Así lo refleja una encuesta realizada por Diario Judicial en la que se preguntaba a los lectores sobre la iniciativa del Gobierno para eliminar el receso anual del Poder Judicial.
Un 65 por ciento de los votantes evalúa que la medida va a traer más problemas que soluciones, y sólo un 35 por ciento considera que va a mejorar el servicio y la eficiencia de la Justicia.
Como parte del paquete de reformas judiciales, el Gobierno nacional anunció semanas atrás una iniciativa para eliminar el receso anual del Poder Judicial. El ministro de Justicia, Germán Garavano, aseguró que “hay que debatir cómo darle agilidad a la Justicia”, y planteó la necesidad de discutir “cómo hacer para que fiscalías y juzgados no permanezcan cerrados al público tantos días”.
El anuncio no pasó desapercibido y generó recelo entre los abogados, empleados judiciales y magistrados, quienes se pronunciaron mayoritariamente “en contra”. Así lo refleja una encuesta realizada por este medio en la que se preguntaba a los lectores respecto a la iniciativa del Gobierno de suprimir la Feria Judicial.
Un 65 por ciento de los votantes evalúa que la medida «va a traer más problemas que soluciones en el funcionamiento del Poder Judicial», mientras que sólo un 35 por ciento considera que «va a mejorar el servicio y la eficiencia de la Justicia».
De este modo, el debate puso sobre la mesa diversos planteos sobre la forma de trabajar de los tribunales. Ante el anuncio, el gremio judicial fue tajante y rechazó «cualquier iniciativa que signifique flexibilización laboral o avanzar sobre los derechos de los trabajadores judiciales».
En diálogo con Radio Ciudad, el secretario general de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN), Julio Piumato, destacó el “colapso” del sistema y explicó que “la época de Feria se usa para ponerse al día y ordenar el funcionamiento de la Justicia”, por lo que concluyó que eliminarla sólo “agrava” la cuestión.
En tanto, los sectores que apoyan el proyecto afirman que los horarios de trabajo son “exiguos” e “inconvenientes” para quienes deben asistir a los tribunales, y el receso de enero y julio “detiene el trabajo durante 45 días”.
Por su parte, el diputado de la provincia de Buenos Aires, Guillermo Castello (Cambiemos) presentó en la Legislatura bonaerense una iniciativa para “suprimir” el receso, al entender que la parálisis de 45 días “no tiene justificación posible y la cuestión debe ser analizada seriamente y sin prejuicios, no con espíritu corporativo».
«El sistema judicial funciona sólo 190 días al año si se descuentan feriados, asuetos y recesos, lo cual resulta incompatible con el concepto de acceso amplio y generalizado a la justicia», sostuvo Castello.
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