ROSARIO: FRENTE A LA REALIDAD DE LOS HECHOS

 

por Carlos Borgna

 

A la lógica información sobre declaraciones de funcionarios nacionales, provinciales y municipales y al listado de acciones que se han emprendido (llegada de las fuerzas nacionales, derrumbe de bunkers, medidas judiciales, etc.) varios medios rosarinos han puesto el micrófono, la cámara, el grabador, la palabra en definitiva, de los habitantes de los barrios.

Hermes BinnerEs bueno saber que muchos de esos territorios, administrativamente divididos en seccionales, no presentan una uniformidad de sectores  socioeconómicos, sino que conviven distintos estratos sociales, y realidades de clase, muy variadas.

Sin embargo, cuando la palabra la pueden expresar  los vecinos, se terminan muchos argumentos, estereotipos y por sobre todo, queda al descubierto quien es quien, los niveles de responsabilidad y la actitud que han tenido los distintos poderes del Estado frente a una situación que todo el mundo califica como grave.

Algo está muy mal allí,  para que los contingentes de fuerzas nacionales, con órdenes judiciales en la mano,  asuman la tarea de derribar construcciones utilizadas para la venta de drogas. Muestra claramente las limitaciones y la crisis del poder político provincial  y su relación con  la policía, frente a los hechos que vienen sucediéndose.

El habitante común, con o sin trabajo estable pero parado desde su cotidianeidad cuenta como es ella, y como cambió a partir de la irrupción de los narcos. Y relatan sus vivencias.

Allí encontramos a quienes diferencian los actuales procedimientos de los que antes hacía la propia policía, entrando en un bunker, llevándose algún detenido, para que a los tres o cuatro días todo vuelva a funcionar igual, inclusive la propia fuerza de seguridad provincial recorriendo el lugar sin intervenir. La gente ha visto esto día a día en los últimos años.

Por otro lado, narran historias particulares de bunkers, de cómo existe ahora la iniciativa –alguna de ellas ya concretadas en los últimos días- de resignificar esos lugares, con la construcción de placitas, o subdividiendo el terreno libre, a los habitantes linderos a los mismos; es decir distintas acciones para construir otra geografía.

Una de las cuestiones más llamativas referidas al barrio Refinería es que cercanas a un sector poblado de laburantes y en donde los narcos lograron instalarse; se alzan las Torres Las Dolfinas. Uno de esos vecinos cuenta que a bordo de autos lujosos, algunos habitantes de esas torres eran habituales compradores del búnker que se acaba de derribar.

Seguramente hay muchas historias como éstas; pero, lo que aparece claro, es que este tipo de descripciones también pone en evidencia que la situación tiene otro nivel de complejidad que en los últimos años a los responsables políticos de la ciudad y de la Provincia se les pasó de largo. Este tema, es decir el entramado social, las políticas activas, la presencia del Estado en terreno, tiene responsabilidades muy concretas, que están mucho más allá de la presencia de las fuerzas nacionales en las calles.

Esto es lo que Hermes Binner  con sus declaraciones, y permanentes  acusaciones y traslado de responsabilidades intenta ocultar.

Si los criterios de conducción de las fuerzas policiales provinciales hubiesen corrido desde su gestión por otros carriles, es seguro que no hubiese sido necesaria la presencia, en este nivel, de la Gendarmería y también que se hubiesen evitado muchas muertes; exactamente al revés de cómo él lo planteó públicamente.

Los jefes policiales e integrantes de la fuerza  investigados, presos y excluidos de la misma son un espejo que no resisten el marketing  y en particular, las bondades que, supuestamente, tuvo la administración  del  ex gobernador.

Inclusive, la resolución del levantamiento policial, hasta el manejo para conocer los datos que contenía una laptop encontrada a un presunto narco asesinado,  han dejado permanentes dudas hasta donde la propia administración Bonfatti está dispuesta a avanzar.

Su reconocimiento a la gestión del gobierno nacional en la materia es también, otro ejemplo de su imposibilidad de contar con fuerza policial propia que le garantice las acciones más elementales en términos de represión del delito.

Hace dos años la ciudad de Santa Fe, tenía una de las tasas de homicidios por habitante más altas del país; sin embargo, con muy raras excepciones, esa cantidad de crímenes ocupó las pantallas de los noticieros de televisión y la primera plana de los diarios de tirada naciona
l; sólo los hechos que se desencadenaron con la detención del ex jefe de la Policía Hugo Tognoli y la contundencia y espectacularidad de muchos asesinatos en Rosario, modificó en parte la percepción de la sociedad argentina sobre el tema.

Estas consideraciones no intentan eludir la responsabilidad del Estado Nacional en la coordinación de la lucha contra el narcotráfico en toda la Argentina; ni justificar errores en esa tarea; pero tan claro como esto es el hecho de preguntarnos ¿qué decisiones,  acciones y omisiones a nivel provincial, determinaron la realidad que hoy se vive, justamente,  en las dos ciudades más importantes de Santa Fe?

El internarse  en algunas zonas de Rosario es encontrar esa  pobreza y marginalidad  que exaspera la condición humana, que duele y conmueve; pero también interroga sobre dos cuestiones vertebrales.

La primera interpela directamente a las dirigencias institucionales y a las estructuras  del Estado
(donde el Poder Judicial está fuertemente cuestionado, también) pero, al mismo tiempo, a las  empresariales, sociales, sindicales e intermedias sobre  el rol que les compete en una situación como la descripta.

Por otro lado; esto no ocurre en un contexto cualquiera y necesita referenciarse en un proceso histórico y en una Provincia que con los altísimos  niveles de producción y rentabilidad agropecuaria e industrial que ostenta; muestra contrastes notables en su largo territorio; y recoge  escenas de inequidad social alarmantes.

Esto es lo que no se puede negar, ni  seguir ocultando; todas las iniciativas para ir cambiando la matriz económica y fiscal  en la Provincia han sido cajoneadas legislativa y políticamente, con infinidad de argumentos que hoy, frente a la realidad de los hechos, son sólo excusas.

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