por Carlos Heller
A la situación externa, que afectará a los países de América Latina y el Caribe, Argentina contrapone políticas anticíclicas.
En julio el FMI rebajó al 3,4% la proyección de crecimiento global para este año, en un contexto de actividad económica anémica que no deja de preocupar, transcurridos ya siete años de que estallara la burbuja hipotecaria.
En este marco, el vicepresidente de la Reserva Federal (FED) y ex economista jefe del Banco Mundial, Stanley Fischer, calificó de «decepcionantes» a las recuperaciones económicas globales luego de la crisis de 2007-2009, y se lamentó: «cada año hemos tenido que explicar a mitad de año cómo el crecimiento global ha sido menor del previsto sólo seis meses atrás».
No obstante, la directora gerente del FMI, Christine Lagarde, señaló: «debemos fortalecer los esfuerzos por el crecimiento (…), sin que amenace la viabilidad de las finanzas públicas», un razonamiento ortodoxo que suele ser aplicado a libro cerrado por las autoridades de las principales potencias. Es por ejemplo el caso de Japón, que en abril implementó una fuerte suba del IVA, que pasó del 5% al 8%, produciendo una contracción del PIB del 6,8% (anualizado) en el segundo trimestre. Se trata de la tercera economía del planeta (5,4% del PIB global), por debajo de Estados Unidos (19,3%) y China (15,4%), lo cual da una idea de los potenciales efectos sobre la economía mundial.
Por el lado de Estados Unidos, Fischer estimó que el nuevo parámetro de crecimiento de largo plazo de ese país sería ahora del 2%, casi un punto por debajo del previsto en 2009 por la FED. En China, por su parte, el crecimiento alcanzará el 7,4%, un valor envidiable para cualquier economía, pero lejos de las tasas de «dos dígitos» verificadas hasta 2011.
A esta situación hay que agregarle lo que ocurre en el bloque del euro, que tuvo un crecimiento nulo en el segundo trimestre. En particular, Italia se encuentra nuevamente en recesión, por tercera vez desde el estallido de la crisis, y en Francia se registró crecimiento cero en el segundo trimestre. La nota la dio sin dudas Alemania, con una caída trimestral del PIB del 0,2%, que para las autoridades obedece a la creciente incertidumbre que emana del conflicto entre Rusia y Ucrania, lo que afecta las decisiones de compra y producción.
Todo lleva a concluir que, en el mejor de los casos, la actividad económica global se mantendrá moderada, con bajos niveles de comercio, situación que afectará a los países de América Latina y el Caribe. De hecho, el FMI prevé un crecimiento del 2% para la región, la mitad del registrado en el período 2010-2013 (4,1 por ciento). Ello es una consecuencia de la menor demanda externa y de los precios más bajos de las materias primas, que de todas formas se mantienen en niveles elevados.
El marco externo no es el más alentador teniendo en cuenta el escaso compromiso de los países centrales para dinamizar la demanda, acabar con los bajos salarios y revertir la flexibilización laboral. Si bien la sexta cumbre de los BRICS resultó una bocanada de aire, lo cierto es que la iniciativa aún es incipiente y las energías de los países centrales continúan al servicio del ajuste fiscal. Este énfasis contrasta con la falta de avances concretos en torno a la necesaria reforma de la arquitectura financiera internacional vigente, moldeada por el discurso y el accionar de los organismos internacionales de crédito. Un escenario que comparten con calificadoras de riesgo, inversores buitre y engendros éticos como las «guaridas» fiscales, utilizadas para el ocultamiento de las más variadas operaciones ilícitas.
En un informe de la ONU de 2014, «El impacto negativo de la salida de fondos de origen ilícito en el ejercicio pleno de los derechos humanos», se sostiene que las operaciones financieras ilícitas (actividades criminales, evasión de multinacionales, corrupción, entre otras) «disminuyen los recursos de los que disponen los estados para invertir en programas para la realización de los Derechos Humanos, particularmente los económicos, sociales y culturales». En los países emergentes, estos flujos exceden los recursos recibidos por asistencia al desarrollo e inversión externa directa. De hecho, según la ONU, los flujos ilícitos que egresaron de estos países habrían alcanzado en 2011 los U$S 946 mil millones, casi el doble de la inversión extranjera directa neta recibida en dicho año (U$S 520 mil millones). Son cifras escandalosas que dejan en evidencia el patético doble discurso de las potencias, siempre obsesionadas con los países en desarrollo, por la falta (supuesta) de un entorno propicio para atraer a la inversión extranjera, aunque por el otro lado hacen la vista gorda ante esta inmensa extracción de riqueza.
INCLUSIÓN PREVISIONAL. Resulta interesante destacar la frase del ministro de Economía Axel Kicillof en la Reunión del Consejo de las Américas del último jueves, donde sostuvo que el Estado debe ser «el piloto que dé la dirección al proceso de crecimiento en determinadas coyunturas, para que cuando la economía en el mundo cae, pueda contar con herramientas resultantes de políticas públicas», una postura muy necesaria en los tiempos actuales, y que describe la línea que ha venido siguiendo el gobierno nacional.
INCLUSIÓN PREVISIONAL. Resulta interesante destacar la frase del ministro de Economía Axel Kicillof en la Reunión del Consejo de las Américas del último jueves, donde sostuvo que el Estado debe ser «el piloto que dé la dirección al proceso de crecimiento en determinadas coyunturas, para que cuando la economía en el mundo cae, pueda contar con herramientas resultantes de políticas públicas», una postura muy necesaria en los tiempos actuales, y que describe la línea que ha venido siguiendo el gobierno nacional.
En este sentido cabe subrayar la reciente sanción en el Congreso de la Nación de la nueva Ley de Moratoria Previsional, una iniciativa de carácter redistributivo que también apunta a dinamizar la economía, ya que los nuevos haberes se destinarán al consumo, por un monto cercano a los $ 12 mil millones.
El plan constituye una ampliación del período de aportes contemplado en la moratoria anterior, que cubría hasta el año 1993. Gracias a la primera etapa del Plan de Inclusión Previsional (2005), en pocos años se elevó en 30 puntos porcentuales la tasa de cobertura previsional, que pasó del 63,6% en el año 2002, al 93,8% en 2013. Con esta moratoria se calcula que más de 475 mil personas tendrán acceso a su haber jubilatorio, lo que permitirá abarcar al 100% de nuestros mayores. Así, se consolida un esquema intergeneracional de neto corte solidario y se avanza con la clausura de uno de los capítulos más nefastos del neoliberalismo noventista.
Con la presente ley se tomarán en cuenta los aportes hasta el año 2003 inclusive, etapa de duro tránsito por el camino del desempleo y la flexibilización laboral. También se apuntará especialmente a incorporar a aquellos adultos mayores pertenecientes al 30% más pobre de la población. Así lo expresa el artículo 3 de la ley, que señala que «la ANSES en forma previa a determinar el derecho a una prestación previsional, realizará evaluaciones patrimoniales o socioeconómicas (…) a fin de asegurar el acceso al régimen de las personas que presenten mayor vulnerabilidad».
Por su parte, a partir del próximo mes entrará en vigencia el nuevo valor de las remuneraciones a jubilados y pensionados nacionales, con un incremento del 17,21% respecto de los valores vigentes, alcanzando un 30,47% de crecimiento interanual, evolución que está atada a lo establecido por Ley de Movilidad Jubilatoria (2009). Desde entonces, el haber previsional mínimo creció por encima del salario promedio del sector privado registrado y de cualquier índice de inflación que se utilice, lo cual demuestra el proceso de recuperación del poder adquisitivo de los jubilados y pensionados; un resultado palpable, que no hubiera sido posible sin la «mano visible» del Estado Nacional.
Estas herramientas son complementarias con otras de estímulo de la demanda interna y de fomento del empleo. Aquí se inscriben, entre otras, el Pro.Cre.Auto, las líneas de tasas subsidiadas para la compra de ómnibus, el Pro.Emplear, la reciente Ley de Promoción del Trabajo Registrado y Prevención del Fraude Laboral y la actualización de las asignaciones.
Estas herramientas son complementarias con otras de estímulo de la demanda interna y de fomento del empleo. Aquí se inscriben, entre otras, el Pro.Cre.Auto, las líneas de tasas subsidiadas para la compra de ómnibus, el Pro.Emplear, la reciente Ley de Promoción del Trabajo Registrado y Prevención del Fraude Laboral y la actualización de las asignaciones.
También los proyectos para disponer de nuevas leyes de Relaciones de Producción y Consumo, una iniciativa ampliamente rechazada por el arco empresario concentrado. La importancia del paquete de leyes que está tratando el Parlamento no es menor, ya que resulta imprescindible regular las conductas de abuso de posición dominante y la obtención de ganancias extraordinarias. No sólo por razones éticas; también por el hecho de que rentas más razonables redundarán en menor inflación y en mayor poder adquisitivo de la población, algo que también va en la línea de las políticas anticíclicas necesarias, ante algunos signos de amesetamiento de la actividad doméstica y las complicaciones que presenta el frente internacional.
