por Alberto López Girondo
La crisis que sufre el gobierno de Dilma Rousseff en Brasil no se puede entender si tener en cuenta un puñado de datos relevantes. En primer lugar, el sistema electoral fuerza la conformación de alianzas para llegar al gobierno y para mantenerse. El otro dato relevante es que los medios son todos del establishment. No hay uno sólo con alto impacto social que pertenezca a sectores cercanos al proyecto político del Partido de los Trabajadores.
La alianza con el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) se explica, entonces, por la inserción territorial de la agrupación que en tiempos de la dictadura cumplió el papel de oposición tolerada. El PT también tuvo su cercanía con los movimientos evangelistas: fue el modo de llegar a los millones de votantes que escuchaban sus radios en todos los rincones del país. El problema es que el partido creado por Lula da Silva cuenta hoy apenas con 63 diputados en una cámara de 513 bancas y sólo 14 senadores sobre 81 escaños. Esa es la razón para que la jefatura de ambas cámaras recayera en dos conspicuos integrantes del PMDB, Eduardo Cunha en Diputados y Renan Calheiros en Senadores. Allí reside la mayor debilidad de Dilma Rousseff y del PT en estos tiempos tormentosos a partir de la investigación sobre corrupción en Petrobras.
La causa que lleva adelante un juez federal del estado de Paraná con la Policía Federal ya produjo las primeras condenas: tres directivos de empresas privadas y un funcionario de la firma estatal. El magistrado también llevó a una celda a dirigentes políticos de partidos que integran la alianza oficialista y a presidentes de dos de las constructoras más grandes de Brasil, que figuran entre las más grandes del mundo, Odebrecht y Camargo Correa.
Lo que en estos últimos días se vive en el país vecino es una arremetida mediática que la oposición sueña definitiva contra Dilma y Lula. Lo peor del caso es que no solo disparan contra el PT y sus socios políticos, sino que marcan agenda sobre el rumbo que el proyecto neoliberal pretende del país y sobre el rol que la sociedad le debería asignar a cualquier gestión presidencial y a las empresas públicas.
En el caso de Petrobras, la oleada de escandaletes golpea a las puertas del líder metalúrgico, lo que eventualmente afectaría la continuidad del proyecto «petista». Pero también amenaza con un juicio político contra la presidenta, para lo cual se viene afilando los dientes el ex candidato Aecio Neves y su partido, el Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB).
Ahora el senador, dos veces candidato presidencial por el PSDB y ex gobernador paulista José Serra, pretende que se modifique una ley clave para un verdadero plan social en ese país, la normativa que le da exclusividad a Petrobras en la explotación de las riquezas petroleras de la plataforma submarina. Busca que entren empresas multinacionales, pero fundamentalmente cambiar el reparto de las regalías, que con la legislación vigente garantiza un alto componente para la educación y la salud populares.
El avance del proceso Petrobras, que está en manos de Sergio Moro, un juez muy cercano a la embajada de Estados Unidos, inundó de rechazo no sólo a la gestión petista sino a la dirigencia política en pleno. En la picota están el propio Eduardo Cunha y hasta el ex presidente Fernando Collor de Melo, denunciado por corrupción y expulsado mediante un impeachment en 1992.
La respuesta de Cunha a la acusación de que recibió sobornos fue anunciar su paso a la oposición y la amenaza de abrir la puerta para un proceso similar contra Dilma. Una velada amenaza contra el PT o una extorsión para que ponga un límite a las investigaciones judiciales.
Sucede que en Brasil eso de la separación de poderes también es otra característica de la organización política, pero al mismo tiempo es una trampa en la que cayó el PT –e incluso de la propia Dilma– cuando aceptaron que la vía para llegar al poder no era por las armas.
Como en la mayoría de los países latinoamericanos, el poder judicial es otra de las puntas de lanza del establishment y de las concepciones neoliberales. Solo basta observar la queja del veterano periodista brasileño Joaquim Palhares, director de la revista online Carta Maior, uno de los medios que hace fuerza por el PT. «Jamás en la vida vi a jueces apareciendo en seminarios del grupo Globo o a la Policía Federal filtrando sus investigaciones a la prensa», puntualizó Palhares.
Esta semana ocurrieron dos hechos a destacar. Por un lado, la abogada Beatriz Catta Preta, presentada por los medios concentrados como “una de las mayores especialistas en delación premiada del país», anunció que deja la defensa de sus principales clientes en esta megacausa, Augusto Ribeiro Mendonça Neto y a Pedro José Barusco Filho, los que se suman a Julio Camargo, otro de los delatores que ella asesoró.
El sistema de delación premiada, copiado del acuerdo con la fiscalía que figura en el proceso de Estados Unidos, permite que un reo negocie la reducción de una condena en su contra si «colabora» con la justicia. Una invitación a prender el ventilador con tal de salvar el propio trasero. Con eso se llega a una verdad jurídica o apenas mediática. Lo que no implica que se esté cerca de la «verdad verdadera».
Al mismo tiempo, el Ministerio Público de Brasil promovió un proceso disciplinario contra el fiscal que hace unos días abrió una investigación para determinar si Lula cometió el delito de tráfico de influencia cuando fomentó la participación de Odebrecht en obras en el exterior. Una de ellas es un megaproyecto en Puerto Mariel, Cuba. La defensa del líder metalúrgico hizo la presentación y el propio Lula explicó que una de las funciones de un presidente es abrir puertas en el exterior para vender trabajo nacional y apostar al crecimiento del empresariado nacional. El fiscal Valtan Mendes Furtado salió, como se dice en la jerga leguleya, «de pesca» sobre un acto diplomático del anterior gobierno. Ya se anunció que quiere investigar los créditos del Banco Nacional de Desarrollo, el famoso BNDES que tanto contribuyó al desarrollo de la industria brasileña.
Pegándole a la burguesía nacional, destruyendo a la empresa petrolera de bandera y desprestigiando el banco que fomenta la industria y el trabajo brasileño, se le pega debajo de la línea de flotación al proyecto desarrollista que desplegó Brasil desde fines de la segunda guerra mundial como política de estado. Se podrá discutir mucho sobre el desarrollismo como modelo de distribución y de crecimiento. Pero cuando desde la derecha buscan destruirlo uno debe preguntarse qué les molesta. Y allí estará la respuesta a estos ataques a los llamados progresismos latinoamericanos.
