Cuando la jueza Susana Barreiros determinó a principios de septiembre que el golpista Leopoldo López, quien se halla encarcelado desde febrero de 2014, debería pasar aún 13 años, 9 meses, 7 días y 12 horas en la prisión militar de Ramo Verde, muchos venezolanos y venezolanas sintieron que esta vez se había hecho justicia. Sin embargo, también cabe pensar que por la dimensión de la acusación (instigar y participar de las manifestaciones de 2014, que provocaron la muerte de 43 personas y cientos de heridos), la condena aún resultaba bastante menor a lo que el dirigente de Voluntad Popular merecía.
De todas maneras, las huestes ultraderechistas seguidoras de López se imaginaron que ese justo castigo iba a desencadenar una gran manifestación para dar rienda suelta a “la rabia contenida”, según expresara en su momento uno de los voceros de Voluntad Popular. La sorpresa sobrevino cuando las “inmensas acciones de protesta” se vieron reducidas a unas decenas de personas el primer día, muchas menos el segundo y un absoluto fiasco el tercero. Sin duda, y más allá de lo que su esposa, Lilian Tintori, suele manifestar fuera del país, exagerando el rol que López pudiera jugar a futuro, es indudable que el “liderazgo” extremista de éste le molesta a la propia y desvalida oposición venezolana. De hecho, la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) y el propio Capriles Radonsky han hecho gestos y declaraciones tratando de que no se los confunda con la violencia impulsada por Voluntad Popular, aunque son pocos los que creen esas maniobras.
Donde sí ha tenido repercusión la condena a López es en las usinas del terrorismo mediático a nivel internacional, que prestas y veloces lanzaron todo tipo de “repudios”, insultos y soeces reproches al gobierno de Nicolás Maduro, a quien se le acusó de “dictador”.
Con base en la España fascistoide de Mariano Rajoy, y su perrito faldero Felipe González, en las principales corporaciones mediáticas de Estados Unidos y Latinoamérica la figura de López pasó a convertirse de demonio en carmelita descalza. Editoriales bochornosos como los aparecidos en el monárquico y decadente diario español ABC, o artículos en El País y El Mundo, denostando a la Revolución Bolivariana y acusándola unos días de “nazi” y otras de “stalinista”, se mezclaron con los escribas de Clarín y La Nación de Argentina, El Mercurio chileno o la prensa oficialista mexicana, dándole cabida a declaraciones victimistas y no menos insultantes de la “primera dama López”, o volcando contactos telefónicos con la eterna desestabilizadora y golpista María Corina Machado, quien con grititos histéricos advertía “al mundo” que lo ocurrido con López abriría “un abismo” bajo los pies de Maduro.
Sin embargo, el colmo de la campaña de mentiras aún estaba por llegar, y ocurrió en Chile, cuando el “defensor de los derechos humanos” Felipe González, se olvidó del papel que le tocó jugar como creador de los Escuadrones de la Muerte españoles, conocidos como GAL, y se despachó con un exhabrupto patético: “El estado de sitio del Chile de Pinochet respetaba mucho más los derechos humanos que el paraíso de paz y prosperidad de Maduro”. A su lado Tintori sonreía.
Enseguida, y en esa misma sintonía, se expresaron el ex presidente chileno Ricardo Lagos y la dirigente socialista Isabel Allende, quienes condenaron enfáticamente la decisión judicial venezolana. No es la primera vez que la hija del gran Salvador Allende se acerca descaradamente a las posiciones de la derecha venezolana, insultando de esta manera el rol revolucionario y democrático que jugó su padre.
A pesar de estas manifestaciones de oposición internacional al proceso revolucionario, los foros de integración regional y movimientos sociales no dudaron en aplaudir en todo el continente la condena de Leopoldo López. En ese sentido vale recordar la posición de los países del Alba:
“Los países del Alba-Tcp no pueden aceptar actitudes que busquen interferir o constituir injerencia en los asuntos internos de un Estado, por parte de otro u otros Estados. Expresan por ello su preocupación por valoraciones respecto de decisiones judiciales adoptadas en la República Bolivariana de Venezuela, por órgano del poder público correspondiente y en el marco de sus derechos y competencias soberanas, para enfrentar actos de naturaleza terrorista para la tutela efectiva de los derechos humanos de las víctimas.
“Determinados países que se han pronunciado sobre este hecho evidencian el doble rasero que atenta contra el orden jurídico internacional y favorece las condiciones políticas para derrocar gobiernos constitucionales a fin de apropiarse de sus recursos naturales estratégicos. Estas altisonantes declaraciones pretenden ocultar graves violaciones de los derechos humanos en sus propios territorios y a la vez impedir la profundización de los procesos democráticos y redistributivos que los países del Alba-Tcp vienen desarrollando en el ejercicio de su derecho de libre determinación”.
