LOS GLADADORES LETRADOS Y MEDIÁTICOS DE MACRI QUE DEFIENDEN AL CARAPINTADA QUE MACRI ECHÓ



Por Claudio Mardones

Al director de Aduanas, Gómez Centurión, lo cubren dos abogados de Clarín que patrocinaron al Presidente en causas clave. Micrófonos abiertos y guerra abierta de espías en el sótano PRO.
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«Vos hacé lo que tengas que hacer, pero te separo del cargo preventivamente»,
fue la contestación del presidente Mauricio Macri cuando habló con el ex militar carapintada Juan José Gómez Centurión. El jefe del Estado estaba en la Casa Rosada y el interlocutor era, hasta ese momento, el director general de Aduanas, cargo al que había llegado el 10 de diciembre pasado por decisión del hombre que ahora lo desplazaba. El diálogo fue confirmado a Letra P por voceros de la Casa Rosada y sucedió cuando el funcionario se enteró de la denuncia que presentó en su contra la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por orden del mandatario, a partir de una denuncia anónima por presuntas maniobras de contrabando.

El mensaje presidencial fue la habilitación para que el ex titular de la Agencia Gubernamental de Control Comunal porteña se defendiera públicamente por los medios, tal como empezó a hacerlo el domingo último con una entrevista concedida al periodista oficialista Luis Majul. El permiso para que el ex militar ofreciera batalla fue acompañado por otro espaldarazo: la designación del abogado Alejandro Raúl Alberto Pérez Chada, que, según exhumó el periodista Gustavo Veiga en una excelente nota publicada por Página12 en 2012, está inscripto en la AFA desde 2002 como negociador de jugadores de fútbol, una actividad que también comparte con el actual titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), el escribano Gustavo Arribas, que desde 2007 representó futbolistas y clubes, aunque en 2005 quedó en el ojo de la tormenta por el cuestionado pase de Carlos Tevez al Corinthians. El actual letrado patrocinante del ex carapintada también tuvo en sus manos la defensa de otra estrella de Boca: Juan Román Riquelme. Fue en 2008, ante una acusación de incitación a la violencia de la justicia contravencional porteña.

LETRADOS MULTITASKING.
Los antecedentes en el trading futbolístico del abogado Pérez Chada son menos conocidos que los de Arribas. Los reconocimentos más públicos del letrado son las defensas a favor de Macri en dos expedientes clave para su carrera política: la causa que lo investigó como partícipe necesario de una asociación ilícita dedicada a realizar espionaje ilegal dentro del Gobierno porteño, por la que fue sobreseído en segunda instancia, y su responsabilidad en la creación de la Unidad de Control del Espacio Público (UCEP), dedicada a perseguir, hostigar, golpear y desalojar a personas en situación de calle durante el desempeño de Juan Pablo Piccardo como ministro de Ambiente y Espacio Público, en el primer mandato como alcalde del actual jefe del Estado. Piccardo está al mando de Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado (SBASE) desde que dejó el ministerio ambiental en manos del actual vicealcalde, Diego Santilli.

El poder de representación legal que firmó Gómez Centurión a favor de Pérez Chada no fue el único. También nombró como abogado a Hugo Wortman Jofre, letrado del Grupo Clarín en varios casos contra el Gobierno y contra distintos periodistas, como Roberto Caballero. El hilo que une a Pérez Chada con Wortman Jofre es el abogado y actual diputado del Parlasur Fabián «Pepín» Rodríguez Simón, que fue en 2008 jefe de Gabinete de Piccardo en el ministerio de Ambiente y Espacio Público y principal impulsor de la patota sostenida por el Estado para perseguir personas en situación de calle.

El segundo abogado del ex carapintada también es letrado del Grupo Clarín, bajo la atenta coordinación de «Pepín», que funge como asesor de la corporación mediática perteneciente a Héctor Magnetto y Ernestina Herrera de Noble. En 2013, «Pepín» publicó el libro «Clarín y la Ley de Medios. Las claves para entender la Ley de Medios y la relación entre el Gobierno y el Grupo Clarín», una obra publicada por Editorial Planeta que buscó difundir los argumentos jurídicos del multimedios contra el Estado antes del fallo de la Corte sobre la inconstitucionalidad de algunos artículos de la norma.

EL EJE PEPÍN – TORELLO.
Además de ser diputado del Parlasur, «Pepín» también es, desde el 10 diciembre pasado, uno de los miembros «clase D» del directorio de la estatal YPF. No es un desconocido para el ex director de la Aduana removido «provisoriamente»: ambos se conocen de la Fundación Pensar, el think thank fundado en 2008 que, luego de un relanzamiento posterior, se transformó en la usina programática del PRO bajo la conducción del actual ministro de Producción, el mendocino, ex gerente de Sociedad Anónima La Nación Francisco Cabrera. Bajo el mando del mendocino en Pensar, convivieron «Pepín» con el ex carapintada.

El primero estuvo dentro de la mesa de asuntos institucionales de la Fundación y el segundo coordinó el área de Defensa, un puesto que, junto a sus condecoraciones por su desempeño militar en Malvinas, lo pusieron entre los más prominentes candidatos a ministro de Defensa. Las quejas de la UCR pudieron más y el mayor retirado (con más condecoraciones de la Guerra del Atlántico Sur) fue enviado al frente de la Aduana, que depende de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), la agencia de recaudación que conduce Alberto Abad, el mismo que ordenó sacar al ex mayor del cargo aduanero. «Por parte de la AFIP, por parte de Abad, no estuvo prolijo. No fue prolijo apartarme del cargo. El Presidente hizo lo que tenía que hacer», disparó el funcionario desplazado cuando hizo lo que consideraba necesario para defenderse.

El poder que detenta «Pepín» fue producto del auspicio que le dio el actual jefe de asesores del Presidente y ex compañero del secundario José Torello, un hombre directamente enfrentado con otro amigo presidencial: el titular del Club Boca Juniors, Daniel «Tano» Angelici, que comparte comisión directiva con el abogado sushi Darío Florián Richarte, vice tercero de la institución xeneixe, ex vicerrector de la UBA y subjefe de la ex SIDE durante el mandato presidencial de Fernando De la Rúa. Richarte también es socio de Sergio Szpolski, el empresario que fue titular del extinto Grupo 23 hasta que lo vació sin pena alguna, quizás gracias a su excelente vínculo con el ex director general de Operaciones de la ex SIDE Antonio Stiuso, que tuvo como jefe político institucional a Richarte entre 1999 y 2001. Luego habrían sido socios, en una combinación de vínculos que ahora tendrían una renovada influencia bajo el gobierno de Cambiemos, especialmente de la mano del Tano.

MR STILES, TELÉFONO PARA USTED.
Para los conocedores de los vínculos que llegan al actual Presidente (y muchas veces pasan por Boca), los dos abogados que defienden a Gómez Centurión representan a una red de relaciones que continúan por «Pepín» y terminan en Torello. Del otro lado del mostrador en esta disputa, al menos por las palabras del denunciado, estarían algunos tristemente célebres antagonistas.

«Creo que fue gente vinculada a Stiuso»,
disparó el removido funcionario en referencia a los presuntos impulsores de la denuncia anónima que ahora está en la Justicia. «La banda que más fuerza hizo en Ezeiza. Tratar de cambiar Ezeiza y tratar de cambiar a los operadores, que yo creo que tienen doble legajo, fue complicado. Arribas me dijo que tenía toda la predisposición para ayudar. Si yo no hubiera querido aceptar este riesgo, me hubiera ido a Parques Nacionales», contestó el ex carapintada en el raid de medios que hizo para defenderse y que este lunes incluyó un reportaje con Joaquín Morales Solá en Todo Noticias. «Cuando Macri me pidió hacerme cargo de la Aduana, el riesgo era hasta de muerte. Que me maten, que me hagan una operación, que me ensucien, que me manchen… ésos eran los riesgos. Una vez por semana me amenazan», contó el mayor retirad

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Gómez Centurión aludió al espía más poderoso de las catacumbas estatales, pero eludió mencionar que el mismo personaje fue denunciado por Cristina Fernández de Kirchner. En febrero de 2015, el entonces titular de la Secretaria de Inteligencia, Oscar Parrilli, por orden de la entonces mandataria, denunció a Stiuso ante el Juzgado Federal en lo Penal y Económico N°3, a cargo de Rafael Caputo. Fue acusado de concretar «67 importaciones por 94 mil kilos» de mercadería mediante maniobras de «contrabando», algunas de las cuales llegaron a nombre del mismísimo ex jefe de los espías. También fueron denunciados otros espías, como Alejandro Osvaldo Patrizio y Nicolás Gastón Mercado, por participar de «una cuantiosa maniobra de contrabando perpetrada por funcionarios de un sector de la Secretaría de Inteligencia en perjuicio del Estado valiéndose de este paraguas protector que da la ley y la posibilidad de importación de bienes con carácter secreto».

REVUELTO GRAMAJO.
La denuncia penal contra Gómez Centurión fue presentada por la ministra Bullrich y quedó en manos del magistrado Ariel Lijo. En el escrito también están acusados “Carlos Oldemar Barreiro Laborda, alias ‘Cuqui’, empresario paraguayo ex dueño de Lo Jack; Edgardo Paolucci, director de Aduana en el Puerto de Buenos Aires; Rita María Ailán, jueza en lo Contencioso Administrativo Federal; Gustavo Mariscurrena, jefe de courier del aeropuerto de Ezeiza; Julio César Tizado, empleado de Barreiro Laborda; Federico Tiscornia, hermanastro del ex juez Guillermo Tiscornia y también empleado de ‘Cuqui’; Néstor Orlando Frega, alias ‘El Turco’, empleado de la misma persona, Ignacio Allievi, subdirector general de Control de la Aduana, y Claudio Minicelli, cuñado del diputado  y ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido”, según detalló el sitio infobae.com, que se adjudicó la exclusividad de la denuncia y de los audios provistos por Seguridad, aunque alto funcionario de la Casa Rosada detalló que «los mismos audios que llegaron al Presidente llegaron a distintos medios, al mismo tiempo».

EL CORCEL DEL COMISARIO.
Este lunes, el fiscal federal Guillermo Marijuán imputó a Gomez Centurión y a «Cuqui» Barreiro Laborda. Pidió la indagatoria de ambos junto a medidas de prueba para arrancar el sumario penal, basado en los audios que aportó Bullrich a partir de «una denuncia anónima». También ordenó el secuestro de las cámaras de seguridad del shopping Buenos Aires Design, del barrio porteño de Recoleta, donde el ex titular de la Aduana se habría reunido con Barreiro Laborda, de acuerdo a la denuncia de «Pato».

Gómez Centurión no habló solo. También Cuqui salió a los medios. “¡Esto fue obra de alguna rata de AFI! La cama nos la hizo (Silvia) Majdalani”, le dijo el ex dueño de Lo Jack a Perfil.com. “Hace 4 meses me avisaron que le iban a hacer una cama a Centurión”, remarcó.

En su defensa, el ex carapintada pidió el peritaje de su celular para demostrarle al fiscal y al juez que la denuncia está sostenida por audios de whatsapp que fueron ensamblados en un aparente diálogo.

«Si lo que ha salido a la luz es lo más jugoso, entonces Gomez Centurión volverá premiado, porque es muy poco serio todo»,
opinó una fuente del Gobierno ante la consulta de Letra P, luego de señalar que «dentro de la Casa Rosada hay funcionarios que apuestan a que esta situación se revierta, algo que también comparte el propio Macri». En esa línea habló el domingo pasado el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, cuando se mostró junto a la octogenaria conductora televisiva Mirtha Legrand.  “Esperemos que rápidamente la Justicia se expida y si se comprueba la inocencia, por supuesto va a ser reincorporado en su cargo”, contestó el funcionario.

DUEÑOS DE LA PRIMERA PIEDRA.
El empuje presidencial habría permitido el desfile de Gómez Centurión por distintos medios y la escudería de dos de los abogados penalistas que defendieron a Macri en temas clave y que responden a un vidrioso jugador como «Pepín» Rodríguez Simón. Pero así como tiene sus amigos, el ex carapintada también tiene sus detractores. Uno de ellos puede ser el titular de la cartera de Producción, Cabrera. El mendocino fue ministro de Desarrollo Económico porteño durante los dos mandatos de Macri como alcalde, pero pasó un momento amargo en 2015, cuando el ex carapintada decidió clausurar uno de los depósitos de la multinacional Iron Mountain, luego de que un año antes se incinerara otro en Barracas, donde murieron nueve bomberos de la Policía Federal y dos miembros de la Guardia Civil, en un siniestro que la justicia consideró «intencional». Fue una de las mayores máculas penales de Cabrera, que fue atizada por una inesperada clausura de Gómez Centurión, por entonces jefe de los inspectores porteños, que intentó dejar en evidencia la presunta vista gorda del cuerpo de controladores del área de Trabajo que, por entonces, dependían de Cabrera y del subsecretario Ezequiel Sabor, actual viceministro de Trabajo de la Nación. Otra espada del PRO que incuba malos recuerdos del ex combatiente de Malvinas, que actuó en dos sublevaciones carapintadas y que ahora reúne fuerzas como si se preparara para pelear la última batalla. La anterior la libró con sus propios subalternos en el Atlántico Sur, que lo acusan de torturar conscriptos.

«Si me preguntás a mí, yo creo que vuelve, porque sucede en un momento muy oportuno para el Presidente»,
pronosticó el escritor y ex embajador del menemismo Jorge Asís en un reportaje televisivo ofrecido el lunes por la noche. Fue una escena muy distante de aquella que protagonizó hace ocho años atrás, cuando entrevistó en tevé al ex comisario de la Federal Jorge «Fino» Palacios poco después de que fuera expulsado de la jefatura de la Policía Metropolitana por la investigación de las escuchas ilegales que también habían complicado a Macri. El ex hombre azul había sido procesado en la misma causa judicial donde Pérez Chada afilaba su defensa para el futuro presidente.

 

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