Ministerio de Hacienda y sobrino de Marcelo Cinto Courtaux, también prófugo y con pedido de captura por delitos de lesa humanidad.
Como dijimos, estos son sólo algunos ejemplos expuestos a fin de entender la constante presencia en todas las áreas del actual gobierno, de familiares ligados a los gobiernos militares. De ahí se desprende el poder entender el que dejen de lado la férrea política de Derechos Humanos de los anteriores 12 años, de ahí que brinden mensajes como el fallido intento de hacer del 24 de marzo un feriado “móvil” intentando despojarlo de su trascendencia, o la provocación de los carteles instalados sobre los pañuelos de las Madres, o la negación de los 30.000 desaparecidos, cuando no, el apoyo explícito a “la teoría de los dos demonios”, o las propias palabras del Presidente Macri hablando de “guerra sucia”.
Y la única razón de esto es que ellos mismos, o sus familias, han sido partícipes o favorecidos del funesto accionar de los militares; han sido sus cómplices y beneficiarios. Y si no estamos atentos (como sucedió en el 2015) y si no seguimos exigiendo Justicia, en esta permanente ciclicidad de la Historia, volverán una y otra vez.
Por eso mismo, el 24 marchamos. Levantando las banderas en paz. Por eso mismo: Memoria, Verdad y Justicia.
