LOS DELITOS POR LOS QUE MACRI FUE DENUNCIADO

 

Por Página/12

Las presentaciones judiciales del FpV-PJ y Nuevo Encuentro piden que se investigue si el Presidente y sus funcionarios incurrieron en administración fraudulenta, negociaciones incompatibles con sus funciones y abuso de autoridad. Uno a uno los motivos por los cuales se los acusa.


“El problema no es tanto el monto, sino que la maniobra revela un claro conflicto de interés”
, remarcó el diputado del FpV-PJ Rodolfo Tailhade, autor de la denuncia penal que ese bloque parlamentario presentó contra el presidente Mauricio Macri por la condonación de  la deuda que el Grupo Macri mantiene con el Estado por la concesión del Correo Argentino. Macri no sólo fue denunciado por la bancada kirchnerista de la Cámara baja, sino también por Nuevo Encuentro. El primer mandatario y los funcionarios involucrados en la negociación con el holding de su familia quedaron bajo la lupa por la posible comisión de los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas y abuso de autoridad.

“Sería una joda”
que la empresa “no ponga un solo peso de interés” por esa deuda, manifestó el Tailhade al explicar los argumentos de la presentación judicial del FpV-PJ. La denuncia que recayó en el juzgado de Rodolfo Canicoba Corral pretende probar -según precisó- que “toda la maniobra es reveladora de que entre el Estado y el Correo, es decir entre Macri y Macri, han pergeñado un acuerdo” para beneficiar a la compañía de la familia del primer mandatario con una quita del 98,87 por ciento, que elude el pago de 4 mil millones de pesos.

El diputado detalló que la presentación contra Macri, el ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad; y el director de Asuntos Jurídicos de esa cartera, Carlos Mocoroa; presenta varias figuras penales. Una de ellas es la de “administración fraudulenta en perjuicio del Estado” porque, según sostuvo, el porcentaje de la quita de la deuda hace que “le quede al Estado el 1 por ciento” de lo que Sideco le debe. Esto demuestra que la condonación “genera un perjuicio monumental” al Estado, y deja claro también “una actividad fraudulenta: que los beneficiados sean familiares” de quien decidió la condonación.

Tailhade añadió que, por este motivo, a Macri, Aguad y Mocoroa se los acusó también de los delitos de “negociaciones incompatibles con la función pública”, porque se trata de “un delito contra la administración estatal”. También de “abuso de autoridad”, no solo porque el Jefe de Estado “condona una deuda de su familia”, sino porque a ese trámite se lo hizo “sin tomar la serie de recaudos” administrativos “que le hubieran dado al mecanismo una transparencia que no tiene”, detalló durante una entrevista con el programa «Te quiero», por AM 750.

Si bien la denuncia se centra en esas tres figuras penales, la definición de la acusación “dependerán tanto del juez como del fiscal”. A esta presentación se le sumó otra hecha por Nuevo Encuentro, de Martín Sabbatella, por “fraude en perjuicio de la Administración Pública y negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas”. Esta última recayó en el juzgado de Ariel Lijo y se estima que ambas podrían terminar en manos en este último magistrado.

La presentación del FpV-PJ tomó parte de los fundamentos que la fiscal Gabriela Boquín utilizó para cuestionar la iniciativa del Poder Ejecutivo. Allí se detalla, por ejemplo, que a los pocos meses de asumir el Gobierno pidió una audiencia ante la Cámara en lo Comercial que tramitaba el caso para que Correo Argentino presente una nueva propuesta cuando “no había ninguna necesidad” de que lo hiciera, porque el tema estaba en trámite. Según el legislador kirchnerista “toda la maniobra es reveladora” de que hubo un acuerdo previo entre ambas partes.

Además, precisó que las cifras de la deuda (4 mil millones de pesos, que proyectados a 2033 cuando el Grupo Macri terminaría de saldar su deuda suman un total de 70 mil millones 2033) al igual que el porcentaje de la quita (98,87 por ciento) fueron tomadas de datos de la Procuración General. “Sería una joda que una empresa que ingresó en concurso preventivo y que cesó el pago a sus acreedores y proveedores, termine de pagar esa deuda en 2033 y no ponga un solo peso de interés”, criticó.

“El corazón de lo que denunciamos, lo ilícito, pasa por que el propio presidente de la Nación, como jefe de Estado, condona una deuda de su familia”,
insistió el diputado.

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