CUANDO LOS SANTOS VIENEN MARCHANDO



Por Horacio Verbitsky

La línea histórica en que se inscribe la marcha del miércoles, del ’45 hasta hoy. La misma composición social y el llamado a defender “grandes valores” que ocultan a los que convocan y manipulan. Los quiebres en el Poder Judicial y hasta en la Iglesia. El papel de los fiscales y el de los partidos políticos.
CUANDO LOS SANTOS VIENEN MARCHANDO
Algunos de los memorables precedentes de la cita convocada para el miércoles son la marcha de la Constitución y la Libertad, del 17 de septiembre de 1945; la procesión del Corpus Christi del 11 de junio de 1955; la recepción del 23 de septiembre de ese mismo año a Eduardo Lonardi, quien dirigió un mensaje trémulo de buenas intenciones a una Plaza de Mayo llena a reventar; las marchas nocturnas convocadas en 2004 por el ex ingeniero Blumberg para una reforma punitivista del Código Penal; la congregación de la Sociedad Rural frente al jardín zoológico de julio de 2008; el gran cacerolazo de noviembre de 2012 y su réplica desteñida de abril de 2013. Pese a las diferencias de época y contexto, los asistentes a todos ellos tienen notorios elementos en común. Expresan a un sector muy significativo en la Ciudad de Buenos Aires y notorio en varias capitales provinciales, dotado de recursos materiales y simbólicos muy por encima de la media. Hoy como ayer defienden grandes principios, abstracciones avasalladas por los duros hechos de una realidad que les resulta hostil y enigmática, hasta que logran reducirla a una fórmula comprensible para su concepción binaria. Su principio básico es la buena conciencia y la generosa disposición a deponer rencillas menores en aras de los grandes valores, a unirse por la salvación de la patria o de la república, de la democracia o de la libertad, que siempre agonizan. Otra cosa es quienes convocan y manipulan. Walsh lo dijo mejor que nadie en la tercera edición de Operación Masacre, publicada en 1969. Allí instó a “no dejarse conmover por las sagradas ideas, los sagrados principios y, en general, las bellas almas de los verdugos”.

Desde conservadores y socialistas hasta comunistas y radicales marcharon el 12 de octubre de 1945 hacia el Círculo Militar para pedir que la Corte Suprema de Justicia asumiera el poder con respaldo de las Fuerzas Armadas. Félix Luna destacó el carácter progresista de la plataforma con que esa Unión Democrática se presentó a las elecciones presidenciales de febrero de 1946. Pero sobra la experiencia para saber qué hicieron con esas declaraciones de principios los partidos que integraban la UD, cuando la suerte electoral o el golpismo militar les fueron más propicios. Entre ambas fechas se produjo la fiesta del monstruo, según el insuperable título de un cuento tan burdo que hasta se dudó que Borges y Bioy Casares lo hubieran escrito, en el que consignaron el significado que tuvo para ese sector el ascenso del peronismo. La misma unidad ante el mal absoluto explica que en junio de 1955 hasta liberales y marxistas se encolumnaran bajo los pendones eclesiásticos y envueltos por el humo de los incensarios, en contra de la separación de la Iglesia del Estado. Durante la batalla contra las retenciones, el componente de clase fue más ostensible pero aún así la Sociedad Rural celebró su bautismo de masas con las banderas rojas del maoísmo y el trotskysmo. Y en las movilizaciones de 2012 y 2013 coexistieron biblias con calefones y sables sin remache, la beautiful people, indignada por la corrupción, harta de los discursos en cadena con anuncios para los sectores más vulnerables y/o desesperada por comprar dólares.

Un gigantesco oximoron
La convocatoria de esta semana no es menos policroma y escenificará otro oximoron. Los propietarios del edificio demolido por el atentado pedirán que intervenga en la investigación la Corte Suprema de Justicia, que llegó al mismo callejón sin salida en la causa por el aún más antiguo atentado contra la embajada de Israel. Los acompañarán los fiscales que sabotearon el avance de la investigación al no sostener las apelaciones planteadas por las víctimas del estallido y que fueron denunciados por Memoria Activa, entre ellos el jefe de Comodoro Py, Germán Moldes, y el cerebro gris de la movida, Raúl Plee. La Iglesia Católica será representada por la Comisión Justicia y Paz de su Episcopado, cuyo presidente, Gabriel Castelli es un próspero hombre de negocios, director de la cementera Loma Negra, del Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) y de la cadena de supermercados Farmacity. Esta filiación del operador obispal ayuda a entender el repudio del Grupo de Sacerdotes en Opción por los Pobres, que denunció “oscuras operaciones contra la justicia y la democracia” por parte de “un grupo del poder judicial, amigos de poderosos y corporaciones”, al que “un grupo del poder eclesiástico hace llegar su bendición”. El anhelado golpe militar fracasó en 1945 por la irrupción de un nuevo actor político en defensa de las conquistas obtenidas en los dos años previos, pero tuvo éxito diez años después. En 2008 fueron ostensibles “el clima destituyente” y “el desprecio por la legitimidad gubernamental”, luminosos aportes a la comprensión de un momento complejo que el grupo Carta Abierta no ha conseguido apagar ni con los diecisiete somníferos posteriores. Ni el clima ni el desprecio contaban ya con un brazo armado que completara la obra, porque la subordinación castrense al poder político es uno de los logros transversales de la democracia argentina, que el kirchnerismo afianzó. Un burdo remedo se intentó con la organización de saqueos y los alzamientos de las fuerzas de seguridad en distintos lugares del país. Ni la economía, ni la política ni el conflicto social han conseguido desmoronar al gobierno, pese a que se aplicaron técnicas de desestabilización probadas en Africa y Asia. De allí la importancia de las posiciones simbólicas desde las que el gobierno es hostigado ahora. Si bien la mayoría de los fiscales nacionales y las entidades que agrupan a los provinciales se manifestaron en contra de la marcha, igual que varias organizaciones sociales, intelectuales y artistas, su número puede ser grande. Si el gobierno no corre a modificar sus políticas como con las leyes Blumberg, si mantiene la calma, como hizo en los últimos cacerolazos y paros sindicales, al apogeo que se alcance el miércoles le seguirá el ocaso que siempre sucede en ausencia de una organización capaz de capitalizar esa energía en una opción política. Lo sucedido con la reforma de la ley de Inteligencia nacional es un indicio acerca de la dificultad de las fuerzas de oposición para construir tal alternativa.

Fiscales y jueces

Sobre la denuncia del fiscal Natalio Alberto Nisman resta poco por agregar: su dependencia de la embajada estadounidense, su identificación con el removido jefe de operaciones de la Secretaría de Inteligencia, Antonio Stiuso, su texto autocontradictorio y las desmentidas que provocó en quienes esperaba que fueran su principal soporte, como el ex secretario general de INTERPOL Ronald K. Noble, ya han sido detalladas en estas páginas, y el viernes en la presentación de la Procuración del Tesoro ante el juez Daniel Rafecas. Las investigaciones de Rafecas sobre el Holocausto se volcaron en su libro de 2012 Historia de la Solución Final. Una indagación de las etapas que llevaron al exterminio de los judíos europeos, que le generó empatía con las víctimas del atentado. Rafecas inscribe su investigación “en un proceso muy saludable que estamos viviendo en nuestro país de memoria, verdad, justicia, de revisión del pasado, de las dictaduras”, como declaró al presentar la obra. Esa opinión está respaldada por su tarea como juez: desde 2004 es el que más y mejor ha trabajado en causas por crímenes de lesa humanidad, lo cual lo coloca en el podio de los indispensables, junto con Leopoldo Schiffrin y Horacio Cattani. En ese sentido, es una garantía para todas las partes interesadas. Por supuesto, desde que se supo que el sorteo arrojó su nombre, la oposición sostiene que el gobierno, que forzó su alejamiento en la causa madre contra el vicepresidente Boudou y que había promovido su juicio político, le perdonó la vida cuando le tocó intervenir en la causa por enriquecimiento ilícito del jefe del Ejército, César Milani, que suponen encajonada. Prefieren desconocer los pronunciamientos a favor de Rafecas que enviaron al Consejo de la Magistratura los organismos de derechos humanos (incluida la abuela Estela Carlotto), la DAIA, el Consejo Nacional Armenio y los trabajadores judiciales, que hicieron ver al oficialismo y a la oposición radical (que lo detesta por su investigación sobre los pagos para la aprobación de la ley de precarización laboral) el desmesurado costo que tendría la remoción de un magistrado impecable, al que sólo podría caberle una sanción menor.

Distinto es el caso del fiscal Gerardo Pollicita, discípulo y admirador de Plee según su biografía autorizada que ayer publicó el matutino La Nación. Su requerimiento de instrucción no merece la misma descalificación que el mamotreto de Nisman. Era impensable que Pollicita desestimara la denuncia in limine. La acusacion de Nisman comprende a muchas personas, que no necesariamente correrán la misma suerte procesal. Una vez descartada la acusación por encubrimiento contra la presidente y su ministro, algunos de los acusados de tercera o cuarta línea podrían ser atrapados por el artículo 172 del Código Penal, por defraudar “con nombre supuesto, calidad simulada, falsos títulos, influencia mentida, abuso de confianza o aparentando bienes, crédito, comisión, empresa o negociación o valiéndose de cualquier otro ardid o engaño”. Desde el comienzo, Pollicita advierte que se basa “pura y exclusivamente” en los elementos aportados en la denuncia y que recién ahora habrá que iniciar la investigación para ver si existe un delito y en ese caso quiénes son sus responsables. No fue él, sino Nisman, quien imputó a la presidente CFK y a su ministro Héctor Timerman. Su relato de los presuntos hechos no es más que una glosa de la denuncia de su difunto colega y ex subordinado, del que encomilla numerosas frases. Cuando no lo hace, usa el tiempo potencial, adjetivos como presunto, participios como supuesto o locuciones del tipo “según la hipótesis desarrollada” o “la denuncia entiende demostrado”. Por el contrario, el fiscal no sostuvo el llamado a indagatoria de la presidente, que sí había pedido Nisman. Esta cautela en las palabras y en los actos no se contagió a los títulos de prensa, que atribuyeron a Pollicita la imputación contra Cristina. Como su única fuente es la denuncia de Nisman, Pollicita también sostiene como columna vertebral de su requerimiento la presunta presión argentina para que INTERPOL levantara las alertas rojas, y no toma en cuenta la desmentida de Noble, porque recién a partir del viernes forma parte del expediente. Además reitera gruesos errores fácticos y conceptuales: le atribuye a la Comisión de la Verdad facultades jurisdiccionales, o potestades de carácter judicial, que el Memorando de Entendimiento no le asignó, y que actuaría en reemplazo del juez y del fiscal; sostiene que estaría integrada por iraníes, cuando el Memorando dice en forma explicita que deberán ser juristas de reconocimiento internacional, ni persas ni argentinos; y afirma que las conclusiones de esa comisión que nunca se formó estaban “arregladas de antemano”. Pollicita no traiciona a Nisman pero, con intención o no, lo pone en evidencia.

El cuento del cocodrilo

Según el matutino Clarín, el kirchnerismo levanta la bandera nacionalista para “distraer la atención de lo que verdaderamente importa”. Su corresponsal en Washington, Ana Baron, mencionó la audiencia del subcomité del Hemisferio Occidental, de la que participó como “testigo invitada” Bonnie Glick, del Meridian International Center. Según Glick “el liderazgo de Cristina Kirchner es tan corrupto que ahora parece que, en complicidad con Irán, Kirchner puede estar detrás del asesinato del fiscal Alberto Nisman”. Clarín comenta que esta vez los fondos buitre “han permanecido en silencio. Creen que no es adecuado explotar algo tan terrible como lo es la muerte de Nisman”.

No lo parece. El presidente de Meridian es el republicano Carlos M. Gutierrez, ex secretario en el gabinete del presidente George W. Bush y socio de la ex secretaria de Estado demócrata Madeleine Albright en la consultora Albright Stonebridge Group, contratada por Paul Singer para extorsionar al gobierno argentino, según informó el 26 de agosto pasado la columnista de finanzas del diario The New York Post, Michelle Celarier. Agregó que Gutierrez viajó a la Argentina “tratando de movilizar la oposición al gobierno”. El ministro de Economía Axel Kicillof y CFK revelaron el contenido de esa gestión: Gutierrez amenazó al jefe de Gabinete Jorge Capitanich con un ataque especulativo contra el peso hasta forzar una nueva devaluación; ataques y denuncias mediáticos internacionales para desgastar a Cristina; impedir el pago local de los vencimientos de la deuda reestructurada y el acceso a cualquier financiamiento internacional. Esto ayudaría a instalar el año próximo un gobierno favorable a un acuerdo con los fondos buitre. Gutierrez también habría mencionado la contratación de periodistas y dirigentes sindicales para que contribuyeran a esa estrategia.

Meridian es una organización de enlace entre el Departamento de Estado y las mayores corporaciones “para responder a los desafíos globales”. Sus sponsors son Chevron, Coca Cola, Goldman Sachs y VISA. Otro de sus directivos es el abogado de Nueva York Charles H. Camp, cuya especialidad es descubrir y recuperar fondos ocultos para que sus clientes cobren deudas impagas de deudores deshonestos. Para ello cuenta con “una red de ex agentes de Inteligencia” que investigan cuentas bancarias, intereses comerciales de personas y países. “Una vez localizados los activos, pueden ser congelados y recuperados mediante ordenes judiciales.” Como Albright y Gutierrez, Bonnie Glick traspasó varias veces la puerta giratoria entre el Estado y las mayores corporaciones. Si Gutierrez fue presidente de la alimentaria Kellogg’s y vicepresidente del banco Citi, Bonnie Glick se encargó de las relaciones de IBM con sus clientes latinoamericanos. En el Departamento de Estado tuvo destinos llamativos, en el equipo que defendió en las Naciones Unidas la Operación Tormenta en el Desierto y en las embajadas en Etiopía al finalizar el gobierno comunista, y Nicaragua, luego de caída del sandinismo. Es decir, es una experta en la delicada especialidad del cambio de régimen. El episodio recuerda el cuento del médico cuyo paciente sueña que un cocodrilo lo acecha debajo de su cama. Cuando falta a una consulta, el médico se comunica con la familia. “Se lo comió un cocodrilo”, informa la madre.

Gente con pericia

La jueza Sandra Arroyo Salgado designó como peritos de parte al “prestigioso médico forense” Osvaldo Raffo y al “especialista en criminalística” Daniel Salcedo, según la calificación al uso en la perezosa prensa local. No es seguro que sepa quiénes son. Protegido del ex jefe de la Policía Bonaerense Pedro Klodczik, Salcedo fue Superintendente de Policía Científica y Jefe de Policía y uno de los negociadores del contrato con la empresa francesa Sagem Securité para digitalizar los antecedentes personales, mediante el software y el hardware Automated Fingerprints Identification System (AFIS). Al retirarse pasó al otro lado del mostrador como representante del IAFIS Group, distribuidor de Sagem en la Argentina. Salcedo está asociado en el grupo Kustos de seguridad con el vocal de la Asociación Empresaria (AEA) Teddy Karagozian. Además de los negocios, es un hombre de convicciones ideológicas. Como Superintendente de Policía Científica, entregó parte de la capacitación de sus técnicos en criminalística y seguridad a la Fraternidad de Agrupaciones Santo Tomás de Aquino (FASTA), una organización confesional conducida por Fray Aníbal Fosbery, que colaboró con el gobierno militar de 1976 a 1983 y que hoy objeta los juicios por los crímenes de entonces. El primer peritaje que no halló rastros de pólvora ni de los materiales del fulminante en la mano del fiscal fue realizado en la sección Balística de la Policía Científica bonaerense, cuya Superintendente es la Comisaria Mayor Liliana A. Sivak, a quien Salcedo trajo desde Mar del Plata y con la que mantiene estrecho contacto.

En 1981, el oficial principal Osvaldo Raffo le escribió al general Ramón Camps que sintió “un problema de conciencia y de dignidad” cuando supo que Jacobo Timerman denunció haber sido torturado. Él revisó a Timerman en la jefatura de policía y “no presentaba signo alguno de violencia externa”. Su tremenda descripción de Timerman es la de un hombre “de actitud humilde y tímida”, quien “era tratado correctamente”. Sólo asustado a golpes, Timerman podia parecer humilde y tímido.

El 19 de junio de 1984, ante el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, Raffo contó que además de revisarlo por orden del comisario Miguel Etchecolatz también asistió a un interrogatorio a Timerman. De inmediato advirtió el riesgo e intentó explicar que más que “un interrogatorio policial” le pareció “una plática entre personas, una conversación” sobre “política, cuestiones sociales y económicas”. En ese amable diálogo entre amigos que describe Raffo, a Timerman se le ocurrió contar “que había recibido cincuenta millones de dólares o cincuenta mil dólares, no puedo especificar, para la compra o venta de las máquinas de su diario”. (Cincuenta mil o cincuenta millones, para comprar o para vender. Ojalá su peritaje en el caso Nisman sea algo más preciso). Raffo también dijo que “no se somete a tortura a los detenidos en la policía de la Provincia de Buenos Aires” aunque casi todos alegan “haber sido objeto de malos tratos por razones especulativas”; se trata del “autolesionismo que se hace el delincuente o el pistolero”. En cambio dijo “haber visto cadáveres de personas detenidas en cárceles del pueblo, por guerrilleros, que estaban torturadas a golpes y con corriente eléctrica”. Ante una pregunta respondió que “no le puedo dar nombres exactos”. porque “uno veía estas lesiones a las apuradas y no se hacía todo un informe médico legal”. Se consignaban “como si fueran de combate”. Una vez que “se tomaba conocimiento, se pasaba al jefe y todo se olvidaba porque había otras cosas importantes que hacer”.

Cuando la Cámara Federal de la Capital realizó el juicio que el Consejo Supremo demoraba, uno de los casos tratados en la causa 44/85 fue el de Jorge Rubinstein, abogado y apoderado de David Graiver, quien murió de un ataque al corazón en la mesa de torturas. Aunque el informe de la Morgue Policial de La Plata decía que “no se han encontrado violencias externas ni tampoco internas que planteen la presunta culpabilidad de terceros”, los fiscales Julio Strasera y Luis Moreno Ocampo dijeron que tres de los cinco médicos que efectuaron la autopsia ignoraban que Rubinstein se encontraba detenido. Pero la Cámara desestimó la relación causal entre tortura y muerte basándose sólo en el informe de la autopsia. En el juicio del Circuito Camps que concluyó en diciembre de 2012, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N1 consideró probado que una intensa sesión de tormentos le provocó la muerte, a raíz de lo cual condenó a prisión perpetua al ex ministro de gobierno James Smart que autorizó esas torturas. En su libro de 2014 La marca de la Infamia, la Madre de Plaza de Mayo de La Plata Adelina Alaye revela la identidad de los médicos policiales que participaron en aquella autopsia engañosa: uno de ellos era el Jefe del Cuerpo Médico de la Unidad Regional de San Martín, Osvaldo Raffo. La autopsia sólo dice: “Insuficiencia cardíaca aguda como consecuencia de su propia patología; que no se han encontrado violencias externas ni tampoco internas que planteen culpabilidad de terceros”. En forma insistente describe la cirugía de by pass que le habían realizado poco antes, el esternón abierto por la operación y los alambres de acero de la sutura. “El foco lo pusieron en el corazón enfermo. Once fotografías acompañan el informe, y varias de ellas contienen la aclaración de que no se observan signos de violencia externa”. Pero en el acta de la autopsia, el subcomisario instructor Martín Berruezo hace constar que Rubinstein murió en el “local policial” donde estaba “alojado”, de modo que los policías médicos sí sabían de antemano que ese cadáver era de un detenido y de dónde provenía. Lo que no autopsiaron fueron los genitales, las muñecas y los tobillos, donde hubiera podido comprobarse que estuvo atado durante la tortura. Al aceptar el cargo de perito de Arroyo Delgado, Raffo dijo la semana pasada que “la autopsia es una continuación del examen del lugar del hecho”. No actuó con la misma sabiduría en 1977.


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