por Comunicación y Prensa – Secretaría de Derechos Humanos – Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
La Cámara de Diputados de la provincia de Misiones aprobó por unanimidad el proyecto de modificación de la ley de creación del Mecanismo Local de Prevención de la Tortura al Protocolo Facultativo de la Convención Contra la Tortura de Naciones Unidas.
La iniciativa de modificación de la ley vigente fue el resultado del trabajo conjunto de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, a través del Área de Implementación del Protocolo Facultativo de la Convención Contra la Tortura, junto con la Legislatura y el Poder Ejecutivo de la provincia de Misiones. Tanto el proyecto de reforma como la ley sancionada en agosto del año pasado, fueron presentados por la diputada Lilia Marchesini y el diputado Carlos Rovira.
Mientras dicha ley estaba siendo discutida en la Cámara, el Área de Implementación de esta Secretaría brindó asistencia técnica a los fines de impulsar su máxima adecuación al Protocolo Facultativo. Sin embargo, algunos aspectos del marco legal quedaron sin adecuarse plenamente a los principios de independencia funcional, financiera y de personal establecidos por el Protocolo Facultativo y a las observaciones realizadas por el Subcomité para la Prevención de la Tortura de Naciones Unidas, que es el órgano internacional de aplicación de dicho tratado.
Por ello, con posterioridad a la sanción de la ley, el Área de Implementación continúo trabajando junto a la Legislatura a fin de generar consensos necesarios para lograr la plena adecuación del marco legal de creación del Mecanismo a los estándares nacional e internacional.
En este marco de cooperación, a fines del mes de abril pasado, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación organizó las Jornadas para la “Construcción de consensos federales para la aplicación homogénea del Protocolo Facultativo” de las cuales participaron Emilio Gines, miembro del Subcomité para la Prevención de la Tortura de Naciones Unidas y altas autoridades de Derechos Humanos, Justicia, Seguridad y Gobierno de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En dicha oportunidad, el Área de Implementación y Emilio Gines junto a la legisladora provincial Lilia Marchesini y el Poder Ejecutivo provincial, consensuaron la presentación a la Legislatura de un proyecto de reforma para la adecuación del marco legal del Mecanismo de Prevención. Además, Edmundo Ramón Soria Vieta, ministro de Derechos Humanos de Misiones, aseguró que, una vez que fuera aprobada la reforma legislativa, el Poder Ejecutivo trabajaría rápidamente en su reglamentación y puesta en funcionamiento del Mecanismo.
En este sentido, Enrique Font, responsable del Área de Implementación celebró la adecuación de la ley y resaltó que “la sanción por unanimidad de esta ley de reforma constituye un paso muy significativo hacia la implementación plena y homogénea del Protocolo Facultativo en Argentina. Asimismo, el marco normativo sancionado en Misiones está plenamente ajustado a lo establecido en el instrumento internacional y recoge adecuadamente las recomendaciones del Subcomité para la Prevención de la Tortura (SPT) y de esta Secretaría” y agregó: “En ese sentido, es una ley que debería servir de modelo a aquellas provincias que aún no cuentan con marcos normativos para la creación de Mecanismos de Prevención. Desde la Secretaría queremos destacar el compromiso por parte de la legislatura de Misiones en el desarrollo del trabajo de asistencia técnica y en la construcción de consensos federales para la prevención de la Tortura. Asimismo, celebrar que entre otros avances, esta nueva ley plasma (en su art. 2), una definición de ‘lugar de detención’, recomendada por esta Secretaría, y que eleva estándares respecto del propio Protocolo Facultativo y recoge la jurisprudencia más actual del SPT”.
De la misma manera, Font aseguró: “Es importante tener en cuenta que el Mecanismo de Prevención de la Tortura de Misiones ya cuenta con un presupuesto para el año 2015, oportunamente aprobado por la Legislatura al tratar el presupuesto provincial. Por lo que si el Poder Ejecutivo reglamenta rápidamente esta ley y la legislatura avanza en su implementación, el Mecanismo podría estar conformado y operativo antes de finalizar el año. En este sentido, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación ha reiterado a las autoridades de la provincia su disposición para continuar con la asistencia técnica y capacitación para contar con un nuevo Mecanismo de Prevención en funcionamiento en el país”.
Por su parte, la diputada Lilia Marchesini, afirmó: “Esta reforma es el resultado de los acuerdos establecidos en un trabajo conjunto con la Secretaría de Derechos Humanos y de los compromisos asumidos en la reunión conjunta realizada con el relator del SPT para Argentina, Emilio Ginés, funcionarios de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y el Ministro de Derechos Humanos de la Provincia, Edmundo Soria Vieta, en abril pasado. Tuve el honor de ser designada por el Presidente de la Legislatura y coautor de la ley, Diputado Carlos Rovira, para representarlo en dicha reunión, a pesar de ser yo una persona que no proviene del ámbito de las leyes sino del arte, aunque llevo en la sangre la militancia por los Derechos Humanos”.
Asimismo, la diputada destacó que “entre los cambios propuestos por la Secretaría de Derechos Humanos y Naciones Unidas, y que propusimos para la reforma, podemos mencionar una definición de lugar de detención actualizada, en sintonía con el estándar internacional y que evita cualquier interpretación restrictiva. También se reforzó el énfasis en la prevención y complementariedad que deben regir las actuaciones de la Comisión o Mecanismo, en función de principios que se desprende del Protocolo Facultativo. Se modificó la composición de la Comisión, exigiendo a sus miembros dedicación exclusiva para garantizar su independencia funcional, siendo la docencia la única actividad compatible y permitiva. Se agregó una inhabilidad específica para los postulantes que hayan estado relacionados con la última dictadura militar. Se incorpora un nuevo órgano de consulta, el Consejo Consultivo Interinstitucional, donde participan los tres poderes del Estado y personas de la sociedad civil. Y por último se agrega la idea innovadora de que la propia Comisión proponga su propio presupuesto, con la obligación de la Legislatura de aprobarlo” y concluyó: “Ahora confiamos en que el Poder Ejecutivo reglamentará lo antes posible la ley y así podremos avanzar para implementar el Mecanismos de Prevención. Gracias al trabajo conjunto con la Secretaría de Derechos Humanos hemos dotado a la provincia de una ley que se ajusta plenamente al Protocolo Facultativo y que es una de las más avanzadas del país”.
Desde la ratificación del Protocolo Facultativo en el año 2004, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación lidera el proceso de implementación tanto a nivel nacional como provincial. En el mes de julio de 2014, se estableció en la Dirección Nacional de Asuntos Jurídicos en Materia de Derechos de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación un área responsable de la implementación en Argentina del Protocolo Facultativo encargada de promover y colaborar con la puesta en funcionamiento del Sistema Nacional de Prevención, brindar asistencia técnica y apoyo político a las provincias en el proceso de creación y puesta en funcionamiento de los Mecanismos Locales de Prevención y fortalecer los Mecanismos Locales de Prevención de la Tortura existentes.
